julio 27 de 2018

La falsa creencia de la inutilidad de la adjudicación de tierras a los campesinos

Por: Jaime Forero Álvarez

En Cundinamarca, Huila, Santander, Caldas, Bolívar… me he encontrado con asentamientos de campesinos, cuyas fincas les fueron adjudicadas por programas gubernamentales. Se trata de productores familiares que no son pobres y están mucho mejor que sus vecinos que tienen parcelas más pequeñas. Entonces me he preguntado ¿por qué se dice tan insistentemente, que los programas de adjudicación de tierras no sirven y que reproducen la pobreza? Dos estudios realizados por investigadores de las Universidades del Llano, Javeriana y La Salle en los municipios de  Puerto López  (Meta) y San Marcos (Sucre) nos ayudan a aclarar este asunto. En estas dos zonas, el estado les entregó parcelas a los campesinos, pero no cumplió con ninguno de los recursos que les había prometido. Además, les ha embolatado durante diez años en el primer caso y treinta en el segundo, el otorgamiento de los títulos de propiedad. Aun así, con esta inseguridad jurídica, en condiciones muy adversas y con muy pocas o con ninguna ayuda, pero a punta de trabajo, y sobre todo con una gran solidaridad, ellos sacaron adelante sus fincas.

El estudio hecho en San Marcos, en la Mojana sucreña, por Claudia Sofía Rodríguez (doctorante de la Javeriana) muestra con claridad el éxito de los parceleros: ellos ganan en promedio por cada día trabajado en su propia parcela una remuneración equivalente a tres veces el jornal de la zona y los ingresos que obtienen laborando en sus fincas están muy por encima de la línea de pobreza. Resultados todavía mucho mejores, y a pesar de la pésima calidad de la tierra que les fue adjudicada, han logrado los campesinos de Puerto López en la Altillanura.  En este caso, construyeron unos sistemas de producción completamente diferentes a los de la gran agroindustria vecina. Acogidos a propuestas agroecológicas, conservan los recursos naturales y restauran los ecosistemas que fueron deteriorados por la ganadería que imperaba allí antes de que les asignaran estas tierras. En los dos casos (San Marcos y Puerto López), la mayor parte de los campesinos además de alcanzar ingresos satisfactorios por la venta de sus productos, autoconsumen alimentos en cantidades que superan ampliamente el valor de una canasta normal de alimentaria.

En San Marcos, los campesinos mojaneros, en medio de una guerra inclemente, entre diversos actores armados, han sobrevivido con mucha inteligencia y sobre todo con mucha solidaridad, sin dejarse involucrar en el conflicto armado. Por su lado en La Altillanura los parceleros resisten toda clase de presiones de la agroindustria que “necesita” estas tierras para ampliar sus cultivos.

Constituyen estos dos casos ejemplos claros y concretos de la construcción de alternativas de progreso y paz cuando a los agricultores familiares se les da la oportunidad de trabajar en un país en el cual un campesino tiene, en promedio, menos tierra (cuando la tiene) que una cabeza de ganado y en donde más del 85% de los campesinos tienen fincas (cuando las tienen) cuya extensión está por debajo de la Unidad Agrícola Familiar (la superficie mínima  necesaria para sostener dignamente a sus familias).

No se trata, entonces, de preguntarnos con falsos prejuicios, por qué fracasan las adjudicaciones de tierra sino ¿por qué ante la comprobada eficiencia de la agricultura familiar, la nación colombiana ha sido tan indolente y tan mezquina, con su campesinado? ¿Por qué nos hemos condenado tercamente al fracaso agrario cuando tenemos gente y tierras más que suficientes para construir una clase media rural prospera?

 

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POR JAIME FORERO | @jforeroalvarez

Consultor de ASPROINCA, FAO, Fundación San Isidro, BID, Minagricultura, Minambiente, Acción Social, Banco Mundial, entre otros. 

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