Jericó espera una luz verde definitiva que detenga la minería

marzo 19 de 2019

La Corte Constitucional reiteró que las consultas populares no pueden frenar los proyectos mineros. Sin embargo, en este municipio sigue la lucha para que la explotación del cobre (oro y plata en menor medida) no se realice en su pueblo..

Jericó espera una luz verde definitiva que detenga la minería

| La comunidad busca preservar los recursos naturales del municipio. | Por: Cortesía Alcaldia municipal.


Por: Yenifer Aristizabal
@yenaristizabal

Jericó queda en el suroeste de Antioquia y recientemente se hizo popular por haber sido la cuna de Santa Laura Montoya, canonizada el 12 de mayo de 2013, por el papa Francisco. Decenas de turistas llegan hasta allí no solo para conocer la historia de la misionera católica sino para conocer los atractivos de este pueblo de vocación agrícola, en especial cafetera, y ahora turística, gracias a la primera santa colombiana.

La posibilidad de la explotación minera en este municipio de más de 12 mil habitantes ha tenido en alerta a las organizaciones locales de campesinos que han hecho campaña en contra de la minería metálica en su municipio. Alegan que esto afecta no solo sus recursos naturales sino el tejido social. Consideran que junto a esta llegan problemáticas como la miseria, la delincuencia, la degradación social y los daños ambientales.

Actualmente en el corregimiento Palocabildo, al sureste y a siete kilómetros de la zona urbana de Jericó, se encuentra el proyecto Quebradona, cuyo titular es la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti.

 

Minería en el suoreste de Palermo, Tamesis, Jericó. ©Pablo Andrés Monsalve Mesa| Revista Semana


 

Según un estudio del sociólogo Jorge Edicelber Grisales: “Ambientalmente, el corregimiento es un territorio con afluentes hídricas que abastece con agua la zona y un conjunto de veredas aledañas. La cantidad de agua disponible se debe al tipo de geografía del corregimiento, el cual se ha caracterizado por un relieve semimontañoso que se encuentra entre 1.720 y 2.420 m.s.n.m, con boques tropicales y cuencas fluviales”.

El inicio de las inversiones en este territorio, por parte de la multinacional minera, fue en el año 2004 junto a los proyectos La Colosa (Cajamarca, Tolima) y Gramalote (San Roque, Antioquia). Al igual que estos dos proyectos, el que tiene la multinacional en el corregimiento de Palocabildo, en Jericó, no ha estado al margen de polémicas y de un marcado movimiento social que, al lado del Concejo y la Alcaldía municipal, busca no solo prohibir la minería en este municipio, sino defender que las comunidades locales tienen el derecho a decidir la vocación productiva de su territorio.
 


El pasado 20 de noviembre de 2018 el Concejo municipal acordó por segunda vez prohibir la actividad minera en Jericó, luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia declarara la improcedencia de un acuerdo similar en el 2017.


 

En el acuerdo municipal 010 de 2018 quedó claro que “no se podrán adelantar actividades de prospección, exploración, construcción, montaje, explotación y transformación de metálicos y de minería a mediana y gran escala de los demás minerales”.

A este acuerdo le siguió una respuesta por parte de la multinacional en la que asegura que, aunque son respetuosos de las autoridades y corporaciones locales y regionales, lamentan la decisión tomada por el Concejo de Jericó, “decisión que además de ser inconstitucional, siembra un grave precedente para quienes buscan invertir en el país, los departamentos y los municipios de Colombia”.

La empresa minera asegura que el acuerdo que aprobó el municipio tiene consecuencias para el proyecto que tiene en Jericó. Se espera que pasen varios años de estudios e inversión antes de definir su viabilidad, y tendrá que ser presentando a comunidades y autoridades en el proceso de licenciamiento.

Fernando Jaramillo, líder de la mesa ambiental de Jericó, señala que “después de 14 años la fase de exploración que ellos (la multinacional) han adelantado, está terminando. Se están preparando para presentar solicitud de explotación y ese ha sido uno de los motivos para que entendamos que es necesario paralizar las obras a través de los acuerdos municipales” , explica y aclara que estos se basan en el numeral 9 del artículo 313 de la Constitución donde se orienta a los concejos municipales en lo que corresponde a “dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.
 

  ©Cortesía Alcaldia municipal.

El 100% de las fuentes hídricas de Jericó nace en zona de interés minero, según el Alcalde municipal Jorge Pérez Hernández. Y, de acuerdo a lo que señala, en la Mesa ambiental “se han generado afectaciones a fuentes y recursos de agua subterránea en por lo menos 3 ocasiones” a raíz del proceso de exploración de la empresa en su área de influencia, explica Jaramillo.

En sitios donde había perforaciones para tomar muestras del subsuelo, han quedado emanaciones constantes en el volumen de agua y en el tiempo. Una de estas perforaciones se hizo a 15 metros de una quebrada en un área protegida. Se supone que hay que dejar por lo menos 30 metros de margen para poderlo hacer. Ante esto se inició un proceso ante Corantioquia, la Corporación Autónoma de Antioquia, el CA4-2016-31, que aún no ha sido resuelto por la Corporación.

