diciembre 20 de 2017

Las múltiples caras de las mujeres en la economía cocalera

Por: Génica Mazzoldi

En medio de la avalancha de corte de cuentas del primer año de la implementación del Acuerdo de Paz, vale la pena hacer un zoom a la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos y, en especial, al llamado que organizaciones de mujeres y centros de investigación vienen haciendo para que se reflexione sobre las implicaciones que tiene para las mujeres vinculadas a la economía de la coca, pasar de lo ilícito a lo lícito, así como la transición del conflicto armado a la paz. En otras palabras, cabe preguntarse si estos cambios se traducirán en menos violencias para las mujeres inmersas en la cadena cocalera y mayor seguridad para ellas.

Hoy en día, las percepciones de seguridad que tienen las mujeres vinculadas a enclaves cocaleros están cargadas de incertidumbre y preocupación frente al aumento de diversas violencias. En Putumayo, por ejemplo, el segundo departamento con más cultivos de coca en el país, después de Nariño, abundan los robos, los saqueos, se ha incrementado el consumo de drogas en los jóvenes y su vinculación a grupos armados.

Por décadas, estas mujeres se han enfrentado a un continuum de violencias económicas y familiares. Esto quiere decir que lo que los actores armados regulaban en términos económicos se acompañaba, paralelamente, de las regulaciones propias del control masculino y patriarcal en la esfera doméstica. Estas violencias podrían persistir en los territorios donde se está apostando por la sustitución de cultivos, si no se tienen en cuenta las dinámicas propias de la economía cocalera que han propiciado estos escenarios de riesgo para las mujeres.

Se suma, en términos institucionales, una desarticulación que, aunque ha sido histórica, las mujeres de este departamento perciben que se ha acentuado durante el primer año de implementación, lo que sigue limitando la presencia del Estado en la región.

La Fundación Ideas para la Paz acaba de publicar una investigación, con el apoyo de ONU Mujeres, sobre los roles y los riesgos que corren las mujeres que trabajan en la economía cocalera en el Putumayo, la cual resalta que las mujeres no solo participan en tareas habituales como la elaboración de alimentos para los raspachines y el cuidado de los hogares cocaleros. Ellas también son protagonistas de los diferentes momentos de la cadena de cultivo como jornaleras, finqueras, mulas, colaboradoras, cocineras y quimiqueras.

Por eso, lejos de ser un tema económico, la coca para las mujeres tiene unas dimensiones sociales, culturales y familiares que necesariamente entran a mediar en la implementación los programas para la sustitución de cultivos o cualquier acción estatal.

Las mujeres en el Putumayo reconocen que su vinculación a la economía cocalera les ha traído algunas ventajas, pero a un costo muy alto en términos de riesgos y vulneraciones de derechos. Identificar estos riesgos según los roles que han desempeñado, implica pensar de manera diferenciada cómo se aborda la seguridad para ellas y sus familias. Para esto, es necesario partir de un concepto de "seguridad positiva" que no se reduce a la ausencia de grupos armados ("seguridad negativa"). Esto significa generar entornos que reduzcan estas vulnerabilidades y que abonen el terreno para implementar las grandes transformaciones que requieren las regiones cocaleras.

Precisamente, las garantías de seguridad son uno de los grandes pilares del proceso de implementación del Acuerdo de Paz, en el que confluyen varias entidades del Estado. Sin embargo, ¿se ha discutido, en el marco del enfoque de género que se acordó en La Habana, la seguridad para las mujeres vinculadas a enclaves cocaleros? ¿La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad lo tiene presente?

La apuesta por la sustitución demanda hacerle frente a las múltiples aristas de la economía cocalera, entre las que está la vinculación activa de las mujeres, sus condiciones actuales de seguridad, atender las diferentes victimizaciones a las que se han enfrentado, pero también tener en cuenta el rol activo que pueden tener de cara a la paz territorial.

No en vano, de tiempo atrás se ha venido insistiendo en que garantizar mejores condiciones de vida para las mujeres rurales supone considerar las brechas de género y los riesgos asociados a su vinculación a economías ilegales. Las complejidades territoriales, como las que históricamente se han vivido en el Putumayo, hoy plantean diferentes retos que nos muestran que las realidades del campo colombiano se entretejen con condiciones históricas y estructurales que van más allá del Acuerdo de Paz. Estos retos exigen miradas profundas sobre las dinámicas sociales, culturales y económicas de regiones en las que las economías ilícitas son parte de la configuración social y territorial.

 

* Una columna en colaboración de Irina Cuesta y Eduardo Álvarez, también investigadores de la Fundación Ideas para la paz*

 

Por: GÉNICA MAZZOLDI

Investigadora de la Fundación Ideas para la Paz.

 

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.

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