diciembre 10 de 2020

Hacia una política pública post-pandemia en el Chocó

Por: Andrés Bateman Arbelaez

Ante el aumento del discurso desarrollista para superar los efectos económicos del COVID-19, es necesario que la ciudadanía y las instituciones del Chocó canalicen sus esfuerzos y recursos en la construcción de una política que por primera vez se centre en su población y en la defensa del territorio.

 

Concentrarse en las personas y el medio ambiente es la única manera de hacerle frente a actividades como la agroindustria, la pesca industrial, las mega-obras de ingeniería y del turismo a gran escala. Actividades que aunque mueven miles de millones de pesos, han dejado en las regiones poco más que deforestación, contaminación de las aguas y desplazamiento.

 

Superar estas prácticas requiere que las políticas públicas post-pandemia se pongan al servicio de la gente y no del capital. Se requeriría hacer eco de lo que las comunidades han reclamado durante siglos. La coexistencia pacífica de múltiples formas de habitar el mundo, que propenda por un balance ecosistémico y por diálogos horizontales entre las medicinas, las educaciones y las economías de todos los actores de la región.

 

Tanto en el Chocó como en distintas partes de Colombia se han realizado avances que reflejan la importancia y potencialidad de esta apuesta política. Además de cientos de iniciativas ancladas en el día a día de las comunidades, hay una serie de esfuerzos que desde su concepción cuestionan la fijación que tienen las instituciones en el desarrollismo. Estos esfuerzos buscan crear diálogos entre los distintos actores que cohabitan la región, que incluyendo a las instituciones estatales, logran dar cumplimiento a algunos de los reclamos históricos de las comunidades. Ejemplos significativos son la Ley 70 de 1993 o la declaración del Río Atrato como sujeto de derechos.

 

Estos cambios institucionales de ordenamiento territorial, producto de la presión que ejercen las comunidades en la defensa de sus territorios, no sólo implican trabas a la expansión del mal llamado desarrollo, sino que crean las pautas para que en la región coexistan múltiples formas de habitar el mundo. Con grandes esfuerzos, y luchando contra los poderes legales e ilegales que saquean al Chocó, la población avanza en la transformación del “sentido común” de las instituciones que tienen incidencia en el departamento.

 

A la larga, las propuestas socio-económicas e institucionales de las poblaciones indígenas y afro del Chocó, además de promover su autonomía y bienestar, también propenden por la eliminación de aquellas estructuras, discursos y prácticas que justifican la violencia, el desplazamiento y la destrucción de medio ambiente en el nombre del progreso.

 

Una política pública post-pandemia que camine hacia la autonomía y bienestar de los habitantes del Chocó, deberá recurrir a la noción del uso doméstico del territorio desarrollada por las comunidades negras en el marco de la Ley 70 de 1993. Más allá de hacer un uso balanceado de los espacios que se habitan, el uso doméstico del territorio busca la soberanía alimentaria y propende por el fortalecimiento de economías locales y localizadas, fundamentadas en las múltiples y contemporáneas formas de habitar el territorio.


Andrés Bateman Arbeláez, Investigador Fundación ACUA. Candidato a Doctor en Sociología por la Universidad Humboldt de Berlín. 


 


Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.


 

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