¡Que nos llamen inocentes!: testimonios de detenciones arbitrarias desde el Carmen de Bolívar es mucho más que un libro. Es un ruego, un manifiesto, una denuncia, un grito contra aquellos que despreciaron el nombre de los diecinueve campesinos acusados de “Rebelión” y “Terrorismo” en El Carmen de Bolívar entre 1999 y 2005. 

Hace poco más de un mes, Dejusticia dio a conocer estas historias que fueron escritas en primera persona por las propias víctimas. Cada una de ellas, en algún momento durante ese periodo, tuvo que pagar con la prisión varios delitos que luego quedaría comprobado nunca cometieron. A pesar de que a casi todos los liberaron pocos días después de su detención porque nunca se pudo demostrar su relación con ninguna guerrilla u otro grupo al margen de la ley, desde ese momento sus vidas cambiaron para mal, según cuentan. 

 

Cuando quedaron en libertad, percibieron que no bastaba solo con que la justicia no hubiera encontrado pruebas para incriminarlos, ya que sus nombres fueron mancillados por los medios de comunicación nacionales y locales, que los mostraron como guerrilleros, terroristas, asesinos, secuestradores, entre muchos otros epítomes que pronto se fueron acomulando en sus expedientes. 

La libertad para ellos llegó con el sabor agridulce de sentirse culpables sin serlo. Por eso en mayo, durante el lanzamiento del libro, insistieron en que más allá de una compensación económica, solo deseaban dos cosas: disculpas públicas de parte del Estado y las Fuerzas Armadas, y una rectificación en los medios de comunicación en la que quede explícitamente escrito que son inocentes de todos y cada uno de los cargos que les inventaron. 

Hasta ahora, ni las disculpas ni la rectificación han llegado.

Angélica María Cuevas, periodista de Dejusticia, le dijo a Semana Rural que los únicos que se pronunciaron al respecto fueron los periodistas del Universal de Cartagena, quienes publicaron uno de los 19 perfiles completos del libro y reconocieron su error al señalar a los campesinos de terroristas. 

Sin embargo, Cuevas está convencida de que los medios pueden hacer mucho más. “Podrían incluso reabrir estas historias, comunicarse con los afectados y hacer nuevas notas, notas sobre inocentes y no sobre culpables, notas sobre víctimas del conflicto, notas de personas que un día estaban trabajando la tierra y al otro estaban siendo detenidas bajo ningún cargo. Los medios podrían poner su parte en la reparación de sus nombres”, insistió.  
 

Pero ante el silencio del Estado y los medios, tanto Cuevas como cuatro investigadoras más comenzaron a trabajar con ellos en 2017 para esclarecer sus casos y entender qué había pasado. En el camino, se encontraron con que: “Durante el gobierno de Álvaro Uribe hubo una política de capturas masivas, con una Fiscalía indolente que las legitimó como una supuesta estrategia de seguridad”, según explicó el fundador del centro de estudios, Rodrigo Uprimmy, quien afirmó además que esa orden afectó directamente a los campesinos de los Montes de María que fueron los primeros en sufrir la persecución de esa política que más adelante tomaría el nombre de los famosos “falsos positivos”. 

Aunque el informe de Dejusticia solo reúne el testimonio de las 19 personas, se estima que cerca de doscientas más fueron capturadas durante esos años para hacerlas pasar por guerrilleros y mejorar las cifras del Ejército. 
 

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Por esa razón, el equipo encabezado por Irina Junieles Acosta destapó las irregularidades en esas detenciones, que desde 2002 se habían vuelto sistemáticas en la región. Los registros estatales brillaban por su ausencia, según expresaron. No hubo expedientes judiciales, órdenes de captura, registros de su paso por la cárcel ni seguimiento. En algunos casos, ni siquiera abrieron procesos penales contra los campesinos que llegaron a pasar meses en cárceles de la región, como la Ternera de Cartagena. 

 

En cambio, la única prueba que se tenía contra estas personas eran los señalamientos de unos sujetos –identificados como los “informantes”, los “cabeza cubierta”, los “encapuchados”– que se dedicaron a incriminar campesinos a cambio de incentivos económicos. Luego, quedó claro también que dichos informantes tenían fuertes nexos con grupos paramilitares de la región. Dejusticia recuerda que incluso por esa época el Gobierno Nacional movió varios comerciales por televisión en los que incitaba a la ciudadanía a denunciar a los guerrilleros bajo el lema “delatar paga”. 

El presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, siempre ha negado esas acusaciones. De hecho, ante las recientes investigaciones de la Revista Semana, en las que se afirma que algunos militares recibían incentivos económicos o de rango si daban de baja a supuestos guerrilleros, el exmandatario sigue sosteniendo que nada tienen que ver con su política de "Seguridad democrática". Para él, los falsos positivos son casos aislados dentro de las Fuerzas Armadas. 

Sin embargo, lo único que saben los habitantes del Carmen es que pronto los motivos personales, las querellas entre vecinos y las enemistades particulares se volvieron en razones suficientes para acusarse unos a otros de "terrorismo o “rebelión”. 

Así lo expresó Manuel Hernández Serpa, quien considera que fue incriminado por una venganza personal. “Yo era un niño, tenía 18 años, y la gente en la cárcel se daba cuenta de que no era malo y aún así me encarcelaron por cometer los peores delitos supuestamente”, dice en el libro. 
 

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Como a él, “a los transportadores se los llevaron por darles municiones a la guerrilla, a los campesinos por ser colaboradores, a los comerciantes por venderles comida y a los de a pie porque sí, porque era la ley y punto”, dice otra de las víctimas. Y como el Ejecutivo había impulsado reformas nacionales en materia de seguridad, que llevaron a cambiar algunos artículos de la Constitución, el testimonio de los encapuchados era suficiente para detener a alguien, incluso si no había pruebas en su contra o una orden de captura de parte de un juez. 

 

Pasaron cosas tan absurdas, como la de Erasmo Rafael Tapias, un hombre al que acusaron de “quemador de carros y militante de las Farc”. Ni ser casi parapléjico (lo que le habría impedido detener carros a alta velocidad en las vías) ni denunciar él mismo a la guerrilla por el asesinato de su hijo de 16 años, le sirvieron para demostrar su inocencia. 

Todavía su esposa Dolores Torres, que por su tenacidad y valentía logró sacarlo de la cárcel, rompe en llanto cuando cuenta la historia “del día más humillante de nuestras vidas”. “¿Cómo íbamos a ser cómplices de los asesinos de nuestro hijo. Nunca fuimos guerrilleros, que los medios lo escriban. Y quiero decir también al gobierno que se equivocó. Que nos llamen inocentes”, dice en medio de la rabia que le produce el recuerdo de los sucesos que partieron su vida en dos hace más de quince años. 

El encarcelamiento de Erasmo les costó un poco más de dos millones de pesos. Por eso tuvieron que vender gran parte de su ganado y, según ellos, esa es la razón de su quiebra. Sumado al caso, el voz a voz de que era un delincuente le dificultó conseguir un trabajo fijo y los aisló de la comunidad completamente.

Y así, las paradojas, los absurdos, las irregularidades y arbitrariedades jurídicas se han vuelto el pan de cada día para muchos de los habitantes de la zona que piden que sus historias sean escuchadas para que no se repitan más. De hecho, durante el proceso, cuenta el libro, muchas víctimas dijeron no estar listas para compartir sus casos con el público porque todavía no hay garantías de seguridad para contar libremente lo que les sucedió. 

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Sin embargo, las 19 que se arriesgaron a hablar con Dejusticia están convencidas de que su voz servirá para defender su buen nombre y para que algún día sus nietos y bisnietos lean lo que les sucedió y sepan que sus abuelos no eran delincuentes. 

Por años mantuvieron el silencio, dice Cuevas, pero el Proceso de Paz de alguna u otra manera le abrió las puertas a la conversación, permitió que estas personas se arriesgaran y sacaran todo lo que se habían guardado. “Pero ahora que el conflicto ha regresado a la región y las estigmatizaciones hacia los campesinos se han reactivado, muchos volvieron a callar y guardan el libro como prueba de su inocencia. Muchos de ellos nunca fueron líderes ni siquiera, eran solo campesinos a los que les montaron un caso que apenas ahora están empezando a entender. Algunos solo quieren respuestas y que les devuelvan su nombre”. 

 

“Voy a guardar este libro para que sirva como prueba de mi inocencia. Para que si alguien se atreve a estigmatizarme delante de mis hijos, ellos tengan este libro en las manos y lo usen para defenderse. Para decir que su papá nunca fue guerrillero”, dice Manuel, otro de los implicados en este terrible caso, mientras las cuencas de sus ojos se oscurecen y la garganta se le seca en una  tos constante, para luego mirar sin más por la ventana y ponerle punto a la conversación. 

• Si te gustó esta historia y quieres escuchar a quienes sobrevivieron a ella puedes ir a: 

https://www.dejusticia.org/publication/que-nos-llamen-inocentes-testimonios-de-detenciones-arbitrarias-desde-el-carmen-de-bolivar/

https://relatosanfibios.com/que-nos-llamen-inocentes