“El Alcalde emitió unas medidas preventivas, después del acuerdo, estas se levantaron a los tres días por Corantioquia, mientras que después de tres años este proceso aún no ha sido resuelto”, afirma Jaramillo y añade que el peor daño que ha generado la empresa es la división en la población lo que genera un conflicto entre quienes apoyan la empresa y quienes se oponen a su actividad.


 

La batalla jurídica que ha librado Jericó para prohibir la minería

El acuerdo 09 del 2017 expedido por el Concejo de Jericó decidió prohibir el desarrollo de actividades mineras de gran y mediana escala considerando que estas generan “graves afectaciones ambientales y sociales” y cuyo interés municipal es la “defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”, como se señala en el acuerdo. Este fue sancionado y publicado por el Alcalde municipal el 24 de junio de 2017, remitido a la Gobernación de Antioquia y de allí al Tribunal Administrativo de Antioquia para analizar su validez.

Cinco meses después de que el Tribunal Administrativo recibiera este acuerdo, declaró su invalidez el 12 de diciembre de 2017, argumentando que el Concejo no era autoridad competente para prohibir la minería en el municipio.

Ante el primer fallo en su contra, el Concejo municipal construyó un documento en el que, entre otras consideraciones normativas, citó un conjunto de sentencias entre 2001 y 2016 donde la Corte Constitucional afirmaba que “los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”.

Además, en algunas de estas sentencias la Corte ofrecía claridad frente a la facultad que tienen los municipios o entes territoriales dentro de su régimen de autonomía para “prohibir la minería por la grave afectación ambiental y social que ocasiona, en especial frente al déficit de protección ambiental que brinda el Estado en el nivel central”. Esta amplia exposición de motivos, ofrecida por el Concejo municipal, buscaba justificar por qué esta sí es una corporación competente para prohibir la minería en pro de la protección de sus recursos.

Uno de los argumentos que ha ganado vuelo en la defensa de los trabajos de exploración y explotación minera es que el “subsuelo es de la nación”, y por ende es el gobierno central quien regula las licencias y es la autoridad minera por excelencia. Sin embargo, en este documento publicado por el Concejo de Jericó se cita un estudio de los artículos 332 y 334 de la Constitución y la Ley 685 de 2001 (Código de Minas).
 

La comunidad manifestó su descontento ante la mineria en el suroeste de Antioquia.  © Pablo Andrés Monsalve Mesa | Revista Semana.

****

Con base en estos artículos y el Código, el documento resalta que “la Constitución no atribuyó la propiedad del subsuelo a la Nación sino al Estado”, es decir que la titularidad del subsuelo es de todas las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales. Además, resalta que “previo al otorgamiento de las licencias de exploración y explotación minera (la autoridad ambiental) debe consultar los planes de ordenamiento territorial y las normas de protección del patrimonio ecológico, cultural e histórico que hayan sido expedidas por concejos municipales o distritales”.

El abogado César Solanilla explica en este caso que, cuando se habla de nación, se habla de toda la sociedad, mientras el Estado es la forma jurídica en la que se organiza la nación, en nuestro caso, la república. El subsuelo es de todos, pero el uso del suelo es autonomía de las entidades territoriales. Aquí le da la razón al Concejo de Jericó, pues “la competencia de los consejos se la da la Constitución y que ellos a través del POT dicen en qué se puede o no usar el suelo”.

 


«No puede definirse desde el nivel central, desde un escritorio, qué se hace en el territorio. El que padece el problema es el territorio y es quien tiene la autonomía para decidir en qué utiliza su suelo».

Cesar Solanilla


 

El principal interés municipal es la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. ©Cortesía Alcaldia municipal. 

“Choque de trenes”

La empresa demandó el segundo acuerdo publicado por el concejo municipal y sancionado por el Alcalde a finales del 2018, pero este aún no ha sido invalidado –ni respaldado- por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Mientras tanto las labores de la empresa están suspendidas. Sin embargo, Jaramillo asegura que ahora le queda muy difícil responder al Tribunal después de que el Consejo de Estado respaldó un acuerdo municipal en el mismo sentido en el municipio de Urrao, también suroeste de Antioquia, donde se prohíbe las actividades mineras con el propósito de proteger el patrimonio ecológico.

Sin embargo, aquí pareciera presentarse un “choque de trenes” entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema, pues mientras la Sección Cuarta del primer organismo reafirmó en un reciente fallo de tutela la competencia de los entes territoriales para prohibir la minería en sus territorios, y la validez de las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana, al estudiar el caso del municipio de Urrao, la Corte reforzó la idea de que son limitadas las posibilidades de una consulta popular territorial, en especial cuando se habla del subsuelo y la explotación de recursos naturales no renovables cuyas competencias son de orden nacional.

