La sustitución de la coca avanza, pero a paso de tortuga

noviembre 01 de 2018

El actual gobierno piensa retomar el glifosato debido al aumento de las hectáreas sembradas con esta planta. ¿Eso quiere decir que la sustitución no funciona? Así va el programa que se creó para reemplazar la coca por otros cultivos.

La sustitución de la coca avanza, pero a paso de tortuga

| El incremento de cultivo ilícitos viene desde 2013. Si el número de hectáreas cultivadas no desciende, el gobierno plantea volver al glifosato. | Por: Natalia Botero Duque | REVISTA SEMANA


Por: José Puentes Ramos
josedapuentes

El giro que le dio el gobierno de Iván Duque a la política antidrogas, que pasó de enfrentar el problema de los narcóticos como un asunto de salud pública y de falta de desarrollo rural a combatirlo con medidas de seguridad, preocupa a las regiones en donde se adelanta el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícito (PNIS). El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha mencionado en repetidas ocasiones que el gobierno tiene la intención de retomar la fumigación aérea con glifosato y de fortalecer la erradicación forzada, dos acciones empleadas en el pasado para acabar con los ilícitos, pero que no le pusieron fin al narcotráfico.

“Este tema —el de los cultivos ilícitos— ya es tratado como un asunto de seguridad nacional. Y se tomarán las medidas contra todo aquello que atente contra la seguridad nacional”, dijo Botero el pasado septiembre durante el lanzamiento de los resultados del informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en 2017, preparado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Según el documento, las hectáreas cultivadas con coca en Colombia crecieron en un 17 por ciento entre 2016 y 2017.

Ese aumento, que se da desde 2013 y que podría seguir subiendo, es la razón que tiene el gobierno para cambiar el enfoque de la política antidrogas en el país. En una reciente entrevista para la emisora Blu Radio, el ministro Botero volvió a recalcar la posición gubernamental: ya no se trata de arrancar matas pequeñas sino arbustos de coca.

Si hay un crecimiento de hectáreas cultivadas con coca y el gobierno plantea regresar al glifosato, ¿esto quiere decir que la sustitución voluntaria, pactada en el acuerdo de paz con las Farc, no funciona? La respuesta es que va a media marcha. Como lo contamos en otro artículo, el PNIS dedicó su primer año a establecer acuerdos con las comunidades de familias cultivadoras, implementar asuntos técnicos del programa y entregar los primeros subsidios o pagos a los campesinos que erradicaron voluntariamente los ilícitos de sus fincas. Estas tareas empezaron en el primer semestre de 2017.

 

 

Sobrevuelo de cultivos de coca en Putumayo.  © UNODC


 

Pero el PNIS no empezó al mismo tiempo en los municipios o regiones con cultivos ilícitos y ha presentado dificultades para llegar a ciertas zonas, ya sea porque son territorios desconectados y sin vías de acceso o porque hay presencia de grupos armados que están en contra de la sustitución. Esto provocó retrasos en los pagos para algunos campesinos o familias cultivadoras y en la puesta en marcha de varios proyectos productos que reemplacen la coca por agricultura, ganadería pasiva o turismo comunitario.

Pese a los inconvenientes, los resultados del programa entregan números significativos: a septiembre de este año hay 87.431 familias vinculadas al PNIS, de las cuales el 61 por ciento recibieron al menos el primer pago de los subsidios por erradicar manual y voluntariamente la coca, esto de acuerdo a la Fundación Ideas para la Paz, que viene analizando los datos recolectados por UNODC. Esta oficina de Naciones Unidas se encarga de verificar si se cumple o no con la sustitución.

Ideas para la Paz también resalta que una de cada tres familias vinculadas al programa cuentan con asistencia técnica para avanzar en proyectos productivos y 4.270 fueron incluidas durante los dos primeros meses del gobierno Duque. Así mismo, la fundación señala que entre septiembre de 2017 y el mismo mes pero de 2018 se erradicaron manualmente bajo el PNIS 24.891 hectáreas de coca. Es una cifra elevada teniendo en cuenta que en 2016 esta manera de acabar con los cultivos ilícitos tan solo alcanzó las 1.175 hectáreas.

Basados en estos datos, en SEMANA RURAL quisimos averiguar cómo avanza la sustitución en Briceño (Antioquia), el municipio piloto de los programas del posconflicto creados por el gobierno anterior, y en Vista Hermosa, uno de los pueblos del Meta más afectados por los cultivos ilícitos. En ambos encontramos que los campesinos ven positiva una iniciativa como el PNIS, pero mientras en el primero viene funcionando con pocos inconvenientes, en el segundo hay problemas con los pagos de los subsidios y los proyectos productivos.


 

 


Briceño

De acuerdo a información entregada por la Alta Consejería para la Estabilización —antes conocida como del Posconflicto—, hasta el 8 de octubre de este año hay 2.717 familias cultivadoras de Briceño vinculadas al programa. De ese número, solo dos no firmaron los acuerdos colectivos de sustitución. Se reportaron en total 1.505 hectáreas de coca en el municipio y Naciones Unidas ya verificó la erradicación de 725. 

Jhon Jairo González, miembro de la Asociación para el Desarrollo Productivo, Económico, Social y Ecológico de Briceño (ASDESEBRI), la organización local que hace la asistencia técnica a la sustitución, comenta que acogerse al programa fue una decisión de todo el pueblo después de escuchar la propuesta de las Farc y el gobierno para solucionar el problema de los cultivos ilícitos, materializado en el punto 4 de los acuerdos de paz. Que la decisión haya sido conjunta es una de las razones por las que el PNIS ha funcionado bien en esta región del norte de Antioquia.

