mayo 20 de 2019

La pobreza de los habitantes en zonas rurales

Por: Juan Carlos Ramírez

La idea de pobreza de los habitantes en zonas rurales integra varios conceptos al tiempo. La medida que hacemos estima la capacidad y las formas de consumo de bienes y servicios esenciales para la vida digna. El indicador de pobreza y su valor es una representación razonable, no única, de situaciones de carencias esenciales.

La información oficial ha construido la diferencia urbano-rural, y avanza con sub-conjuntos urbanos, en sintonía con el rápido proceso de migración y aglomeración urbana que vivió Colombia; lo que ayudó a que el interés público se volcara sobre las ciudades, y la importancia del campo quedó en segundo plano e incomprendida. Así, la información rural habla de la población que reside fuera de los cascos urbanos de todo tamaño.

La pobreza económica se evalúa desde hace unos treinta años; es la suficiencia de ingresos de los hogares para adquirir una canasta básica de alimentos y otros consumos básicos asociados. Este indicador es síntesis de múltiples procesos: educación, precios de la canasta, situación laboral, productividad, transferencias públicas y privadas, tamaño de los hogares, participación laboral, impactos de mercados externos, políticas productivas, etc. Los impactos de la política pública son más (inter) mediados.

En las zonas rurales, los hogares con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica viene disminuyendo desde 2002. Entre 2012-18 pasaron de 47 a 36%. Entre tanto, en lo urbano se redujo de 28 a 24%. La intensidad del progreso ha sido un poco mayor en las zonas rurales, y ha disminuido el ritmo de progreso.

Algunos rasgos generales destacan: las ciudades más vinculadas con lo rural tienen mayor proporción de hogares en pobreza, aunque con notables excepciones: Manizales, de lejos; Villavicencio, Ibagué, Neiva y Armenia; la probabilidad de ser pobre se multiplica cuando el hogar llega a 4 miembros, y más aún cuando los supera; y los hogares pobres rurales o urbanos tienen igual composición de género de la jefatura de hogar.

La pobreza multidimensional expresa un conjunto de condiciones de vida centradas en los derechos económicos, sociales y culturales, con orientación a la creación de capacidades de las personas, y más cercano a la ejecución de programas públicos que tienen impacto en plazos más cortos, y que se traducen en mayor situación económica en el mediano plazo.

La medida de pobreza multidimensional integra condiciones de los hogares en aspectos de educación, atención de salud, niñez-juventud, trabajo y vivienda. En la zona rural ha tenido una reducción importante en el mediano plazo: de 53 a 40% en 2010-18. Su nivel sigue siendo muy alto, y es una de las restricciones fundamentales para el desarrollo rural, con mayor responsabilidad de las políticas públicas por su asociación directa con casi todas las dimensiones.

En los últimos años (2016-2018), el logro promedio se estancó y tendió a revertirse, en lo que influyen con fuerza: las condiciones de habitabilidad presionadas por la migración de venezolanos, y la mejora estadística por ampliación de la muestra (a partir de 2018), que revela mejor las zonas rurales. Ambas razones llevan a que los nuevos aumentos sean mayores en la región Caribe, y en Valle del Cauca y Antioquia; sorprende que no esté ocurriendo lo mismo en la región Oriental.

Ahora bien, la proporción de hogares rurales en condiciones de pobreza multidimensional bajó 25% en ocho años, mientras en lo urbano bajó 41% (24 a 14%), a pesar de ser más difícil reducir una tasa menor. Así, la mejora de las condiciones en ambas zonas se ha dado con la ampliación de la brecha entre ellas.

Las tendencias de los progresos, siempre insuficientes, en los últimos años en Colombia han sido mejores y de forma más resiliente que en países similares de América Latina, lo que hace confiar en la maduración de las instituciones de protección social y en una fuerte apuesta por una progresividad acentuada.

Los niveles y tendencias de la situación de pobreza de los hogares rurales revelan desafíos estructurales para los cuales no puede cesar el llamado para una mayor prioridad, convencida, con énfasis y progresos en las condiciones de hábitat, de productividad y de integración territorial; con progresos más integrados y recíprocos.

Estrategias productivas más intensas en agroindustria y ecoturismo -entre otras- serían decisivas en progresos estructurales que integren poblaciones y territorios.
 


Juan Carlos Ramírez es el director de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Colombia.
 

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.
 

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