Líderes rurales se manifiestan en contra de la erradicación forzada

junio 08 de 2020

Lo hicieron en un conversatorio vía Facebook para analizar y debatir la política antidrogas actual .

Líderes rurales se manifiestan en contra de la erradicación forzada

| Los panelistas estuvieron de acuerdo en que la mejor ruta para combatir los cultivos ilícitos es cumplir con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS | Por: Archivo Semana


Por: SEMANA RURAL
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La llegada de los militares estadounidenses al país agregó otro punto al tema del la erradicación forzada. La militarización y las deudas que tiene el Estado con los campesinos que cultivan coca o marihuana fueron algunos de los puntos tratados en el conversatorio Política antidrogas y aspersión con glifosato en Colombia, organizado por la Asociación Minga.

 

El encuentro contó con la participación de Robert Daza, coordinador nacional agrario; Pedro Arenas, de la Corporación Viso Mutop, y Pilar Ramos, de la Asociación Minga y moderadora del evento.

 

Según cifras compartidas por Arenas, hay registro de 197 agresiones contra líderes campesinos y 47 asesinatos. Para él, el problema del microtráfico y los cultivos de uso ilícito no implica solo a los campesinos que, debido a la falta de otro sustento económico, se dedican a estas labores sino que se también deben perseguir a las redes que se lucran de tales actividades. “El campesino no siembra coca porque le gusta, siembra porque la política agraria sólo favorece a los grandes productores. Las comunidades no necesitan militarización sino inversión social y respeto pleno a sus derechos”, dice Arenas.

 

 

 

 

La guerra contra las drogas, en vez de proteger los cultivos nacionales, se enfoca en atacar a los actores más desfavorecidos de la cadena comercial: los pequeños productores. A pesar de los programas de sustitución voluntaria, las garantías ni los beneficios no se perciben. Todo lo contrario: continúa la persecución, los ataques y la violencia indiscriminada contra los campesinos. Así lo afirma Pilar Ramos: “La política antidroga está supeditada a políticas e intereses externos. El problema de las tierras significa un problema con el conflicto. Esta raíz no la atiende el gobierno actual, que desconoce las luchas campesinas, indígenas y afro que se dan en el territorio. Por el contrario, reprime y culpa al pequeño productor, persiguiendolo y judicializándolo”

 

Por su parte Robert Daza, líder campesino del Comité de Integración del Macizo Colombiano, no cree que la verdadera misión de las tropas estadounidenses sea apoyar los procesos de erradicación. Considera que detrás de su llegada al país hay intereses políticos relacionados con Venezuela y el dominio norteamericano: “La política antidrogas -cuenta Daza- también ha afectado mucho al campesinado: en nuestro derechos, en nuestro trabajo… No hay voluntad política para acabar con el narcotráfico.” 

 

De igual manera, en el conversatorio se mencionó la importancia de denunciar cada hecho violatorio ante los entes de control, así como de usar las herramientas judiciales, como la tutela, para hacer incidencia políticaHay que hacer autogestión. No se puede esperar a que el Estado llegue, muchas veces las mismas comunidades deben ir a la acción”,  afirma Pedro Arenas.

 

 

 

 

El Ejército atribuye los enfrentamientos producidos en las zonas rurales a las presiones que ejercen los grupos armados sobre la población. Luego de enfrentamientos el 26 de mayo y el 04 de junio en sur del Meta, el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega expresó en un comunicado oficial: “Cabe recordar que los pobladores de la región adelantan esta acción hacia las tropas, bajo la presión ejercida por los alias Gentil Duarte, Maneto, Leopoldo, integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, (GAO-r), Estructura Séptima”.

 

Sin embargo, para líderes como Noraldo Díaz, Secretario de tierras del Coordinador Nacional Agrario (CNA), la llegada del Ejército ha traído graves afectaciones para los campesinos: “Justo en este momento en el que el Gobierno debería ofrecer unas políticas públicas acordes a las necesidades del campo, unas salidas para llevar alivio a los campesinos y campesinas lo único que les llevan es plomo, muerte, amenazas, estigmatización”, dice Díaz.

 

Con respecto a las conclusiones, los panelistas estuvieron de acuerdo en que la mejor ruta para combatir los cultivos ilícitos es cumplir con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS y el punto 4 del Acuerdo de Paz. 

 

 


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Según la campaña "Rostros que siembran", que presentó este año la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia (COCCAM), la ONG Christian Aid y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, son más de 230 mil familias campesinas, indígenas y afrocolombianas las que dependen del cultivo de coca como principal medio de sustento económico. Luego de la firma del Acuerdo de Paz, unas 130 mil familias se acogieron al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) como alternativa a la erradicación.

 

Sin embargo, las organizaciones civiles denuncian un abandono institucional del PNIS. Según Daza, “los líderes comunitarios se echaron al hombro la pedagogía del PNIS y del programa de sustitución de cultivos. Como el Gobierno no está cumpliendo con las medidas de seguridad, ni con el avance en los procesos productivos, ni con los desembolsos prometidos para los campesinos, ahora la misma comunidad culpa a los líderes”.

 

El rechazo a la erradicación es muy fuerte en algunas comunidades donde los cultivos son su única fuente de ingresos y no hay otra alternativa, pues dejar de sembrarlos significa poner en peligro su seguridad alimentaria. Los líderes territoriales siguen esforzándose para traer soluciones que beneficien a los pequeños productores: “Continuamos buscando una interlocución con otras personas, como senadores y organizaciones que tienen conocimiento  sobre este tema, para que ayudemos a campesinos y campesinas que tienen cultivos de uso ilícito y que tuvieron que acudir a estas plantaciones debido al completo abandono estatal y a la falta de políticas que garanticen su dignidad”, dice Daza.

 

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