Por ahora, no habrá glifosato

julio 18 de 2019

La Corte Constitucional flexibilizó la sentencia que permitiría retomar las aspersiones aéreas con glifosato al tiempo que el gobierno de Iván Duque insistió en reconsiderar la prohibición que opera en Colombia desde 2015. El Gobierno tendrá que cumplir con los seis condicionamientos que le impusieron en 2017 si quiere reactivar la aspersión aérea..

Por ahora, no habrá glifosato

| La Corte Constitucional aclaró pero no modificó la sentencia sobre las fumigaciones aéreas con glifosato. | Por: Archivo Semana


Por: Semana Rural - Revista Semana


 

Después de acaloradas discusiones, el alto tribunal mantuvo intacta la sentencia (T-236 de 2017) que impuso seis restricciones a la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato, prohibidas en Colombia desde 2015. 

Junto con la decisión del jueves, la Corte señaló que solo hará algunas precisiones acerca del alcance del sexto requerimiento, el cual establece que el Gobierno debe demostrar con evidencia “objetiva y concluyente” la “ausencia de daño” de las fumigaciones aéreas en la salud humana y en el medio ambiente. 

Como aclaró la Revista Semana, la magistrada y presidenta de la corte, Gloria Ortíz, señaló: “mantenemos la sentencia pero hacemos precisiones. Esa sentencia había producido algunas dudas y por eso ahora hacemos estas aclaraciones”. 

Precisamente, la discusión sobre la ausencia de daños del glifosato es la que más tensiones genera en todos los ámbitos. Desde la población civil, los académicos, hasta los científicos o políticos e incluso los religiosos, han tenido algo que decir respecto a las repercusiones de este químico en la salud y en el ambiente. 

Por eso, Semana fue enfática en que la discusión sobre el daño es compleja en la medida en que no solo el glifosato, sino muchos otros químicos utilizados en el agro, tienen formas diferentes de impactar la salud de las personas y su entorno. 

 


 


 


Por lo tanto, nunca fue claro qué lineamientos debía seguir el Gobierno a la hora de estudiar una posible reanudación de las aspersiones. “Avanzar en una política de cero riesgos es prácticamente imposible y así lo reconocía la misma decisión del 2017”, apuntan. 

Por otro lado, la Corte le ordenó al gobierno que cumpla con lo pactado en el punto cuatro del acuerdo de paz con las Farc, el cual establece que, sobre todas las cosas, prevalecerá la sustitución de cultivos de forma manual y concertada con las familias. Sin embargo, y acá es en donde las cosas se vuelven a enredar y enmarañar, hace explícito que, en caso de no llegar a un acuerdo con las comunidades, el Gobierno Nacional tiene toda la potestad de implementar instrumentos que considere efectivos para lograr la erradicación de dichos cultivos, entre ellos la aspersión. 

A pesar de que para muchos sectores mantener la suspensión hasta ahora fue una gran noticia, el alto tribunal insistió en su preocupación por el aumento de cultivos ilícitos en el país, por lo que le pidió al gobierno Duque meterle el acelerador al Programa Nacional Integral de Sustitución. 

 

A pesar de que el presidente Duque y su partido presionaron insistentemente para levantar la prohibición que la Corte impuso en 2017 a la aspersión aérea, el alto tribunal se mantuvo frente a su decisión. © Montaje Semana. 



Según fuentes oficiales, en el último trimestre se erradicaron voluntariamente 35.317 hectáreas de coca con este programa. Y, hace poco, el consejero Emilio Archila reafirmó su compromiso con las 130.000 familias vinculadas al PNIS. 

¿Y ahora qué?

Después de las declaraciones de la Corte, el Gobierno tendrá que cumplir con los seis condicionamientos que le impusieron en 2017 si quiere reactivar la aspersión aérea. Pero no la tiene nada fácil debido a la enorme oposición frente a este proyecto. 

De ahí que la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, anunciara a los pocos minutos de la sentencia que le pedirá al Consejo Nacional de Estupefacientes su respaldo para aprobar un protocolo que permita usar la asperción aérea inmediatamente. Pues, como la Corte no fue clara en cuanto a en qué momento puede el Gobierno determinar qué tan crítica es la situación de los cultivos ilícitios, la bancada del presidente aprovechó el momento para empezar por el final y decir que ya están en el punto en que nada más ha dado resultado. 

Sin embargo, por ahora, estas no son más que palabras difíciles de materializar ante la negativa del alto tribunal a aceptar las fumigaciones sin estudios que las respalden. 

Por lo demás, la sentencia del magistrado Aquiles Arrieta indica que el Consejo Nacional de Estupefacientes no podrá cambiar la decisión a menos de que se haya puesto en marcha un proceso con las siguientes características, según explicó Semana: 

 

Los reparos del presidente frente a los acuerdos de paz con las Farc, han dificultado la implementación total de ciertos puntos, por ejemplo, el de sustitución de cultivos ilícitos. © Archivo Semana Rural.  


1. El diseño y reglamentación de la regulación debe estar en manos de un órgano independiente a las entidades que ejecutan programas de erradicación de cultivos ilícitos. 

2. La regulación debe derivarse de una evaluación juiciosa y objetiva sobre el riesgo que el glifosato pueda tener sobre la salud, el medioambiente y demás impactos no previstos. Incluso en caso de que aceptaran levantar la prohibición, las evaluaciones deben hacerse de manera continuada en cada una de las regiones en que se pretenda realizar aspersión aérea. 


Nota: Sobre este punto es importante tener en cuenta que Colombia no ha podido sacar adelante una reglamentación alrededor de la consulta previa. En lugares como Plata Blanca, por ejemplo, la orden del tribunal es que un programa de aspersión debe ser consultado por las comunidades étnicas y afro, cuando las afecta directamente. 

"La afectación directa no se limita a los casos en que se verifica un uso ancestral o tradicional de la coca, pues las afectaciones a los cultivos lícitos, a la salud, al medio ambiente y en general al entorno de las comunidades, activan el deber de realizar una consulta previa", anotó Semana. 


3. Deberán tomarse medidas inmediatas y revisiones automáticas en caso de que se alerte sobre riesgos no previstos. 

4. No se debe tomar ninguna decisión sin evidencia científica que la respalde. Los parámetros del valor de esos estudios deben ser: el rigor, la calidad y la imparcialidad, fijados en el apartado 5.4.3.4 de esta providencia. 

5. Los procedimientos de queja deberán ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo. 

6. Finalmente, y de forma reiterada y contundente, la decisión siempre deberá tomarse bajo el fundamento de la evidencia definitiva que demuestre la ausencia de daños para la salud y el medioambiente. 


 


 

A comienzos de este año Semana Rural habló con uno de los mayores opositores a la aspersión aérea con glifosato, el exministro de salud Alejandro Gaviria, quien expuso las razones por las que no está de acuerdo con erradicar los cultivos ilícitos de esa manera. Vea aquí el video: 

¡Suscríbete!

Y recibe primero una selección de los mejores contenidos y novedades de SEMANA RURAL. Nada de spam, promociones comerciales ni cosas aburridas.

Ingresa el correo que más utilices, gracias por ayudarnos
Autorizo el tratamiento de mis datos conforme a la política de tratamiento de datos de SEMANA.




¡Comparte!



Foto de perfil del autor del comentario






Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.