abril 27 de 2018

Lo que falta para garantizar la verdadera protección de la naturaleza en Colombia

Por: CJIDN

Una cosa parece cierta: en Colombia estamos en la vía del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Esto no solo ha pasado con el río Atrato, sino además con todo un ecosistema, la Amazonía colombiana. Pero un análisis detallado de las decisiones jurídicas de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional muestra que todavía hay mucho que hacer para lograr que se garantice su verdadera protección.

La decisión en el Atrato fue tomada debido a la crisis ambiental que atraviesa el cuerpo de agua. El río es parte esencial de la vida de las comunidades chocoanas. La mayoría de trabajos cotidianos y fuentes de ingresos provienen de allí. Pero algunas actividades como la minería contaminan el Atrato, que ha terminado por afectar la salud de los chocoanos que pescan su comida.

Por esta razón, la Corte Constitucional reconoció que debía protegerse el río para poder proteger los derechos bioculturales de la población afrodescendiente del Chocó que estaban siendo vulnerados. En otras palabras: este tribunal reconoció esa relación estrecha entre la cultura de esta región y la naturaleza.

De esta forma, el Atrato se convirtió en el primer río del país en tener derechos y en tener un grupo de guardianes encargados de su tutela. Estas personas son representantes reconocidos por la comunidad, capaces de sentir, de comprender, de conocer la historia. Capaces de hablar en nombre y por el río, por sus afluentes, y por todo lo que vive a su alrededor.

En el caso de la Amazonía colombiana, la Corte Suprema de Justicia decidió reconocer todo el ecosistema como sujeto de derechos y ordenó la creación de un pacto intergeneracional por la vida de las amazonas colombiano (Pivac). Esta medida obedece a que no hay duda de que este ecosistema –reconocido como ‘el pulmón del mundo’– atraviesa una de las crisis de desforestación más graves de su historia.

Con esta decisión, el máximo tribunal no solo pretende garantizar los derechos de las poblaciones actuales, sino fundamentalmente los de las generaciones futuras. Esta es prácticamente la primera disposición a nivel mundial que reconoce este argumento.

Pero más allá de aplaudir estas dos decisiones que, a simple vista, parecen estar reconociendo a la naturaleza como sujeto de derecho, es necesario hacerse algunas preguntas. ¿Por qué vincular la protección del ecosistema al reconocimiento, por un lado, de un derecho biocultural y, por otro, al derecho ambiental de las generaciones futuras? ¿Por qué no reconocer simplemente los derechos de la naturaleza?

Ambas decisiones apelan a la idea de la naturaleza como persona jurídica, reconocen los derechos del Rio Atrato y de la Amazonía, pero no se pronuncian directamente sobre la importancia de reconocer el valor autónomo de la naturaleza. Esto significa que aún seguimos vinculando el perjuicio de la naturaleza al hombre.

No reconocer el carácter independiente de la naturaleza muestra que a pesar de que todavía nos queda camino por recorrer para asegurar la verdadera protección de la naturaleza en el sistema jurídico colombiano. Continuamos teniendo una visión antropocéntrica, que es la misma visión con la que se han desarrollado casi todos los instrumentos de protección nacional e internacional, y que han sido señalados como ineficaces para resarcir los perjuicios a la naturaleza.

La Corte Constitucional aún tiene la oportunidad de realizar una eventual revisión de la decisión de la Corte Suprema, y unificar los criterios. Tal como lo hizo Nueva Zelanda que, en el propio acto legislativo, no solo reconoció los derechos, sino además reglamentó de manera detallada el funcionamiento del mismo.

Pero igualmente, otros actores que inciden en el perjuicio a la naturaleza también tienen una serie de retos por delante. La sociedad, por ejemplo, debe dejar de verse como víctima y comenzar a reconocerse como un guardián de la naturaleza capaz de ver el verdadero daño de sus acciones.

Implica también un reto para las ONG y los diferentes organismos del Estado, los ministerios, los entes territoriales y las entidades descentralizadas que tienen a su carga la obligación de informar sobre la importancia de reconocer que la naturaleza tiene derechos, y que es necesario asegurar su verdadera protección.

El objetivo es que se creen estrategias para enfrentar los problemas serios del cambio climático y la contaminación de los ríos. Y esto no debe hacerse desde una visión que se limita a proteger a la naturaleza por los perjuicios que le produce al hombre su destrucción, sino más bien desde una mirada que lo ve como un sujeto más del ecosistema. 

 

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YENNY VEGA CARDENAS |

NATHALIA PARRA MEZA |

Abogada, investigadora Université de Montreal. Cofundadora y Presidenta del International Legal Center For Nature’s Rights (CJIDN por sus siglas en francés).

Abogada, investigadora Université de Montreal. Cofundadora y vice-présidenta del International Legal Center For Nature’s Rights (CJIDN por sus siglas en francés).


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