Mujeres lideran la restitución de tierras en Colombia

julio 26 de 2019

La mayoría de peticiones de devolución de tierras provienen de hombres; sin embargo, ellas se han convertido en el eje del proceso. ¿Por qué? .

Mujeres lideran la restitución de tierras en Colombia

| El empoderamiento de la mujer ha sido un factor decisivo en el proceso de restitución de tierras en Colombia. URT, FAO y Cooperación Sueca reunieron a 50 lideresas con miras a la conformación de una red nacional de mujeres rurales que impulse cambios y procesos comunitarios, | Por: Johan Correcha/Semana


Por: Leonardo Numpaque Moreno
@leonumpaque

Aunque el desplazamiento forzado se ensañó contra la ruralidad en Colombia sin distingo de género, poniendo al país en los deshonrosos primeros lugares del mundo en ese flagelo, es innegable el papel protagónico que están teniendo las mujeres en procesos de retorno y restitución de tierras.

Las cifras dan cuenta de eso. Si bien ellas representan la minoría de las 121.876 peticiones que se han presentado ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) desde que la llamada Ley de Víctimas creó ese organismo en 2011, no es así si se revisan las 5.107 sentencias a favor, emitidas por jueces y magistrados de restitución.  

De los 10.073 casos en los que se ha decretado restitución, con corte a junio de 2019, el 52 por ciento son procesos en los que se le titula la tierra a una mujer, caso que refresca los diagnósticos de quienes han seguido de cerca el proceso.

Una de esas personas es Ivonne Moreno, especialista senior del Banco Mundial.  Ella explica que las mujeres han sido más vulnerables en escenarios de desplazamiento porque, aunque la Ley las reconoce como titulares de derecho, es común que sus nombres no aparezcan en las escrituras públicas.

De hecho, durante estos ocho años de ejecución de la Ley, expertos han podido detectar cómo en la cultura campesina el hombre, tradicionalmente, es el encargado de todo lo relacionado con el trabajo de la finca y de las decisiones económicas; es él quién sabe cuántas hectáreas tiene, qué y cómo se produce, dejando a la mujer las labores del hogar y la crianza de los hijos.
 

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La URT hoy cuenta con 553.000 hectáreas que espera entregar a través de las sentencias de jueces de restitución ©URT

A eso se suma que el conflicto armado en el campo hizo común la fotografía de vulnerabilidad y desigualdad de la mujer rural que pierde a su marido en la guerra y de manera abrupta se convierte en cabeza de familia y víctima al mismo tiempo. 

De ahí que la ley dispone que cuando el reclamo sea presentado por un hombre, las autoridades deben buscar siempre la titulación conjunta, es decir, la de él y la de su compañera. Eso ante la posibilidad de que, como único dueño de la tierra, el hombre despoje luego a su pareja.

No es la única talanquera que ellas han encontrado en el camino de la resiliencia. El desconocimiento del patrimonio familiar las ha obligado a reeducarse para tener más capacidades, entender sus derechos sobre la tierra y así encargarse de enfrentar el dolor de haber perdido a sus esposos y ponerse al frente de todos los temas de la finca.

Andrés Castro, director de la URT, afirma que el enfoque de género se está consolidando. “Desde la Unidad hay un acceso privilegiado para las mujeres, tenemos una ruta con un enfoque de género diferencial, que les permite a ellas casi que tener un tratamiento privilegiado, y tener un trámite mucho más expedito”.

Además, Castro agregó que la URT ha emprendido tareas de sensibilización sobre el enfoque de género a los funcionarios de la entidad, resaltando la importancia que tiene reconocer a las mujeres víctimas del conflicto armado a través de un trato diferencial.
 

En total la URT ha restituido 355.557 hectáreas a lo largo y ancho del territorio nacional ©URT

 

Críticas al proceso

El procedimiento de restitución se divide en dos etapas: administrativa y judicial. En la primera, las víctimas de despojo o de abandono forzado de sus predios desde el año 1991 hasta hoy solicitan a la URT la restitución, en cualquiera de las 27 sedes u oficinas de las Unidades de Víctimas, ubicadas en territorios donde el conflicto estuvo presente.

El director de la URT explica, que una vez recibida la solicitud, se verifica que los hechos relatados sean ciertos, mediante un análisis sobre cómo se dio el fenómeno de violencia de grupos armados en esa zona y si coincide con lo que la persona cuenta. Si el caso tiene mérito, se inicia una etapa probatoria para ir al terreno. En comités operativos locales de restitución, articulados con la fuerza pública, se establece en dónde se puede entrar y con base en eso la Unidad agenda la visita.

La URT hace el levantamiento catastral del predio, habla con la comunidad y con las autoridades y la información que se recolecta pasa a un expediente en el que se establece si el caso es o no inscrito para restitución. De ser positiva la respuesta, el proceso avanza a la etapa judicial, donde un juez en restitución de tierras da sentencia sobre la demanda.
 

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Las mujeres han transferido su liderazgo hogareño al plano comunitario, dando muestra de resiliencia y restauración. ©URT

Ahí aparece nuevamente el papel protagónico de ellas. Para entender mejor el alcance de las sentencias, y contando con el apoyo de la URT, señoras, niñas e incluso adolescentes conformaron cerca de 30 grupos denominados Núcleos de Exigibilidad de Derechos, en los que trabajan para articularse con las autoridades locales y ahondar en decenas de reparos al proceso.

