Estos son los derechos que la ONU reconoció a los campesinos del mundo

Llegó el turno de los campesinos y trabajadores rurales del mundo de ser sujetos de derechos universales: El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) dio por aprobado el borrador de la Declaración de Derechos de los campesinos y trabajadores de zonas rurales. El 19 de noviembre fue aprobado en la Comisión Tercera de la Asamblea General de la misma organización con 33 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones (Colombia se abstuvo). Este documento representa una serie de exigencias para los estados miembros sobre los derechos de estas comunidades, implementar medidas para protegerlos y garantizar mejores condiciones de vida y trabajo.

Esta declaración agrupa a campesinos, indígenas y comunidades que viven y trabajen en zonas rurales, incluso se aplica a los pequeños pescadores y personas que se dedican a labores agrícolas, así no tengan tierras. Este documento también pretende afirmar derechos y deberes del Estado y de la población que protege, en temas que hasta el momento no habían sido priorizados en las constituciones de varios países.

«La presente Declaración aplica a cualquier persona involucrada en labores artesanales y a pequeña escala de agricultura, plantaciones, cría de especies menores, pastoreo, pesca, explotación maderera, caza o ganadería, y oficios manuales relacionados con la agricultura o con ocupaciones propias del entorno rural. También aplica para las familias de los campesinos». 

Mujeres y niños rurales

Este documento no solo presenta un avance para los trabajadores del campo en general, sino que contiene derechos específicos para la protección de los derechos de las mujeres y niños que viven y trabajan en zonas rurales.

«Los estados deben tomar medidas apropiadas para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en áreas rurales para promover su empoderamiento, para asegurar, en la base de la igualdad entre hombres y mujeres, que disfrutarán completamente del ejercicio de sus Derechos Humanos y sus libertades fundamentales, y que son libres de buscar, participar y beneficiarse del desarrollo económico, social, político y cultural rural.»

Este documento pretende fundar las bases de la defensa de la mujer rural, su participación y la protección de su integridad. En esta medida los derechos de la mujer rural incluyen: la participación en la formulación e implementación de todo plan o política relacionada con su bienestar y oficio; el acceso a la salud, tanto física como mental; el beneficiarse de toda clase de programas de seguridad social; el poder obtener subsidios, créditos y otras facilidades que le permitan desarrollar su actividad agrícola; acceder, igual que los hombres, al manejo de los recursos naturales; y a un empleo, remuneración y protección social decentes. Igualmente, la declaración insiste en el derecho a la educación (formal e informal) de estas mujeres, su libertad para asociarse y rechaza cualquier tipo de violencia contra ellas.

En cuanto a los niños campesinos, estos estarían protegidos de realizar cualquier tipo de trabajo que interfiera con su educación y su integridad física, espiritual, moral, mental o social.  Por lo que exige también a los estados crear mecanismos de protección infantil para la ruralidad, así como asegurar su bienestar, buena alimentación y educación de calidad. El objetivo es cerrar la brecha educativa entre campo y ciudad.

El motor de la industria alimentaria

Una de las consideraciones del preámbulo de esta Carta de Derechos es la visión de los trabajadores rurales desde un concepto mucho más justo, como expertos de la industria de alimentos y por tanto, garantes de salud y seguridad alimentaria. En ese sentido, se pide que los derechos y deberes relacionados con su actividad económica dignifiquen su forma de vida y contribuyan al desarrollo responsable de actividades agrícolas a nivel mundial.

Los cambios especificos incluyen que los ambientes y condiciones de trabajo deben ser seguras, deben estar en libertad de escoger su labor y de "ganarse la vida" dignamente.

Ya aprobado este mandato de la ONU, los estados tendrán que legislar sobre los derechos de los trabajadores de las zonas rurales, sus beneficios y crear mecanismos de protección para responder si esos derechos son vulnerados. También está contemplado que cada estado no solo proteja, sino promueva la creación de asociaciones y organizaciones campesinas y rurales, en otras palabras, permitirles ejercer sus derechos colectivos como gremio o sindicato.

En vista de que no todos los países tienen las condiciones económicas para aceptar y ejecutar fácilmente estos puntos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU incluyó un mandato de implementación de la Carta de derechos del campesino y trabajadores rurales, especialmente dirigido a países con altos niveles de pobreza en esas áreas:

«En Estados que sufren de altos niveles de pobreza rural y, ante la ausencia de oportunidades de empleo en otros sectores, los Estados deben apropiarse de medidas para establecer y promover un sistema de alimentos sostenible con suficiente intensidad laboral para contribuir a la creación de empleo decente».

