El Estado vs. Cacarica: 20 años a la espera de una reparación

enero 31 de 2018

En febrero de 1997, una operación militar desplazó a la mayoría de los habitantes de un Consejo Comunitario, en el Bajo Atrato chocoano.

El Estado vs. Cacarica: 20 años a la espera de una reparación

| Las casas del barrio Pescador I, en Turbo, están construidas sobre tablas de madera que las sostienen encima del agua. Varias familias de Cacarica viven en este barrio. | Por: Carolina Arteta C.


Por: SEMANA RURAL
SemanaRural

Eneida María Valencia es una chocoana de 55 años que vive en El Pescador II, un asentamiento informal en el municipio de Turbo, Antioquia. Su casa está hecha de tablas y estacas de madera que la sostienen por encima del agua del caño que inunda esta parte del municipio. Eneida cuenta que no tiene servicios públicos y que cuando hace calor el mal olor que sale del agua es insoportable. Nosotros acá no tenemos vivienda digna. Siempre nos dicen que nos van a reubicar porque estamos en una zona de alto riesgo, pero no ha pasado nada, dice.

Eneida es una de las personas desplazadas que llegaron a Turbo en febrero de 1997 desde el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, en el Bajo Atrato chocoano, a causa de la Operación Génesis. Este operativo tuvo lugar entre el 24 y 27 de febrero de ese año, y llevó a que gran parte de la población de este territorio, ubicado a dos horas en panga rápida de Turbo, saliera huyendo. Según declararon los responsables tiempo después, el objetivo de la acción militar era desalojar a los frentes de las Farc asentados en la zona.

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

¿Qué es el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica?

Es la máxima autoridad administrativa que tiene la función de gestionar las tierras de propiedad colectiva de las comunidades negras asentadas en esta zona del Chocó. El territorio del Consejo es extenso: comprende cerca de 103.024 hectáreas que limitan al norte con el Parque Nacional Natural Los Katíos, por el sur con el Consejo Comunitario de Salaquí, por el oriente con el río Atrato y por el occidente con Panamá.

El territorio está conformado por 23 comunidades y dos Zonas Humanitarias —Nueva Vida y Nueva Esperanza de Dios— ubicadas en cinco subcuencas. En 1999, el Incora (antes Incoder y hoy Agencia Nacional de Tierras) reconoció la propiedad colectiva de estas tierras.

 

3.500 personas pertenecientes a las 23 comunidades que conforman el Consejo Comunitario llegaron desplazadas al casco urbano de Turbo en febrero de 1997. 


 

Cuando nos tocó correr, quedamos aquí. Llegamos todos al coliseo, y ahí cada quien buscó a dónde irse, recuerda Delfica Orejuela Hurtado, de 67 años. Los desplazados de las comunidades afrodescendientes del río Cacarica permanecieron cerca de cinco años viviendo en el coliseo de Turbo. Luego, mientras que algunas familias decidieron retornar a su territorio, otras fueron encontrando terrenos y casas en distintos barrios del municipio.

 

Eneida María Valencia salió desplazada de Cacarica en 1997. Hoy vive en Turbo y pertenece de ASOPACAT.  | Carolina Arteta CAB


Actualmente, hay 735 familias cacariqueñas en Turbo que viven, en su mayoría, en los barrios El Pescador I y II, Brisas del Mar y Manuela Beltrán. A pesar de que cerca de 200 familias resultaron beneficiadas con viviendas de interés social, muchas no cuentan con una casa propia. Pocos tienen empleos fijos o se encuentran afiliados a servicios de salud. Lo bueno es que ya nos dieron las casas. Pero ha sido así: un tiempo malo y un tiempo bueno, comenta Digna Mosquera Hurtado, de 45 años.

En el proceso, formaron la Asociación de Población Afrodescendiente Desplazada de Cacarica Asentada en Turbo (ASOPACAT), en la que participan 40 líderes que representan a las comunidades de donde salieron. Desde 2014, cuentan con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con el fin de capacitarse en temas relacionados con los acuerdos de paz, hacer valer sus derechos como desplazados y fortalecerse como asociación.

Que hoy en día sean un actor reconocido por la institucionalidad local y que de a poco se estén integrando a los programas de atención a la población desplazada en el municipio es un logro importante, afirma Daniel Grisales, asistente de Protección de la oficina de ACNUR en Apartadó.

Para Eugenio Palacios Mosquera, representante legal de ASOPACAT, la asociación no solo les ha permitido entablar diálogo con las instituciones, sino que les ha permitido estar más unidos. El desplazamiento nos afectó mucho, porque rompió los lazos de amistad y familiaridad que teníamos en el territorio. Por ejemplo, para enterrar a un muerto en nuestra tierra la gente iba a acompañar toda la noche, y ahora solo van y están unas horas. Pero con la asociación por lo menos nos reunimos, afirma. 


