Invertir donde la guerra golpeó: clave para la reactivación económica

noviembre 13 de 2020

Durante la segunda Gran Cumbre Colombia Rural, el Gobierno, las comunidades y el sector privado plasmaron ideas que demuestran lo estratégico que resultaría para la reactivación económica acelerar las inversiones en los municipios más afectados por el conflicto..

Invertir donde la guerra golpeó: clave para la reactivación económica

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Por: SEMANA RURAL
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El país está en clave reactivación económica tras los meses de cuarentena impuestos para contener la pandemia. Y la ruralidad debe hacer parte fundamental de este proceso. Por eso, en la Segunda Gran Cumbre Colombia Rural se analizó qué estrategias podrían adelantarse en los 170 municipios más afectados por el conflicto y que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para impulsar el crecimiento económico del país a la par que se van cerrando las brechas sociales históricas que aún aquejan a estos territorios.

 

En la discusión, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, mencionó dos cambios sustanciales que se han presentado en las últimas semanas y que permitirán llevar una mayor inversión en bienes públicos para estos municipios en los próximos meses. La primera es el cambio legal que permitió que las regalías que administra el OCAD Paz, que representan el siete por ciento de las regalías nacionales, se focalicen en inversiones en los PDET. Y la segunda es que por iniciativa del Congreso de la República se aprobó un adelanto del 70 por ciento de las regalías de los próximos años para ejecutar en el 2021 y el 2022, lo cual representará unos 4,5 billones de pesos.

 

Estas acciones son fundamentales pues representan un plan de choque que permiten que haya movimiento en la economía de estos municipios, generarán miles de empleos e impulsarán el crecimiento económico del país. Estos nuevos recursos se suman a los 3,7 billones de pesos que ya están en ejecución en los municipios PDET y a las más de 900 obras que se han entregado en estas regiones, que tienen algunos de los índices de desarrollo más bajos del país.

 

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El Consejero Emilio Archila

©Archivo Semana

 

“Queremos tener una expresión política clara de que vamos a cumplir, a hacer una planeación de largo plazo y tener a diciembre de 2021 un nivel de ejecutorias que hagan que este proceso sea irreversible”, dijo el consejero Archila, en un claro guiño a quienes aseguran que el Gobierno Duque no tiene voluntad de implementar el Acuerdo de Paz.

 

Lo importante de estas obras es que se desprenden del ejercicio colectivo de priorización que realizaron más de 220.000 personas durante la construcción de los PDET. De hecho, durante la Cumbre, María Ximena Figueroa, indígena Pijao cofundadora de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, expresó que “los retos más grandes en la implementación de la paz es que las comunidades sean las protagonistas en la implementación de los PDET, como los fueron en su concepción”.

 

En el mismo sentido se expresó el alcalde de Arenal (Bolívar), Eugenio Lobo, quien perteneció al grupo de ciudadanos que construyeron el PDET y meses después ganó la alcaldía. “Para nosotros ha sido una oportunidad única que debemos aprovechar. Por eso nuestra comunidad está trabajando de la mano para poder implementar los PDET”, dijo Lobo durante la conversación. “Nosotros debemos construir paz territorial a través de la discusión, de las ideas, de unir iniciativas. El objetivo de toda esta estrategia es transformar los territorios, y debe ser un ejercicio comprometido por parte de las comunidades y el Estado”, agregó.

 

El otro actor crucial en esa transformación del campo es el sector privado, pues en buena medida el cierre de las brechas sociales y el desescalamiento del conflicto depende de que estos territorios puedan conectarse con el mercado. Bruce MacMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), reconoció que por años los empresarios tuvieron muchas dificultades para hacer presencia en el campo colombiano, lo cual de entrada los previene de establecer allí sus compañías. Por eso, su llamado es a seguir invirtiendo en bienes públicos como vías terciarias o servicios domiciliarios para que el sector privado tenga más confianza de estar en estos territorios.

 

“En la Andi tenemos una estrategia de inclusión en la que estamos buscando que los proveedores sean de las regiones PDET y estamos formándolos, acompañándolos con recursos, tecnologías e infraestructura para que esa población quede completamente vinculada a los mercados del resto del país”, aseguró MacMaster, quien explicó que también vienen trabajando en una estrategia para que los empresarios no inviertan en las zonas rurales solamente desde una visión de responsabilidad social empresarial, sino con la consciencia de que en el futuro esos territorios pueden traerles grandes oportunidades económicas.

 

“Desde la Andi estamos promoviendo unos viajes con grupos grandes de empresarios para que conozcan la ruralidad del país y vean las grandes oportunidades que hay en estas zonas”, dijo el dirigente gremial, quien a la par destacó el compromiso que ha mostrado el sector privado al vincularse al programa Obras por impuestos, el mecanismo mediante el cual las empresas pueden pagar hasta el 50% de su impuesto de renta a través de la ejecución directa de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza.

 

De esta manera, quedan sobre la mesa tres acciones que pueden contribuir en el corto plazo a la reactivación de la economía nacional y en el largo plazo a cerrar las brechas sociales de los territorios más afectados por el conflicto. Con esto, el beneficio adicional es estar invirtiendo en obras y proyectos que traerán a futuro un retorno en la productividad del campo colombiano, que desde ya se posiciona como un motor de crecimiento económico.

Este enfoque integral propuesto por los acuerdos y por los mecanismos para su implementación también lo destacó el embajador John Petter Opdahl de Noruega, que vale recordar es uno de los países garantes del Acuerdo. Opdhal fue enfático en la necesidad de proteger los acuerdos, desde la implementación de los Pdet (incluído en la Reforma Rural Integral), hasta el sistema integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición.

 

Estos mecanismos, vale agregar, son claves dentro de la paz y no habrían sido posibles sin el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, que a través de varios países como Alemania, el Reino Unido, y Finlandia,por nombrar algunos, han invertido 480.000 millones de pesos con el objetivo de cerrar brechas históricas y reducir la inequidad, como reconoció Emilio Archila y Jessica Faieta.

 

Otro aspecto importante que se trató durante el segundo día de la Gran Cumbre Colombia Rural, fue el de cómo el sector privado puede ser más participe en la búsqueda de construir desarrollo en las zonas rurales del país. Allí aparecieron bastantes puntos interesantes.

 

“Una muy buena parte de los objetivos que están planteados en los Acuerdos son el resultado de un diagnóstico que muchas personas habían hecho en el país: hay una gran cantidad de municipios cuya población tiene un grado de desarrollo en términos sociales significativamente menor del resto de la población”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

 

 

 


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