Líderes sociales y comunitarios del Caguán, en alerta por amenazas

febrero 17 de 2019

Quienes defienden los intereses los barrios y veredas de este municipio del Caquetá están siendo intimidados por bandas criminales y las disidencias de las Farc.

Líderes sociales y comunitarios del Caguán, en alerta por amenazas

| En el municipio hay una disputa por el narcotráfico, el control de tierras sin titulación y otros negocios ilegales que provocan la deforestación. | Por: Ronny Pérez


Por: Gerardo Quintero
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Herson Lugo no camina solo por las calles de San Vicente del Caguán desde hace dos años. Dejó de frecuentar algunos sitios públicos y abandonó uno de sus mayores placeres: pasear por las zonas rurales del segundo municipio más importante del Caquetá, con una población cercana a los 70.000 habitantes. Tomó estas precauciones luego de recibir amenazas por su labor como líder social. “Es mejor así, que poca gente sepa dónde está uno, para seguir haciendo nuestro trabajo”.

Caguán Vive, la organización defensora de derechos humanos que dirige Lugo, ha presenciado cómo en los últimos cuatro meses se incrementaron las amenazas contra los líderes sociales, comunitarios y campesinos de la región. En diciembre fue asesinado José Ignacio Gómez Ávila, uno de sus integrantes y comerciante del pueblo, junto a la psicóloga Viviana Muñoz, quien trabajaba con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización como facilitadora en el proceso con los excombatientes de las Farc. La situación tiene en alerta a todos los sectores y las precauciones se redoblaron.
 

Viviana Muñoz y José Ignacio Gómez Ávila fueron asesinados el pasado diciembre en San Vicente del Caguán. © ILUSTRACIÓN: RONNY PÉREZ.
 


La paz que anhelaban los habitantes del Caguán después de los acuerdos entre el gobierno y las Farc llegó a medias. Hoy el pueblo es escenario de una disputa que involucra bandas criminales, delincuencia común y disidencias de las Farc. ¿Qué se pelean? El narcotráfico y los cultivos ilícitos, el control de tierras sin titulación y otros negocios ilegales que provocan la deforestación. “Además, en el territorio ha existido un grado de señalamiento desde hace muchos años y eso generó un estigma también para el Caguán”, remarca Lugo.

Fue justamente en el Caguán, en la zona rural, donde las Fuerzas Militares dieron de baja recientemente a ‘Rodrigo Cadete’ y trece de sus hombres. Este exintegrante de las Farc que rechazó el proceso de paz comandaba una de las disidencias que pretende mantener el control del corredor entre los cultivos ilegales, los laboratorios para la producción de cocaína y la comercialización hacia los mercados internacionales. No hay que olvidar que la extensa geografía del Caguán lo hace un espacio natural que conecta fácilmente con los departamentos del Meta, Huila y Amazonas.
 

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“Estamos en una paradoja: vivimos en uno de los municipios más inseguros de Colombia, pero también en uno de los más militarizados. Tenemos una de las tasas de homicidios más altas del país, con dos o tres personas asesinadas por semana. Es una situación muy compleja que ni siquiera el alto número de militares ha podido controlar”.

Herson Lugo, líder social.


 

Las JAC, también en riesgo

Edilma Cruz, presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Caguán (Asojuntas), corrobora la inseguridad en el municipio. Desde comienzos de este año, la líder comunitaria denunció que se están produciendo amenazas contra los presidentes de las juntas. Incluso varios de ellos renunciaron a sus puestos. “Las cosas están muy calientes. Ahora parecen más calmadas, pero no dejan de existir presiones y preocupaciones”.

Justamente las intimidaciones a los integrantes de las juntas de acción comunal fueron advertidas por la Defensoría del Pueblo, que en un informe indicó: “El rol que han jugado las juntas como instancia de participación, de regulación de la convivencia comunitaria, de mediación con las instituciones públicas, e incluso de interlocución con actores armados, ha situado a los líderes comunales en una posición que los hace altamente vulnerables a las presiones e intimidaciones de los actores que pretenden intervenir en las dinámicas locales y en el acceso y distribución de los recursos públicos”.
 

Al menos 18 miembros de juntas de acción comunal del Caguán han recibido amenazas entre 2016 y 2018. © ILUSTRACIÓN: RONNY PÉREZ.
 


De acuerdo con las cuentas de la presidenta de Asojuntas Caguán, que reúne a más de 250 delegados del pueblo, desde el 2016 fueron amenazados 18 miembros. Y tan solo en los dos primeros meses de este 2019, seis líderes comunales han desistido de seguir en sus cargos por las presiones de grupos armados no identificados y también por la disidencia de las Farc que quieren convertir a los dignatarios de las juntas en ‘mandaderos’. Les piden que convoquen a la comunidad, que les entreguen razones, que les exijan vacunas. “Hay mucha presión de ese tipo para obligarlos a decirle cosas a la comunidad. Lo que pedimos es que nos respeten el derecho a ser líder”.