Derechos para un campo que envejece

Reactivar la economía rural y generar trabajo en el campo se hace más cuesta arriba cuando la tendencia dice que la población mayor en las zonas rurales crece de la mano de emigración de los jóvenes. Por eso el documento también exige la creación de un modelo económico y sostenible para diversificar la oferta de empleos y garantizar el acceso a la educación de calidad pertinente, donde los jóvenes del campo encuentren oportunidades sin necesidad de mudarse a las ciudades.

Aunque es casi una obviedad, y los gobiernos del mundo trabajan para ello, esta declaración haría oficial la necesidad de que el Estado forme a los trabajadores rurales y tecnifique sus formas de producción. El ideal es que cada campesino del mundo le saque el máximo beneficio a cada cosecha, jornada de pesca o negocio ganadero. Los gobiernos tendrán que poner la tecnología al servicio de sus trabajadores del campo, desde luego, sin sacrificar la protección ambiental y la extracción responsable de recursos naturales.

El medio ambiente, en la ecuación

Las medidas que deben tomar los Estados por regla general no pueden perjudicar el medio ambiente. Los trabajadores del campo tendrían derecho a participar en el diseño y la implementación de las políticas ambientales, teniendo en cuenta que su entorno natural es la materia prima a largo plazo e incide de manera inmediata en la salud de sus familias.

Pero también hay deberes. Los Estados tendrán que implementar medidas de protección para que el derecho de los campesinos a extraer recursos naturales no se traduzcan en un daño ambiental, como se ha evidenciado, por ejemplo, en los monocultivos, la minería artesanal, la ganadería u otras actividades que provocan deforestación en países como Colombia.

La resolución les da a los campesinos la posibilidad de rehusarse a utilizar químicos o sustancias toxicas para sus actividades agrícolas, lo que obligará a una regulación estatal para proteger la salud del campo a través del control de pesticidas, abonos, y otros productos inorgánicos destinados al mercado agrícola y ganadero.

Respeto por la tradición

La misma declaración insiste en la necesidad de crear políticas que incentiven y protejan los modos de producción ancestrales. Un primer paso sería la autonomía campesina total para producción y comercialización de semillas: esto incluiría el derecho a guardar, usar, intercambiar y vender sus propias semillas con el apoyo estatal. Esto contradice la actual regulación de semillas para actividad agrícola que existe en países como Colombia, dónde las semillas son comercializadas por determinadas empresas con registro y, además, pueden ser modificadas para que la siguiente generación sea infértil.

El campesinado como una identidad cultural

Los derechos no solo incluyen la economía, salud y educación campesina, también buscan proteger las manifestaciones culturales de los campesinos y otras comunidades que subsisten gracias a las labores del campo (como los indígenas, afrodescendientes e incluso poblaciones nómadas). En esta medida, la libertad de culto, creencias, religión, opinión y expresión también se incluyen en el paquete declaratorio.
 

El acceso a la dignidad

En las zonas rurales se ha vuelto costumbre la ausencia de instituciones y de servicios básicos, por esto  la Declaración de los Derechos de los campesinos trabajadores de zonas rurales es enfática en que obliga a los Estados miembros a proveer y solventar los vacíos que históricamente ha padecido el campo.

Una buena idea es empezar por lo básico. El primer derecho que deberá ser resuelto por los estados miembros sería el acceso a agua potable (para uso individual y laboral), la vivienda digna, vías de acceso que faciliten el flujo económico y servicios de salud integral (físico y mental).

En otro punto, se recuerda el derecho al acceso igualitario a la justicia y el acceso a la información, dos problemas serios de los que hemos sido testigos en SEMANA RURAL.

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Sobre el acceso a la justicia, la declaración dicta que se debe garantizar a los campesinos y trabajadores rurales un trato no discriminatorio e igualitario, así como una representación legal en caso de necesitarla.

Sobre el acceso a la información, el documento dicta que debe ser de libre y especialmente promovida por el Estado, de tal forma que los campesinos y trabajadores rurales puedan participar informados y así también expresen sus posturas sobre los temas que los tocan. Este punto pretende reducir la desigualdad que hay entre información producidas desde las ciudades y que el campo apenas puede ver como si fuera una vitrina.

*Lea aqui la resolución completa de la sesión 73 de la Comisión Tercera de la Asamblea General de la ONU: Reporte de Resoluciones y Decisiones. 

POR: Laurasofía Polanco | Bogotá
@SonrisaDeLima