¿Qué tan cerca está el Caquetá de acabar con la hoja coca?

“Si se acaba la coca, esto se va a volver un mierdero”, señaló María, campesina del caserío de San Isidro, en el Caquetá. La firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos en el Teatro Colón de Bogotá estableció una estrategia para la sustitución de la coca en Colombia, que empezó a implementarse en los territorios cocaleros del país, entre ellos Caquetá. Un año y ocho meses después de la firma de los acuerdos y tras las jornadas electorales legislativas y presidenciales, ¿qué ha ocurrido con el programa de sustitución?

Primero, un poco de contexto

“Llegó el momento de analizar si lo que hacemos en materia de lucha antidrogas es lo mejor o buscamos una alternativa más efectiva y menos costosa”, señaló Juan Manuel Santos ante Barack Obama en la Cumbre de las Américas de 2012. Posteriormente, la ley de la legalización de la marihuana medicinal abrió puertas a nuevos mercados en Colombia y diferentes actores globales como la Asamblea de las Naciones Unidas (UNGASS), de 2016, daba pequeños pero importantes pasos para la regulación de otras drogas.

No obstante, la sustitución de coca ha sido una de las estrategias para el ataque a la oferta en el marco de la política prohibicionista de drogas y es la base de lo firmado en el Acuerdo de Paz.

Es importante reconocer que esta última estrategia de sustitución de coca avanza en comparación con las anteriores estrategias. De un lado, exige la reforma a la ley 30 de 1986 para introducir el tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores y cultivadoras. También establece como base la participación activa y efectiva de los hombres y mujeres de los territorios cocaleros en el diseño y ejecución de los proyectos de vida dignos y planes de desarrollo, basados en el Plan de Acción Inmediata (PAI) y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA). Y por último, esta estrategia reconoce que la sustitución de coca solo se logra a través de la transformación del campo, lo que implica su articulación con la Reforma Rural Integral (RRI). Materializar estos principios ha sido el reto del último año y ocho meses en el Caquetá.
 

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Tratamiento penal diferencial

“Este proyecto de tratamiento penal diferencial va en contra de los acuerdos, de lo que se ha firmado entre las
Farc y el Gobierno y en contra del mismo pueblo, porque lo que requiere es meter y encarcelar más cultivadores como narcotraficantes”, dijo un representante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) del Cauca en una audiencia pública organizada el pasado abril en el Congreso de la República, refiriéndose al más reciente proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Justicia.

Las críticas principales apuntan a que el proyecto no tiene en cuenta todas las personas que participan en el cultivo, como recolectores, procesadores o transportistas; y a que solo hace cambios en el artículo 375 del código penal, lo que deja por fuera el 377 y el 373, por los que también están en la cárcel personas involucradas en la producción de ilícitos. Además, mientras en anteriores oportunidades los campesinos discutieron con el Gobierno considerar a los pequeños cultivadores como aquellos que tenían menos de 6 hectáreas, luego esta cifra disminuyó a 3.8. Sin embargo, el proyecto de ley considera que debe ser 1.7.

Aunque es un tema central en la agenda de sustitución de hoja de coca, un año y ocho meses después no ha sido consensuada ni hecha efectiva la reforma necesaria para eliminar las penas a cultivadores de coca y reconocer esta actividad como un ‘delito de pobreza’. Esto genera gran incertidumbre en quienes se inscribieron en el programa de sustitución en el sur del país. 

Coca caqueteña: pocas hectáreas pero mucha gente

El área usada para el cultivo de coca está concentrada en cuatro municipios: Cartagena del Chairá, La Montañita, El Doncello y Puerto Rico. Esta actividad produce los ingresos de los que dependen directa o indirectamente una significativa parte de la población de estos territorios.

El dato consolidado del Programa de sustitución de cultivos ilícitos en el departamento habla de 9.366 hectáreas cultivadas, información basada en las personas inscritas. Esto contrasta con las 46.000 dedicadas a la agricultura en el Caquetá de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2014.

El CNA indica que los trabajadores permanentes en el área rural de la región alcanzan los 46.000, de los cuales 14.000 son mujeres. Calculando el número de inscritos en el programa de sustitución, da un total de 11.801. Si comparamos con las unidades agrícolas productivas censadas, estaríamos evidenciando que los cocaleros llegan a la cuarta parte de los trabajadores permanentes en el área rural dispersa.

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No es sustituir o erradicar: es transformar

El Caquetá es una tierra sin alimentos. La insuficiente soberanía alimentaria es resultado del modelo pecuario extensivo y de las economías de la coca en el departamento, donde el área para la ganadería duplica el área dedicada al sembrado de hortalizas, frutas, legumbres y otros productos.

Este modelo atenta contra la soberanía alimentaria del departamento. El efecto se refleja en la dependencia a las desiguales condiciones del mercado de la leche y la carne, en la praderización del paisaje y la dieta campesina sobrecargada de azúcares y carbohidratos a falta de verduras, frutas y agua potable en áreas rurales sin acceso a la electricidad, sin posibilidad de electrodomésticos y refrigeración. Adicionalmente, existe un restringido acceso al dinero en los territorios cocaleros donde se produce pasta base. Esto provoca que las familias campesinas compren alimentos a precios inflados.

