marzo 06 de 2018

La Paz, ¿quién podrá defenderla?

Por: Wilson Castañeda

A tan solo un día de los comicios electorales que definirán quiénes conformarán el Senado y la Cámara de Representantes en los próximos cuatro años, con preocupación, notamos en esta contienda electoral la ausencia de debates, ideas y, sobre todo, de compromisos con un asunto trascendental para el país como lo es la agenda de paz. Tal parece que el tan esperado Congreso de la Paz no solamente no se maduró en el cuatrienio pasado, sino que está a punto de desaparecer.

Basta echar un vistazo a la clase política del país y develar el interés de mantener un modelo económico que sigue generando desigualdad y exclusión.  Asimismo, la pervivencia de estructuras políticas clientelares y corruptas y la insistencia de una fuerza militar coercitiva como única garantía de seguridad son situaciones que no solo evidencian cómo la implementación de la paz no logra avanzar de manera asertiva sino que no hemos atacado las causas estructurales de la guerra que durante más de cinco décadas nos condenaron a una ciudadanía inconclusa.

El tiempo trascurrido de implementación ha dejado constancia de múltiples frustraciones por las zancadillas políticas, desbarajustes jurídicos en el no efectivo “fast track” y los incumplimientos gubernamentales al avance efectivo del Acuerdo.  Preocupa cómo de un gran acuerdo político –entendido como la propuesta para avanzar en la búsqueda del bienestar ciudadano para vivir en paz– pasamos a una estructura jurídica, pesada y experta en buscar impedimentos y dificultades al valor más anhelado: la reconciliación.

Golpes bajos como la mutilación e inoperancia de lo que terminó siendo el Estatuto de la Oposición; la  burocratización de la paz con múltiples instancias y  estructuras y pocas rutas diligentes para la ciudadanía; el fuerte protagonismo del Congreso para “quitar y poner cosas” en el acuerdo ante la ausencia de espacios de participación para las víctimas –entendidas como el centro y la razón de ser de la firma de la paz–; y la insistencia en el mantenimiento de la concepción agraria entre el proyecto extractivista de los empresarios  y latifundistas de las derechas políticas  que solo mantienen como apuestas de inversión los monocultivos y las expropiaciones minero-energéticas –que lejos de fortalecer al campesinado primario y entregarle al país la necesaria reforma política, nos condenan a  seguir dando pasos contrarios al bienestar del territorio–.

Eso que se siente en el ambiente enrarecido de que la “paz nos cuesta la vida” ¡es inadmisible! Con más de 106 muertes de defensores de derechos humanos en 2017, lo que convierte a las víctimas en enemigas de la trasformación social y pone en jaque avances tan significativos como el enfoque de género y étnico, y que olvida al mismo tiempo que la violencia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a hombres y mujeres y a grupos históricamente discriminados y excluidos.

Un sistema electoral que se negó ser reformado y que en estas contiendas llega más debilitado que nunca, con muchas firmas y sin partidos, con muchas personas y pocas ideas. Esta estructura evade la urgente tarea de consolidar sujetos políticos en la construcción de paz, con una agenda regional de cara a las víctimas y sus territorios y proponiendo nuevas formas de hacer política en Colombia.

Esperamos que los días posteriores al conocimiento de los resulados de estas elecciones les permitan a las personas elegidas a revisar su compromiso con el mantenimiento de la paz, y sobretodo a asumir tareas concretas y estructurales para que la paz por fin sea estable y duradera, bajo la premisa de que no puede haber paz sin revisar y transformar la democracia, pues es necesario superar los problemas estructurales de inequidad social y exclusión para que la ciudadanía experimente el posconflicto y la reconciliación.

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POR WILSON CASTAÑEDA | @WillCastañedaC
Director del Caribe  Afirmativo
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