marzo 12 de 2018

La paradoja de la fuerza electoral del campo

Por: Nubia Ciro

Durante más de cuatro décadas el campo ha sido escenario de violencia, pobreza y reformas fallidas o inconclusas. El 94 por ciento del territorio del país es rural y el 32 por ciento de la población vive allí. Sus principales problemas se derivan de conflictos relacionados con el uso y la tenencia de la tierra, y una deuda social enorme.

Pero quizás en un momento anhelado donde no hay quien obligue a los campesinos y campesinas a salir a votar, su participación se disuelve entre múltiples barreras. La falta de credibilidad en un Estado “que no ha estado”, la desconexión de los partidos y líderes con las realidades y cotidianidades campesinas, el no reconocimiento de sus necesidades en los pocos programas a los que acceden.

Desde la misma independencia, la historia de Colombia ha estado marcada por la exclusión. El sistema político del país no permite ni el ejercicio político ni la participación de amplias capas de la población. Esta restricción aplica especialmente para los campesinos y campesinas, quienes sí figuran como caudal electoral de las distintas maquinarias políticas.

La tierra –que es el recurso estratégico de la economía rural– está concentrada en pocas manos, y el esfuerzo del trabajador del campo para vivir de una parcela se dificulta por una serie de políticas estatales mal orientadas que no posibilitan el acceso real a los medios necesarios para mejorar sus condiciones de vida (infraestructura, tecnología, educación, inversión), o por fenómenos de violencia, despojo y desplazamiento forzado. Esto se suma a un calculado entramado jurídico de derechos de propiedad mal especificados, sin la debida protección estatal, que obligan al campesinado que es víctima de esta adversidad a perder sus tierras y su trabajo de años.

Estas desigualdades se han profundizado con el paso del tiempo. En 1970, los predios grandes (de más de 500 hectáreas) ocupaban, en total, 5 millones de hectáreas, pero en 2014 pasaron a ocupar 47 millones. En el mismo periodo, su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas. Mientras tanto, las explotaciones de menos de 10 hectáreas se incrementaron, pero se redujo el área total ocupada por ellas.

Los datos del último censo muestran que el 0.1% de las explotaciones agropecuarias tiene más de 2.000 hectáreas y controla el 60 por ciento de la tierra, mientras que el 81 por ciento de las explotaciones tiene un promedio de sólo 2 hectáreas y ocupa menos del 5 por ciento de la tierra. Si la superficie total cubierta por el censo –111,5 millones de hectáreas– se divide por la mitad, las 704 mayores unidades productivas agropecuarias cubren la mitad, mientras que 2.046.536 ocupan la otra mitad. De hecho, cerca de un millón de pequeñas explotaciones agropecuarias tiene menos tierra que la que dispone en promedio cada vaca criada en las grandes haciendas ganaderas del país.

En medio de esta Colombia rural, las relaciones que se han configurado, pasan por la instrumentalización de este sector por parte de todos los actores (armados, estatales, de cooperación); la represión e imposición de ideologías; y de imaginarios hacia ese sector de ser ignorantes, atrasados y que viven así porque quieren. Su participación se ha dado desde escenarios micro (JAC) y desde algunas organizaciones sociales y/o gremiales, pero no ha tenido el nivel de incidencia que se requiere para que propuestas y proyectos enfocados en ese sector sean diseñados con y para ellos.

De igual forma, la participación política en las zonas rurales ha sido determinada por lógicas clientelares y corruptas que no han posibilitado la formación de una cultura política, que afronte esas lógicas y posibilite la construcción de propuestas autónomas que se vean recogidas en programas de gobierno de líderes y lideresas que se interesen por transformar las condiciones existentes.

Si bien dentro del Acuerdo firmado entre el gobierno y las extintas Farc se incluyó una reforma que garantizara la efectiva participación y la consolidación de una democracia para todos y todas, el contexto político en el que ejercen la ciudadanía los colombianos que hacen parte de ese 30% rural parece no modificarse.

Por eso, hoy podemos decir que las distintas barreras que han impedido la participación legítima y activa de la población rural se mantienen: las dificultades de acceso a los centros poblados, veredas o corregimientos, la inseguridad, la desinformación.

 

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POR NUBIA CIRO

 Integrante de la Asamblea Cívica por la Paz

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El movimiento social sigue siendo la esperanza

 

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL

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