“¡Que nos llamen inocentes!”: víctimas del Carmen de Bolívar

julio 11 de 2019

Cientos de habitantes de las zonas rurales tuvieron que padecer detenciones por parte de las Fuerzas Armadas durante los años más crudos de la guerra con los grupos ilegales. Muchos fueron acusados de tener vínculos con la guerrilla o de propiciar actos terroristas. Dejusticia lanzó un libro en el que se cuenta la historia de 19 de ellos en el Carmen de Bolívar, que esperan sirva de insumo a la Comisión de la Verdad. .

“¡Que nos llamen inocentes!”: víctimas del Carmen de Bolívar

| Ilustración de los Montes de María. Por Tobías Arboleda para el podcast de Dejusticia, Relatos Anfibios. | Por: Tobías Arboleda/ Dejusticia


Por: María José Peláez Sierra
@mariajop4


¡Que nos llamen inocentes!: testimonios de detenciones arbitrarias desde el Carmen de Bolívar es mucho más que un libro. Es un ruego, un manifiesto, una denuncia, un grito contra aquellos que despreciaron el nombre de los diecinueve campesinos acusados de “Rebelión” y “Terrorismo” en El Carmen de Bolívar entre 1999 y 2005. 

Hace poco más de un mes, Dejusticia dio a conocer estas historias que fueron escritas en primera persona por las propias víctimas. Cada una de ellas, en algún momento durante ese periodo, tuvo que pagar con la prisión varios delitos que luego quedaría comprobado nunca cometieron. A pesar de que a casi todos los liberaron pocos días después de su detención porque nunca se pudo demostrar su relación con ninguna guerrilla u otro grupo al margen de la ley, desde ese momento sus vidas cambiaron para mal, según cuentan. 

 

Emilse Hernández Agámez, fundadora de la organización cívica montemariana que surgió a finales de los 90, fue señalada de cooperar con las guerrillas de la región a través de la junta ciudadana. Según ella, todavía es estigmatizada por las acusaciones que le hicieron. ©Luis Gabriel Salcedo/ Dejusticia.



Cuando quedaron en libertad, percibieron que no bastaba solo con que la justicia no hubiera encontrado pruebas para incriminarlos, ya que sus nombres fueron mancillados por los medios de comunicación nacionales y locales, que los mostraron como guerrilleros, terroristas, asesinos, secuestradores, entre muchos otros epítomes que pronto se fueron acomulando en sus expedientes. 

La libertad para ellos llegó con el sabor agridulce de sentirse culpables sin serlo. Por eso en mayo, durante el lanzamiento del libro, insistieron en que más allá de una compensación económica, solo deseaban dos cosas: disculpas públicas de parte del Estado y las Fuerzas Armadas, y una rectificación en los medios de comunicación en la que quede explícitamente escrito que son inocentes de todos y cada uno de los cargos que les inventaron. 

Hasta ahora, ni las disculpas ni la rectificación han llegado.

Angélica María Cuevas, periodista de Dejusticia, le dijo a Semana Rural que los únicos que se pronunciaron al respecto fueron los periodistas del Universal de Cartagena, quienes publicaron uno de los 19 perfiles completos del libro y reconocieron su error al señalar a los campesinos de terroristas. 

Sin embargo, Cuevas está convencida de que los medios pueden hacer mucho más. Podrían incluso reabrir estas historias, comunicarse con los afectados y hacer nuevas notas, notas sobre inocentes y no sobre culpables, notas sobre víctimas del conflicto, notas de personas que un día estaban trabajando la tierra y al otro estaban siendo detenidas bajo ningún cargo. Los medios podrían poner su parte en la reparación de sus nombres”, insistió.  
 

 

Héctor Manuel Caballero Escorcia, cuenta que el 8 de noviembre de 2005 a las dos de la mañana la Fiscalía llegó a golpear su puerta en para anunciarle que debía acompañarlos. A pesar de que no tenían pruebas, no pudo negarse y terminó preso.  ©Luis Gabriel Salcedo/ Dejusticia.



Pero ante el silencio del Estado y los medios, tanto Cuevas como cuatro investigadoras más comenzaron a trabajar con ellos en 2017 para esclarecer sus casos y entender qué había pasado. En el camino, se encontraron con que:Durante el gobierno de Álvaro Uribe hubo una política de capturas masivas, con una Fiscalía indolente que las legitimó como una supuesta estrategia de seguridad, según explicó el fundador del centro de estudios, Rodrigo Uprimmy, quien afirmó además que esa orden afectó directamente a los campesinos de los Montes de María que fueron los primeros en sufrir la persecución de esa política que más adelante tomaría el nombre de los famosos “falsos positivos”. 

