diciembre 11 de 2017

La indispensable transformación del campo sigue embolatada

Por: Santiago Perry

En las áreas rurales colombianas se vive, desde hace décadas, una terrible paradoja: tienen un enorme potencial para generar riqueza –agropecuaria, piscícola, turística, servicios ambientales, pequeña industria y minería, etc.-, pero sus habitantes viven en la miseria y en el abandono. Todos los indicadores económicos y sociales son lamentables, bastante peores que los de las zonas urbanas.

Muchos creímos que la firma del acuerdo de paz sería la oportunidad para cambiar esta dramática situación. Lo que se facilitaba teniendo en cuenta que la Misión para la Transformación del Campo trazó una ruta clara para lograr el desarrollo de los territorios rurales y urgió a “saldar la deuda histórica” con los habitantes rurales, en especial con los más pobres.

Al parecer nos equivocamos. Fuera del tardío inicio de la formulación de 16 planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), que cubren a 170 de los municipios más afectados por el conflicto, y de la aprobación de la Ley del Sistema de Innovación Agropecuaria, cuando agonizaba el Fast Track, no se ven otras acciones para redimir a las áreas rurales.

En diversas regiones del país los habitantes comenzaron a formular programas integrales de desarrollo rural en sus territorios, a los que hoy en día nadie del gobierno les presta atención. El enfoque territorial, que suponía una ambiciosa participación de los habitantes rurales en la definición de prioridades, programas y proyectos, cuando mucho se pondrá en marcha –con limitaciones- en 170 municipios, el 15% del total de municipios del país.

Los planes de acceso a tierras y otros activos productivos indispensables, de formalización de la propiedad territorial, de desarrollo social, de dotación de infraestructura y de servicios sociales y públicos, previstos en el acuerdo, tampoco han arrancado. Las principales propuestas de inclusión social y de inclusión productiva hechas por la Misión –que cobijaban los temas esenciales para mejorar las condiciones
de vida de los habitantes rurales- siguen en veremos. Y lo que es peor: no parecen tener “doliente” en el gobierno.

No sobra recordar que las graves dificultades que afrontan los habitantes rurales, las enormes desigualdades existentes en estas zonas y la falta de presencia del Estado sirvieron de combustible para atizar el conflicto que pretendemos superar. Y que en otras latitudes –como Centroamérica- los fracasos en la inclusión económica y social de los habitantes del campo, una vez terminados los conflictos armados, han sido una de las causas fundamentales de los nuevos tipos de violencia que esas sociedades
están enfrentando.

Es necesario alertar, en consecuencia, que el incumplimiento de lo establecido para reivindicar a la ruralidad no le augura un futuro próspero y pacífico a la sociedad colombiana…

 

POR: SANTIAGO PERRY

Nació en Bogotá. Es actualmente director de la Corporación PBA y coordinador del Grupo Diálogo Rural Colombia.Ha sido Viceministro de Agricultura, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario, director de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), negociador internacional colombiano en temas agrícolas y consultor de entidades nacionales e internacionales. Ha realizado  investigaciones y publicado libros y artículos sobre temas de desarrollo rural y agropecuario. Fue, miembro del Consejo Directivo de la Misión para la Transformación del Campo. 

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.

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