Hay otros casos, recuerda Edilma, como el del presidente del caserio Guacamaya que fue amenazado a través de panfletos firmados por ‘Águilas negras’, pero quien después de poner la denuncia prefirió irse de la región. Ella, por su parte, ha tenido suerte, pues no ha sido amenazada. “Yo salgo al campo, hago reuniones, mantengo integrada en las reuniones, pero eso sí, no me inmiscuyó en temas que no me competen, solo lidero proyectos que vayan en beneficio de las comunidades, pero no me meto en política o temas que no me corresponden”.

 

Varios líderes sociales y comunitarios del Caquetá apoyan el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Esto los ha puesto en riesgo. © ANDRÉS CARDONA.
 


Las razones de la violencia

Gustavo Ulcué, integrante e investigador de la organización Somos Defensores, advierte que la situación de inseguridad para los líderes sociales, comunitarios y campesinos del Caquetá y concretamente del Caguán se agravó en 2018. El año pasado se contabilizaron diez asesinatos de líderes en el departamento, y de estos tres ocurrieron en San Vicente del Caguán. Los crímenes, de acuerdo a Ulcué, han generado la sensación de desamparo entre los habitantes de la región.

El investigador de Somos Defensores encontró dos aristas que explican el aumento de la violencia contra los líderes del Caquetá. Por un lado, las presiones que ejercen las disidencias de las Farc sobre la población. “Tenemos un caso específico de un líder comunal del Caguán que se llamaba Eduardo Herrera, fiscal de la junta de acción comunal de la vereda Las Delicias. Él estaba en el programa de sustitución de cultivos ilícitos y las disidencias le pidieron que cobrara el pago de las extorsiones que les hacían a los beneficiarios el programa. Eduardo se negó y lo mataron”.

Por otra parte están los enfrentamientos que se producen entre todos los grupos criminales por el control territorial de las veredas, claves para garantizar las rutas del narcotráfico. Los líderes quedan en la mitad de esta disputa. Ulcué asegura que de los diez asesinatos del año pasado, seis ocurrieron en estas circunstancias.
 

Entre las medidas de seguridad que han adoptado los líderes sociales del Caguán está evitar sitios públicos. © ILUSTRACIÓN: RONNY PÉREZ.
 


Camilo Escudero, integrante del Comité Permanente de Derechos Humanos en el Caquetá, explica que el anhelo de paz en el territorio no se está materializando de ninguna forma en esta región y por el contrario lo que se están evidenciando son más homicidios y confrontaciones. “La lectura del Caquetá es muy compleja, en cualquier momento revienta feo, puede pasar lo que está sucediendo en otras regiones del país. La gente tiene ganas de trabajar, pero hay mucho miedo de seguir enarbolando la bandera comunitaria”, dice.

Este defensor de los derechos humanos recuerda que en noviembre pasado se realizó un foro en Florencia en donde pudo constatar el temor que hay entre los líderes sociales por las amenazas que están profiriendo especialmente desde las disidencias de la guerrilla.
 

“Los líderes sociales en riesgo no tenemos protección por parte del Estado. Nos sentimos expuestos a todos los factores de violencia en los que intervienen actores armados irregulares, intereses socioeconómicos y posicionamientos sociopolíticos”, afirma Herson Lugo, quien espera que su organización no naufrague en el camino para mejorar la calidad de vida en el Caguán.

 


La respuesta del gobierno

Con la presentación de la nueva política de defensa y seguridad, el gobierno Duque espera articular más los esfuerzos para garantizar la seguridad en los territorios del posconflicto. Uno de los aspectos claves es la protección de líderes sociales a través del Plan de Acción Oportuna (PAO), que fue lanzado en noviembre del 2018 y está compuesto por cuatro ejes estratégicos: 1) articulación y reingeniería institucional, 2) actuación estratégica en el territorio, 3) estrategia de comunicaciones y capacitación, 4) formulación de política pública de prevención y protección integral.

 

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Para la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, este es el camino indicado para lograr la meta de que no haya más asesinatos de líderes sociales. Con el PAO se han recorrido los municipios en donde hay mayor riesgo, y se trabaja con base en las 31 alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo ha emitido para articular esfuerzos con los entes territoriales, las organizaciones sociales y las demás entidades responsables de este tema.

 


Este artículo fue publicado en la edición 1920 de la revista SEMANA


 

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