Vuelve la discusión del jornal diario campesino

noviembre 26 de 2020

El Consejo Privado de Competitividad en su nuevo informe sobre las condiciones del país insta a que se establezca el salario mínimo para trabajadores rurales, una propuesta que ya se ha intentado reglamentar en el pasado..

Vuelve la discusión del jornal diario campesino

| | Por: Archivo Semana.


Por: SEMANA RURAL
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Esta semana, el Consejo Privado de Competitividad lanzó la nueva versión del Informe Nacional de Competitividad, que lleva publicando desde el 2007 para analizar la situación del país y hacer recomendaciones de políticas públicas que permitan mejorar en productividad, condiciones empresariales, equidad y calidad de vida.

 

En esta edición, como era de esperarse, el informe tuvo un especial énfasis en soluciones a corto plazo para salir de la crisis económica en que la pandemia de la covid-19 ha sumido al país. En cuanto al mercado laboral, y partiendo del deterioro de las cifras de empleo de los últimos meses, el informe vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reglamentar e implementar el salario integral para trabajadores rurales.

 

“Dados los niveles de informalidad laboral en el sector agropecuario y la importancia estratégica que este tiene en el marco de la coyuntura del COVID-19, se hace necesario contar con una modalidad que permita remunerar los contratos de trabajo celebrados con trabajadores agropecuarios, en donde el pago del salario y en general de la totalidad de derechos y obligaciones derivados de la modalidad propuesta se reconocerían y liquidarían diariamente bajo la modalidad de un jornal integral rural”, dice el documento.

 

En esta modalidad, explica el informe, además de retribuir el trabajo diario, se compensaría el valor de la totalidad de prestaciones sociales y beneficios legales a que tenga derecho el trabajador agropecuario, tales como primas, cesantías, intereses a las cesantías, auxilios y subsidios, vacaciones y cualquier tipo de indemnización asociada a la terminación del contrato de trabajo.

 


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En el mismo sentido se ha pronunciado en las últimas semanas el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, quien ha criticado al Gobierno nacional por no impulsar de manera decidida la reglamentación de este salario. El dirigente gremial considera que este mecanismo de contratación mejoraría las condiciones de vida de los habitantes rurales y podría ayudar a impulsar la generación de empleo formal, que en las zonas rurales no alcanza a cubrir ni al 20 por ciento de los trabajadores.

 

“La Misión de Empleo no puede tomarse un año para mostrar resultados. La SAC tiene un proyecto de ley para el régimen laboral del campo, que inclusive fue aprobado por la Cámara de Representantes en el 2017, pero el Senado lo dejó hundir”, asevera Bedoya.

 

En efecto, esta propuesta ya había sido debatida en el Congreso de la República y no logró concretarse en el Senado, donde la ponente fue la senadora María del Rosario Guerra. En su momento, diferentes centrales sindicales y organizaciones campesinas se opusieron al proyecto de ley pues consideraban que redundaría en “la mayor precarización del trabajo rural y la disminución de nuestra protección social”, además no había sido lo suficientemente discutido en las regiones con las organizaciones sociales y campesinas.

 

La Dignificación del Trabajo Rural y Establecimiento de Piso de Protección Rural, sí son una deuda histórica con los trabajadores y trabajadoras del sector rural y constituyen un ideal de sus organizaciones (…) pero frente al contenido de estos proyectos resultan ser una falacia pues pretenden legalizar la actual y generalizada precarización del trabajo rural al contrario de ser un avance en términos de formalización laboral y dignificación de la vida para todos”, dijeron en su momento en un comunicado conjunto entre las organizaciones sindicales y campesinas, que a su vez le pidieron al Gobierno surtir un proceso de consulta en las regiones y zonas donde se encuentran los trabajadores rurales.

 

Hoy, sin embargo, de cara a la pérdida de puestos de trabajo que también ha afectado ampliamente al sector agropecuario, vuelve a tomar fuerza la necesidad de discutir el régimen laboral de este sector de la economía. No solo porque a futuro puede traer beneficios para las prestaciones sociales y la protección de la vejez de los habitantes rurales, sino porque en el corto plazo podría significar un impulso al empleo en medio del plan de reactivación económica.

 

Distribuir las cargas del hogar

 

De la mano de esta propuesta, el informe del Consejo Privado de Competitividad plantea la necesidad de acelerar el diseño e implementación de la Política Nacional del Cuidado, que redistribuya las cargas entre hombres y mujeres, y que permita que las campesinas puedan ingresar al mercado laboral, aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.

 

“Tal y como lo han revelado las cifras recientes sobre empleo y participación laboral, la situación de vulnerabilidad de las mujeres en el mercado de trabajo se ha agudizado como consecuencia de la crisis por el COVID-19, lo que a su vez explica el pronunciado deterioro de los indicadores agregados de empleo y participación laboral”, explica el informe.

 


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La implementación de esta política, asegura el Consejo Privado de Competitividad, facilitaría la incorporación y reincorporación de las mujeres al mercado laboral, que se ha visto dificultada por el cierre de colegios y universidades y la mayor carga de trabajo de cuidado que se ha desprendido de las medidas de aislamiento preventivo. Esto a su vez favorecería el comportamiento agregado de los indicadores del mercado laboral del país.

 

Con estas propuestas, el sector privado vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de regular un salario basado en jornales diarios, que es como comúnmente se emplean los habitantes rurales. Además, critica al Gobierno por no apostarle a esta iniciativa y le pide al Congreso que acelere la discusión y la aprobación de esta propuesta. La dificultad, nuevamente, será llevar la discusión a las regiones y a las organizaciones sindicales y campesinas en medio de la pandemia. O tal vez, paradójicamente, esta sea la oportunidad de lograr un consenso y avanzar en la materia en medio de discusiones virtuales. Lo claro es que los habitantes rurales deben ser escuchados.

 


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