Frente a esto el jurista y experto en derecho ambiental, César Solanilla, explica que la Corte, contraria a la tendencia progresista con la que venía la Corte, empezó a cambiar la doctrina y esto se expresa en dos recientes sentencias que van en contra de las consultas populares y de la potestad de los concejos por encima de la potestad nacional.

“Hay un choque de trenes porque el Consejo de Estado viene en una línea progresista y la Corte, aunque solo han sido dos decisiones, se ha venido recogiendo. Aunque esto no implica que sea una línea jurisprudencial estable, pues hay una cantidad de sentencias anteriores que eran de carácter progresista”, expone Solanilla. 

 

Campaña contra la minería en Antioquía. ©Pablo Andrés Monsalve Mesa| Revista Semana

Una vez realizadas las consultas en los municipios, se realizaba un acuerdo municipal que respaldaba la decisión y esto, al ser obligatorio, modificaba el POT (el Plan de Ordenamiento Territorio).  Solanilla aclara que como en Jericó no hubo consulta popular y el Concejo municipal es autónomo en la realización de acuerdos y de la formulación del uso del suelo en el municipio, amparado en el artículo 313 de la Constitución, el acuerdo en Jericó tendría la validez que se le había negado anteriormente y que las decisiones recientes de la corte al ser enfocadas en las consultas populares, no los afecta.

“Estamos esperando que las entidades administradoras de justicia nacional legitimen la voz de unos pueblos que están esperando que tengan coherencia, esperamos que todo el marco legal nos apoye”, expresa el alcalde Pérez, quien también ha sido caficultor de la región. “De igual forma hacemos un llamado a los colombianos para que cuidemos nuestro patrimonio ambiental, cultural e histórico”, dice.


 

“Con lo de Urrao hay una luz jurídica”, dice el Pérez y aclara que el acuerdo está vigente en este momento y que su administración seguirá esperando la respuesta del Tribunal Administrativo, pero mientras tanto las actividades mineras están suspendidas, aunque “hay rumores de los ciudadanos de movilización de personal de la empresa en la zona”.

“La minería es una actividad impertinente, irresponsable e irrespetuosa con la vocación y derecho que tenemos los ciudadanos de decidir cómo queremos vivir”, expresa el alcalde y aclara que, durante su gestión, pese a las múltiples necesidades económicas no ha aceptado recursos provenientes para obras por parte la empresa minera pues este sigue siendo un tema muy sensible para los habitantes. Lo que líderes de la zona señalan que seguramente será la bandera principal de los candidatos en la campaña a la alcaldía, en las próximas elecciones.

Aunque en Jericó señalan que, hasta ahora, el Congreso no ha emitido ninguna ley que reglamente la concertación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales en el ejercicio minero y que por eso Jaramillo señala que los argumentos que se exponen para desconocer el Acuerdo “no son válidos”. Solanilla explica estos choques son frecuentes y que legalmente sí existe un mecanismo de concertación, que está en el artículo 288 de la Constitución, además de la Ley de Ordenamiento Territorial donde se distribuyen las competencias entre las autoridades locales y nacionales, “lo que falta es voluntad política”, señala.

Para este jurista es compleja la situación cuando en el gobierno actual, aún más que en el de Santos con la locomotora minera, se ha girado hacia procesos extractivos, dejando de lado las consultas y la participación ciudadana. “La posición del Consejo (de Jericó) es la más viable, democrática y clara, lo que debe hacer es citar esta normativa para concertar y dar la pelea ante el Consejo de Estado”.

Para concluir, Solanilla advierte que con el giro de la Corte quizá también cambie el la línea del Consejo de Estado “los municipios cada vez son más débiles y más frágiles y no tienen esa capacidad de diálogo con la nación. El mecanismo ya existe, pero debe haber voluntad política para cumplirlo”.

 


POR: Yenifer Aristizábal    |     Periodista en Antioquia
@Yenaristizabal



Fe de erratas: En una primera versión de este artículo se afirmó que los habitantes de Jericó se oponían a la explotación de oro, cuando en mayor medida se trata de explotación de cobre. En aras de la precisión, se aclaró la afirmación del alcalde de Jericó cuando dijo que "el 100% de las fuentes hídricas nace en zona de influencia de la multinacional minera". En realidad, se trata en general de una "zona de interés minero", pues en estos lugares o ya se tiene el título minero o está en proceso de licencia ambiental, de acuerdo con los datos del Catastro Minero Colombiano. 

 

¡Suscríbete!

Y recibe primero una selección de los mejores contenidos y novedades de SEMANA RURAL. Nada de spam, promociones comerciales ni cosas aburridas.

Ingresa el correo que más utilices, gracias por ayudarnos
Autorizo el tratamiento de mis datos conforme a la política de tratamiento de datos de SEMANA.




¡Comparte!



Foto de perfil del autor del comentario






Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.