Aunque el informe de Dejusticia solo reúne el testimonio de las 19 personas, se estima que cerca de doscientas más fueron capturadas durante esos años para hacerlas pasar por guerrilleros y mejorar las cifras del Ejército. 
 


Por esa razón, el equipo encabezado por Irina Junieles Acosta destapó las irregularidades en esas detenciones, que desde 2002 se habían vuelto sistemáticas en la región. Los registros estatales brillaban por su ausencia, según expresaron. No hubo expedientes judiciales, órdenes de captura, registros de su paso por la cárcel ni seguimiento. En algunos casos, ni siquiera abrieron procesos penales contra los campesinos que llegaron a pasar meses en cárceles de la región, como la Ternera de Cartagena

 

En el 2003 me detuvieron. Llegaron aquí a El Carmen tumbando puertas. Se metieron por el corral a las tres de la mañana y lo tumbaron todo. Yo estaba a punto de irme para el monte a bajar aguacates y mi señora y mis dos hijos, que tenían 14 y 16 años, estaban dormidos. Había varios encapuchados que me señalaban. Por la forma en que entraron, no pensábamos que era el Ejército. Pero era. Dijeron que tenían una orden de captura de la Fiscalía, que debía presentarme. Yo sé que desde esa detención yo empecé con problemas en el corazón. Es que he sufrido muchos sustos.” (Testimonio de Eduardo Antonio Rocha para Dejusticia) ©Luis Gabriel Salcedo/ Dejusticia.



En cambio, la única prueba que se tenía contra estas personas eran los señalamientos de unos sujetos –identificados como los “informantes”, los “cabeza cubierta”, los “encapuchados”– que se dedicaron a incriminar campesinos a cambio de incentivos económicos. Luego, quedó claro también que dichos informantes tenían fuertes nexos con grupos paramilitares de la región. Dejusticia recuerda que incluso por esa época el Gobierno Nacional movió varios comerciales por televisión en los que incitaba a la ciudadanía a denunciar a los guerrilleros bajo el lema “delatar paga”. 

El presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, siempre ha negado esas acusaciones. De hecho, ante las recientes investigaciones de la Revista Semana, en las que se afirma que algunos militares recibían incentivos económicos o de rango si daban de baja a supuestos guerrilleros, el exmandatario sigue sosteniendo que nada tienen que ver con su política de "Seguridad democrática". Para él, los falsos positivos son casos aislados dentro de las Fuerzas Armadas. 

Sin embargo, lo único que saben los habitantes del Carmen es que pronto los motivos personales, las querellas entre vecinos y las enemistades particulares se volvieron en razones suficientes para acusarse unos a otros de "terrorismo o “rebelión”. 

Así lo expresó Manuel Hernández Serpa, quien considera que fue incriminado por una venganza personal. “Yo era un niño, tenía 18 años, y la gente en la cárcel se daba cuenta de que no era malo y aún así me encarcelaron por cometer los peores delitos supuestamente”, dice en el libro. 
 

Como a él, “a los transportadores se los llevaron por darles municiones a la guerrilla, a los campesinos por ser colaboradores, a los comerciantes por venderles comida y a los de a pie porque sí, porque era la ley y punto, dice otra de las víctimas. Y como el Ejecutivo había impulsado reformas nacionales en materia de seguridad, que llevaron a cambiar algunos artículos de la Constitución, el testimonio de los encapuchados era suficiente para detener a alguien, incluso si no había pruebas en su contra o una orden de captura de parte de un juez. 

 

Rafael Segundo Sánchez (a la derecha) insiste en que “no soy nada de lo que los periódicos dijeron de mí”. Guiber Rafael González (a la izquierda) asegura que el ejército en colaboración con los paramilitares le tiró un costal de cal en la cara, le quemó el cuerpo con agua caliente y luego lo encarceló en Ternera, sin ninguna razón. Debido a eso, perdió a su esposa que se fue con otra hombre y tuvo que vender todo su ganado para pagar los abogados. ©Luis Gabriel Salcedo/ Dejusticia.