“Yo me voy a quedar en Turbo, pero nunca me dejaré de sentir chocoano”.

- Miembro de ASOPACAT

 

“Estamos en el territorio porque tenemos un arraigo. Ahí hemos enterrado a nuestros abuelos y padres. Por eso hemos buscado mecanismos para permanecer allá”.

-Luis Guillermo Chaverra | Representante legal  del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica


 


“Más allá de que algunos estén en Turbo y otros estemos en el Consejo Comunitario, todos somos Cacarica”. 

- Miembro de ASOPACAT

 

 “Debemos respetar las opiniones de las víctimas. No se les puede obligar, sino buscar que el Estado los pueda atender desde el lugar en donde estén”.

-Eugenio Palacios Mosquera | Representante legal de ASOPACAT


 

 UN PROCESO LENTO 

El 20 de noviembre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado colombiano por el asesinato de Marino López, líder de la zona, y por las graves violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar allí.

La Corte le ordenó al Estado adoptar varias medidas de reparación, entre las que están brindarles un tratamiento adecuado a las víctimas en el marco de los programas de reparación y garantizar que las condiciones donde habitan sean adecuadas para la seguridad y la vida digna, tanto de quienes han retornado como de los que aún no lo han hecho.
 


| Para ver el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos haga click aquí |


 

Sin embargo, el proceso de reparación colectiva de las comunidades de la cuenca del río Cacarica avanza lento. Los cacariqueños reclaman que se haga un diagnóstico para que el Gobierno defina cómo se va a reparar tanto a las familias que han retornado, como a las que aún se encuentran en situación de desplazamiento. Hay que determinar cómo esas familias que se van a quedar acá [en Turbo] van a tener el apoyo del Gobierno. Tenemos claro que ellos deben gozar del derecho de la reparación colectiva, afirma Luis Guillermo Chaverra, representante legal del consejo. 

De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, el proceso de reparación colectiva al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica no ha avanzado porque hasta el momento no se ha llevado a cabo una reunión de alto gobierno, que quedó entre los compromisos pactados para el desarrollo de la ruta de reparación colectiva.

 

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Los miembros de ASOPACAT asisten a una reunión para capacitarse sobre los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.


 VOLVER AL TERRITORIO 

Hoy en día, 1.200 familias que en su momento salieron desplazadas de las comunidades en la cuenca viven en el territorio. La mayoría inició su proceso de retorno sin acompañamiento del Estado. La titularidad colectiva de las tierras de estas comunidades fue reconocida en 1999, dos años después de la acción militar que produjo el desplazamiento de sus habitantes.
 

Ellos elaboraron el Reglamento Interno para la Administración, Gobernabilidad y Autonomía del Consejo Comunitario, en el que también participaron los habitantes de Cacarica asentados en Turbo. En este proceso, contaron con el acompañamiento de ACNUR, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Corporación Opción Legal. 

Fortalecer esos mecanismos de gobierno propio con la participación de personas que no están en el territorio ha sido uno de los logros más importantes que hemos tenido en el proceso con el Consejo Comunitario (…) Esto es una cuestión muy importante porque todos son un mismo sujeto colectivo, explica Grisales del ACNUR.


Este documento establece los derechos y deberes de las comunidades; las funciones de la junta directiva, el representante legal, y las demás autoridades étnicas; regula el uso, la explotación y la conservación de los recursos naturales en el territorio; establece vías para la resolución de conflictos comunitarios y fija rutas para la atención en caso de emergencias. Este último punto es indispensable para la permanencia de las comunidades en el territorio. 


“Eso nos ha generado expectativas de seguir viviendo en el territorio, porque nos ha servido para nuestra protección”,

 señala Luis Guillermo Chaverra, representante legal del consejo, quien afirma que todavía hay miembros de la comunidad que no sienten que tengan las garantías para retornar. 


 

Una investigación realizada por Ana María Ibáñez, exdecana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, muestra que los retos que tiene el retorno de las personas a su territorio son enormes. En 2014, solo el 14 % de la población desplazada manifestaba que quería volver al lugar de donde salió.

Las razones: muchos tienen miedo de ser victimizados de nuevo y los más vulnerables prefieren quedarse en las áreas urbanas. Sin embargo, muchos permanecen en la pobreza. Por eso, Ibáñez señala que es necesario que las políticas públicas se ajusten a las preferencias de las poblaciones desplazadas. Mientras tanto, Chaverra insiste en que para que los cacariqueños tengan buenas condiciones de vida, se les tiene que garantizar todo lo que tiene que ver con educación, salud y vías”.

 


 

 CON REPORTERÍA DE:  Carolina Arteta Caballero, editora regional de SEMANA RURAL (@carolinarteta).

- Este artículo contó con el apoyo de la oficina de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia -

 

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Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.