Uno de ellos es la inscripción o no de las solicitudes. Es decir, la luz verde que le han otorgado las autoridades a un pequeño porcentaje de las peticiones. 

De las 72.525 solicitudes que han culminado el trámite administrativo desde el 2011, solo 25.549 han sido aprobadas. Las otras 49.976 no. Para Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, “parece que se hizo una política pública para rechazar solicitudes y no para aprobarlas”, dice. “Además esas solicitudes de rechazo no están siendo públicas, no sabemos las causas reales (del rechazo)”, agrega.

Esta perspectiva es compartida por la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ. Jhenifer Mojica, subdirectora de esta organización que representa los intereses de los solicitantes de restitución de tierras, afirma que en el informe ´Cumplir metas y negar derechos’ –que hizo esa organización–, la Comisión explica que el fenómeno de las negaciones es más un interés de la administración de la Unidad por cumplir los indicadores de gestión, presupuesto y financiación.

“Esa motivación de cumplir indicadores hace que pululen las resoluciones negativas de forma más que de fondo. De hecho, la URT no tiene idea de cuáles son las razones por las cuales negaron tantos casos”, asegura Mojica.

Esta abogada dijo que su despacho tiene un puñado de casos de negación documentados. “La URT llamaba a las víctimas para que adicionaran algo en su declaración y, si no atendían la llamada, la Unidad aplicaba una figura que se llama el desistimiento tácito, que implica una renuncia a la pretensión. Eso es totalmente arbitrario”.
 



Por su parte, el director de la URT explica la razón por la que la mayoría de solicitudes se han negado. “En el camino se han descartado muchísimos casos, cerca del 65 por ciento, básicamente porque no son de restitución. Desde la territorial, inclusive, determinamos que algunos casos podían ser de falsos denunciantes”, dijo. 

Añadió que en otras circunstancias se determinó que la reclamación era anterior al año 1991 (lo cual descalifica la petición) o tenían que ver con diferencias entre vecinos por linderos o sucesiones. Castro, no obstante, aseguró que los rechazos son una preocupación para la Unidad, y agregó que existe un equipo de abogados revisando el porqué no se registraron las solicitudes. Aceptó que pueden existir casos en los que la decisión fue mal tomada.
 

 

«En total, 72.525 peticiones finalizaron la etapa administrativa. De esas, 25.549 fueron aprobadas y 46.976 no»

 

¿Por qué tan pocas solicitudes?

Acorde con el Registro Único de Víctimas, en Colombia siete millones y medio de personas  fueron desplazadas, una cifra que dista abismalmente del número de personas que han solicitado restitución, un poco más de 122.000. ¿Por qué?

El director de la URT explica que si bien la cifra de desplazados en el país es mayor al número de solicitudes de restitución, dada la alta informalidad de la ruralidad colombiana, muchas de estas personas solo eran tenedoras de la tierra y no dueñas, razón por la que a ellas no se les puede restituir.
 


Por su parte, las organizaciones representantes de víctimas explican este fenómeno porque en Colombia no existen las condiciones de seguridad para hacer el reclamo de tierras. Sostienen estas fundaciones que gran parte de los líderes comunitarios han sido amenazados y otros asesinados por causas que tienen que ver con la restitución.

Jhenifer Mojica, de la CCJ, afirmó: “El 70 por ciento de las amenazas a líderes ocurren debido a causas relacionadas con tierras, eso quiere decir que no hay garantías”. Además, Gerardo Vega complementa que “si están rechazando el 65 por ciento de las peticiones de la gente, pues dicen 'yo mejor no voy, me quedo como estoy y no me arriesgo a que me maten’”.

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El conflicto armado hizo común la fotografía de vulnerabilidad y desigualdad de la mujer rural ©URT

Otra falla en el proceso suele ser atribuida a la falta de difusión de la política de restitución. Quienes la critican dicen además que las ubicaciones de las oficinas receptoras de las solicitudes están en cascos urbanos y la mayoría de solicitantes no viven ahí. Eso supone un gasto económico y de tiempo que en muchas ocasiones los campesinos no tienen cómo solventar. 

Sobre eso, Castro advirtió que la campaña para que la gente conociera la política fue grande y dio como ejemplo la estrategia de comunicación del pasado Mundial de Fútbol, en el que durante la transmisión de los partidos se pasó la información sobre el proceso de restitución, aprovechando el alto rating de este evento en el país.

Las organizaciones que representan víctimas resaltan la importancia de esta Ley en el camino hacia la paz. No obstante, coinciden en que las críticas que se hacen a esta política son con el fin de hacerla más constructiva, garantista y hacen un llamado al Gobierno para prorrogar esta Ley, ya que en los dos años que le quedan aseguran que no se van a solucionar los problemas que han detectado.

Como sea, es innegable que este proceso social que está viviendo el campo colombiano en los últimos años ha dejado frutos como el reconocimiento de la mujer como líder y representante de comunidades. Y es ella quien, en muchos casos, ha cumplido con la misión de sacar a sus vecinos de la condición de víctima, que es el gran objetivo de las políticas de restitución, reparación y no repetición.  

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