Pasaron cosas tan absurdas, como la de Erasmo Rafael Tapias, un hombre al que acusaron de “quemador de carros y militante de las Farc”. Ni ser casi parapléjico (lo que le habría impedido detener carros a alta velocidad en las vías) ni denunciar él mismo a la guerrilla por el asesinato de su hijo de 16 años, le sirvieron para demostrar su inocencia. 

Todavía su esposa Dolores Torres, que por su tenacidad y valentía logró sacarlo de la cárcel, rompe en llanto cuando cuenta la historia “del día más humillante de nuestras vidas”. “¿Cómo íbamos a ser cómplices de los asesinos de nuestro hijo. Nunca fuimos guerrilleros, que los medios lo escriban. Y quiero decir también al gobierno que se equivocó. Que nos llamen inocentes”, dice en medio de la rabia que le produce el recuerdo de los sucesos que partieron su vida en dos hace más de quince años. 


 

Erasmo Rafael Tapias y Dolores Torres. Los militares llegaron a su casa, se lo llevaron a él, se robaron 500.000 pesos que tenían debajo del colchón y no les informaron a dónde se lo trasladaban o por qué motivo. Dolores tuvo que recoger más de 800 firmas y lograr la atención mediática para liberar a Erasmo de la cárcel. Ambos exigen todavía una respuesta de parte del Gobierno y, sobre todo, recriminan la participación de los medios de comunicación en su caso. Para ellos los medios deben pedir disculpas públicas por dañar su buen nombre. ©Luis Gabriel Salcedo/ Dejusticia.



El encarcelamiento de Erasmo les costó un poco más de dos millones de pesos. Por eso tuvieron que vender gran parte de su ganado y, según ellos, esa es la razón de su quiebra. Sumado al caso, el voz a voz de que era un delincuente le dificultó conseguir un trabajo fijo y los aisló de la comunidad completamente.

Y así, las paradojas, los absurdos, las irregularidades y arbitrariedades jurídicas se han vuelto el pan de cada día para muchos de los habitantes de la zona que piden que sus historias sean escuchadas para que no se repitan más. De hecho, durante el proceso, cuenta el libro, muchas víctimas dijeron no estar listas para compartir sus casos con el público porque todavía no hay garantías de seguridad para contar libremente lo que les sucedió. 

 

Sin embargo, las 19 que se arriesgaron a hablar con Dejusticia están convencidas de que su voz servirá para defender su buen nombre y para que algún día sus nietos y bisnietos lean lo que les sucedió y sepan que sus abuelos no eran delincuentes. 

Por años mantuvieron el silencio, dice Cuevas, pero el Proceso de Paz de alguna u otra manera le abrió las puertas a la conversación, permitió que estas personas se arriesgaran y sacaran todo lo que se habían guardado. “Pero ahora que el conflicto ha regresado a la región y las estigmatizaciones hacia los campesinos se han reactivado, muchos volvieron a callar y guardan el libro como prueba de su inocencia. Muchos de ellos nunca fueron líderes ni siquiera, eran solo campesinos a los que les montaron un caso que apenas ahora están empezando a entender. Algunos solo quieren respuestas y que les devuelvan su nombre”. 

 

Manuel Francisco Fernández Serpa, detenido por las Fuerzas Armadas cuando tenía 18 años. Antes de eso, él y su familia ya habían sido desplazados de su finca en San Isidro, Arenas. Por la guerra tuvieron que vivir en El Carmen de Bolívar. Sin embargo, el conflicto también se recrudeció allá a comienzos de los años 90. Pronto sintieron que estaban cercados por el dolor y la tragedia y que no había ningún lugar en el que pudieran vivir tranquilos. ©Luis Gabriel Salcedo/ Dejusticia.



“Voy a guardar este libro para que sirva como prueba de mi inocencia. Para que si alguien se atreve a estigmatizarme delante de mis hijos, ellos tengan este libro en las manos y lo usen para defenderse. Para decir que su papá nunca fue guerrillero”, dice Manuel, otro de los implicados en este terrible caso, mientras las cuencas de sus ojos se oscurecen y la garganta se le seca en una  tos constante, para luego mirar sin más por la ventana y ponerle punto a la conversación. 

• Si te gustó esta historia y quieres escuchar a quienes sobrevivieron a ella puedes ir a: 

https://www.dejusticia.org/publication/que-nos-llamen-inocentes-testimonios-de-detenciones-arbitrarias-desde-el-carmen-de-bolivar/

https://relatosanfibios.com/que-nos-llamen-inocentes



 

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