El área de producción agrícola es dedicada principalmente al cultivo de yuca, chontaduro, plátano, caña (para fabricar panela y azúcar), maíz amarillo y arroz, siembras que representan en total el 1,9 por ciento del área cosechada a nivel nacional y el 0,9 por ciento de la producción agrícola del país. Ante 7 millones de hectáreas de área rural dispersa en todo Colombia, Caquetá representa el 7 por ciento y el 3 del área agropecuaria. Los datos de producción están por debajo de lo esperado. La cuestión rural, más que la sustitución, es hacer de la región un lugar soberano en términos de cultivo y consumo de alimentos.

No obstante, la política de transformación rural ha estado opacada por el discurso de la erradicación. Ambos han hecho que la construcción de la paz y la implementación de programas enfrenten varias complicaciones.

Por un lado, la participación va lenta. El primer paso para el comienzo del proceso de sustitución fue la firma de los Planes de Acción Inmediata (PAI) o acuerdos voluntarios, donde la comunidad se comprometía a reemplazar la coca a cambio de unas tareas que el Gobierno adquiría en términos de atención a niños y niñas, adultos mayores, brigadas de salud, seguridad alimentaria, huertas caseras y obras de infraestructura menores, entre otros.

La firma de estos acuerdos fue el primer quiebre en el principio de la participación en el punto 4 de los acuerdos (solución al problema de las drogas ilícitas), cuando las comunidades en diferentes municipios como San José del Fragua y Curillo denunciaron presiones, engaños y amedrentamiento por parte de la Fuerza Pública y el programa de sustitución en la redacción y firma de estos textos. Lo que debió ser un proceso pedagógico y de articulación de intereses se convirtió en un ejercicio vertical de imposición de acuerdos.
 

Pero no todo es negativo. En estos últimos meses se crearon los comités de planeación participativa y los consejos de seguimiento y verificación que incluyen a los representantes de núcleos –la unión de juntas de acción comunal campesinas– de los diferentes municipios, a las autoridades locales y al partido de la Farc. Poco a poco se están consolidando como los espacios de discusión y resolución de conflictos en el marco de este proceso.

La queja más recurrente de las organizaciones campesinas es su enorme desgaste, porque son ellas las que han sostenido económicamente su participación en socializaciones, talleres y espacios decisorios. Y ahora sin coca, los ingresos son menores. Un dirigente de sustitución señaló: “Nosotros hemos hecho todo el trabajo, el de socialización y el de caracterización. El Estado no ha hecho ninguna remuneración, no ha existido ningún apoyo económico”.

Otra inconformidad es que a medida que se va implementando los acuerdos, no se ha realizado ninguna rendición de cuentas por parte del Gobierno y sus contratistas ante las comunidades y la cooperación internacional que aporta en el fondo para la paz.

La legitimidad del Estado, en veremos

Uno de los principios de los acuerdos de paz fue la construcción de confianza y legitimidad entre los actores. La erradicación de coca, particularmente en veredas que habían firmado la sustitución, debilitó la construcción de confianza entre las autoridades estatales y las comunidades rurales. En vez de mejorar, las relaciones se deterioraron y la desconfianza persistió. Por ejemplo, Nelly Luna, una dirigente campesina que participó en un ‘cerco humanitario’ fue encarcelada por presunto secuestro extorsivo de 14 policías dedicados a quitar a la fuerza los ilícitos. La Fiscalía busca más personas que participaron en esa acción. En Curillo, alrededor de 300 familias están siendo parte de un proceso de extinción de dominio al ser acusadas de resiembra después de que el Ejército tomara sus coordenadas en medio de una tarea de erradicación forzada hecha parcialmente por ellos.

Los problemas de erradicación lograron mitigarse por el acuerdo de respeto a los documentos de voluntariedad firmados entre el general César Augusto Parra, comandante de la Sexta División del Ejército, y las organizaciones campesinas. No obstante, en marzo pasado se llevaron a cabo unas erradicaciones en San José del Fragua, las cuales reactivan el temor de las comunidades al no tener claro bajo qué criterios se decide cuáles lugares intervenir, por ejemplo.

A finales de 2017 se terminaron de inscribir los cocaleros del Caquetá al programa de sustitución y este año esperan los pagos, que ya se han hecho en La Montañita, Paujil, El Doncello, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y San José del Fragua. Las verificaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han sido efectivas en 6.226 hectáreas y se contrataron dos asociaciones - ASOES en Puerto Rico y ASOPANELA en La Montañita - para proveer la asistencia técnica. En el caso de San José del Fragua, el municipio está en proceso de seleccionar la asociación encargada.

Actualmente se viven momentos de enorme incertidumbre. Hay actores no identificados que empiezan a amenazar a líderes por su apuesta en la sustitución y el mercado de la cocaína ya se está reestructurando en nuevas cadenas tras la salida de las Farc de la región. Además, hay preocupación de que el programa de sustitución se limite a la transferencia de dinero a las familias, sin inversión social que permita la superación de los obstáculos para la producción rural.

El presidente electo Iván Duque tiene en sus manos la política de sustitución a la que funcionarios y familias campesinas le han apostado, con dificultades pero que ya marcha. La permanencia de los equipos de trabajos y de la estrategia, además la seguridad jurídica de miles de excocaleros que han dado su información personal, contrasta con la amenaza de un gobierno que planeta reactivar las fumigaciones, promover la represión sobre estos territorios y volver a la guerra que no extrañan los caqueteños.