 


«Si nos traen opciones para cultivar y nos garantizan la comercialización, para qué seguimos sembrando coca. El gobierno hizo unas erradicaciones aquí, pero se demoró un año. Nosotros (los campesinos), en cambio, arrancamos la coca en 15 días. Entonces, el problema de erradicación de los cultivos de uso ilícitos no es el tiempo, porque lo podemos hacer más rápido que el glifosato o con la erradicación forzosa. La cuestión es qué ofrecen a cambio de sustituir».
 

JHON JAIRO GONZÁLEZ, de la Asociación para el Desarrollo Productivo, Económico, Social y Ecológico de Briceño


 

En ese sentido, en Briceño ya se adelantan dos proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria. En el primero se benefician 811 familias, tiene una inversión de 1.002 millones de pesos y su avance es del 60 por ciento. En el segundo, en convenio con la Federación Nacional de Cafeteros, hay vinculadas 92 familias y cuenta con una inversión de 197 millones. En cuanto a la asistencia técnica integral para cada familia cultivadora (el primer paso de los proyectos productivos), 1.892 ya la reciben.

“Claro que han existido inconvenientes. Por ejemplo, los grandes proyectos productivos que se pactaron con la gente no se han hecho. Nosotros en Briceño decimos que el programa va lento, pero nos ha cumplido. Hay la disposición de la comunidad para apoyarlo y lo hemos defendido”.

 

 De las 1.505 hectáreas de coca que habia en Briceño, Naciones Unidas ya verificó la erradicación de 725. © CARLOS JULIO MARTÍNEZ  Y  NATALIA BOTERO DUQUE | REVISTA SEMANA


 


 

Vista Hermosa

José Ortiz Sarmiento es líder comunitario de Piñalito, un corregimiento de este pueblo del Meta. Trabajó con cultivos ilícitos porque, según cuenta, era el único negocio que prosperaba cuando llegó a la zona. Se acogió al PNIS y sustituyó las hectáreas de coca que sembró en su finca por la producción de yuca, maíz y plátano. También considera que el programa viene cumpliendo con los compromisos pactados, pero de manera lenta.

“No han desarrollado los grandes proyectos productivos que dijeron. Solo están haciendo los primeros pagos de la sustitución, a veces con retrasos. Incluso quedaron en dar plata para una huerta casera, pero se suspendió”, dice, y agrega que desde julio no han regresado funcionarios del PNIS o miembros de Naciones Unidas a Vista Hermosa, ya sea para reunirse con las familias cultivadores o para verificar las hectáreas erradicadas.

En el municipio hay 2.200 familias que firmaron los acuerdos colectivos, de acuerdo a los datos de la alta consejería. Ellos reportaron 1.384 hectáreas cultivadas con coca. Hasta el momento, unas 1.555 han recibido por lo menos el primer pago de los subsidios y 20 están en proceso de validación para pagar. En cuanto a la validación de hectáreas sustituidas, la entidad asegura que hasta el 8 de octubre hay un registro de 1.006.

Ortiz señala que en Vista Hermosa hubo campesinos que dudaron en vincularse al PNIS debido a los incumplimientos del gobierno en el pasado con otros programas que intentaron acabar con los cultivos ilícitos en la región. Una situación distinta a la que pasó en Briceño.

 


«Nos dijeron que arrancáramos las matas de una vez y lo hicimos. Pero algunos se vieron presionados por el Ejército. Si la gente no las quitaba, los militares lo hacían. Había quienes que no querían meterse al programa, pero al ver la presión del Ejército lo hicieron».

 

JOSÉ ORTÍZ SARMIENTO, líder comunitario de Piñalito.


 

Sobrevuelo de cultivos de coca en Nariño.  © UNODC


 


Regresar al glifosato, ¿una mala idea?

Desde los primeros años de la década del 2000 y hasta que el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió suspender su uso en 2015, en Colombia se erradicaba los cultivos ilícitos con glifosato por medio de aspersión aérea. Muchos campesinos vieron cómo el químico no solo acabada con las matas de coca de sus fincas, sino también con las siembras lícitas que tenían. José Ortiz recuerda cuando las avionetas cargadas de glifosato pasaban por Vista Hermosa.

 


«Era aterrador porque le cuento: acababan con todo. Incluso había gente que no tenía cultivos ilícitos y el glifosato les caía cerca de sus casas. Eso pasaba por el hecho de vivir cerquita de la coca. ¿Ellos cómo podían reclamarle a gobierno?».
 

JOSÉ ORTÍZ SARMIENTO, líder comunitario de Piñalito.


 

Para este líder comunitario de Piñalito sería un retroceso volver a usar químicos para acabar con la coca. Además, echaría a perder un programa como el PNIS, que por lo menos ofrece la oportunidad de trabajar en otras actividades. “Aquí en el corregimiento hay tierra que se dañó con la fumigación hace 10 años. Eso quedó como una grama. Y con el tiempo va quedando como una tierra desértica, inservible. Y sería una tristeza que el Estado volviera a fumigar ahora que la gente empezó a cultivar comidita”.

Por su parte, Jhon Jairo González asevera que con glifosato o la erradicación forzada no se soluciona el problema del narcotráfico en la Colombia rural, pues lo que requieren las familias dedicadas a la coca es desarrollo rural. “En Briceño nos oponemos al regreso del glifosato. Por eso le enviamos una carta al presidente Duque donde le proponemos sentarnos en una mesa para hablar del desarrollo integral y de la sustitución voluntaria. Apoyamos el PNIS porque los resultados son reales. Aquí los estamos sintiendo”.

 


POR: José Puentes Ramos | Editor regional
 @josedapuentes


 

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Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.