Ley de compras públicas: ¿es esta la oportunidad del campo?

febrero 04 de 2020

Un proyecto de ley busca darle más participación a la agricultura familiar y menos a los intermediarios en los alimentos que compra el Estado.

Ley de compras públicas: ¿es esta la oportunidad del campo?

| Abriendo Mercados para la Agricultura Familiar | Por: FAO PMA EMBAJADA DE BRASIL APC


Por: Natalia Prieto C
@NataliaPC_

Un estudio de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) indica que el mercado especializado en atender las necesidades de compra de las Entidades Estatales en Colombia está avaluado en cerca de 2,5 billones de pesos anuales. La cifra se divide entre el Ministerio de Educación, con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), los programas del ICBF y el sistema penitenciario y carcelario. También hacen parte del listado las Fuerzas Armadas, programas departamentales, hospitales, universidades y, en general, todas las entidades que se financian de recursos públicos para la compra de alimentos.

Aunque la agricultura familiar produce el 70 por ciento de los alimentos del país, según la FAO, apenas el 3 por ciento se comercializa sin intermediarios. Los pequeños campesinos no están familiarizados con el mercado en las ciudades. Por esta razón el proceso de venta es complejo. 

Por ejemplo, un pequeño productor de papa suele vender sus productos antes de que sean recolectados. En su propia finca el primer intermediario compra la cosecha a precios bajos. En un segundo momento, ese primer intermediario vende la papa a una empresa local que luego la comercializará en una central de abastos. Finalmente, el operador de un programa, como el PAE, comprará el producto a la central de abastos a un precio hasta tres veces mayor que el inicial.

Durante esta cadena de compra y venta, hay hasta siete actores que interrumpen los procesos de contratación directos y reducen el ingreso de los campesinos, quienes venden el producto a un precio inferior al que paga el Estado.

Para cambiar esta problemática, se conformó la Mesa Nacional de Compras Públicas, en la que participan entidades como la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, que tiene competencia para fomentar la economía social y solidaria, el ICBF y las Fuerzas Armadas, entre otros actores. También figuran entidades del Gobierno que contribuyen a fortalecer las capacidades de producción de esas organizaciones, como el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio, el Invima y algunos entes territoriales.

El objetivo de esta mesa es promocionar las compras públicas directamente a los  pequeños productores y asociaciones campesinas. Para lograrlo, desarrolla una estrategia de cinco fases en los territorios rurales del país. La primera se enfoca en dar a conocer el proyecto a los productores. En la segunda, la mesa realiza el enlace con las autoridades interesadas en comprar, mientras entidades como el Invima capacitan a los agricultores. En la tercera fase se prepara una rueda de negocios en la que se socializa la metodología con las organizaciones. En las dos últimas fases, los operadores de programas o instituciones como el PAE y el ICBF negocian con los productores.

smileyCortesía FAO Colombia. 

Primera Rueda de Negocios de Compras Institucionales de la Región Central y FAO Colombia. 

Entre 2017 y 2019, la estrategia se desarrolló en 26 departamentos y tuvo la participación de 1.200 operadores y 1.300 organizaciones. Se firmaron 1.039 acuerdos de compra. La idea es fomentar estos procesos para que se desarrollen desde los territorios y sin la intervención de un agente externo.

«En los últimos tres años, se ha logrado conectar a organizaciones y productores con empresas en 23 departamentos del país, que han generado acuerdos de venta por más de once mil millones de pesos. Así se ratifica que la compra pública es un mecanismo que permite incluir a los pequeños productores, reducir la pobreza y generar ingresos» 

Dice Marcos Rodríguez, especialista senior en agricultura familiar y mercados inclusivos de la FAO.


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Los beneficios

Esta iniciativa busca que los campesinos se integren a un mercado formal, puedan registrarse ante las entidades correspondientes, obtengan seguridad en sus ingresos y reciban una asistencia técnica que les permita mejorar su producción, calidad y productividad.

El principal beneficio para el Estado es que los recursos invertidos se quedan en el lugar que los produce. Así se fomenta el empleo y se dinamiza la economía local.

Los beneficios llegan también a los consumidores finales, que obtienen alimentos más frescos. La idea es que entidades oficiales incluyan en su oferta los productos de temporada de cada territorio para ayudar a preservar recetas y alimentos tradicionales.

 

 

¿En qué va el proyecto de ley?

El objetivo principal de esta iniciativa es que los procesos sean sostenibles y los gobiernos locales los apliquen. La ley busca generar condiciones de pago que favorezcan a los pequeños productores y sumarlos a una base de datos que permita conocer sus servicios.

El proyecto de ley 139 de 2018 pasó los dos debates en Cámara de Representantes y fue aprobado por unanimidad. Actualmente cuenta con un ponente en el Senado y se espera que antes del 20 de junio la Cámara alta los apruebe.

Países como Uruguay ya han implementado este modelo. En ese país, la ley obliga a que el Estado compre todos los productos a la agricultura familiar campesina. Paraguay y Guatemala también tienen una legislación al respecto.

En Colombia existen diferentes precedentes a esta iniciativa. El primero se incluye en el punto uno del Acuerdo de Paz, que plantea el Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina Familiar y Comunitaria. El punto presenta la necesidad de establecer mecanismos de compras públicas que dinamicen la economía campesina local. 

El Ministerio de Agricultura emitió la resolución 464, que plantea lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina familiar y comunitaria. Uno en específico se basa en compras públicas rurales. Otra resolución, la 06 de 2020, apoya la estrategia propuesta en el Acuerdo de Paz.

El capítulo Campo con Progreso del Plan de Desarrollo Nacional hace mención a las compras públicas para la Agricultura Campesina Familiar Comunitaria.

Los estudios de la FAO, así como el éxito de iniciativas similares en otros países, indican que es necesario un cambio en el mercado para que los campesinos colombianos puedan competir de manera equitativa y contribuir al desarrollo del campo colombiano. 


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