Los excombatientes del país le siguen apostando a la paz

junio 16 de 2020

Aunque no niegan su temor frente a los asesinatos que están ocurriendo, siguen trabajando desde los territorios para sacar adelante a sus comunidades .

Los excombatientes del país le siguen apostando a la paz

| Los proyectos productivos han servido para recibir ingresos y autoabastecerse dentro de las comunidades | Por: Cortesía José Esteban Tapasco


Por: Tannia Ardila
@tanniamarcela1

 

“Soy consciente de que en el pasado, queriendo hacer las cosas bien, hicimos cosas no muy buenas. Nuestro compromiso es la no repetición de los hechos. Sabemos que las heridas son inmensas”, cuenta Esteban Tapasco, excombatiente, líder y representante legal de la Cooperativa Coomipaz. Como él, varias personas en proceso de reincorporación desarrollan proyectos que les sirven como fuente de ingresos y, a la vez, son el principal medio para lograr la reconciliación. 

 

Precisamente la palabra “reconciliación” es la que mejor describe cuanto se adelanta en la finca La Pangola, en donde víctimas del conflicto armado y excombatientes conviven y trabajan dentro un resguardo indígena. Quienes en el pasado fueron víctimas y victimarios, hoy luchan por salir adelante en el mismo territorio ancestral.  

 

Son 32 excombatientes, 29 hombres y 11 mujeres, y 8 personas víctimas del conflicto quienes se pusieron de acuerdo para asociarse bajo la Cooperativa Multiactiva Indígena para la Paz (Coomipaz). 

 

Todos son indígenas Embera Chamí y están ubicados en el Resguardo Cañamomo Lomaprieta, a unos 30 minutos de la cabecera municipal de Riosucio Caldas. Su proyecto principal es la cría de peces. En total cuentan con seis estanques destinados a la siembra de alevinos de tilapia roja. 

 

 

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Toda la comunidad trabaja en la cría de peces para ka produción  © Cortesía Esteban Tapasco

 

 

En la Pangola no hay un Espacio territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR, solo es el hogar de los Embera Chamí. Por esto cuando los excombatientes llegaron, aunque también son indígenas, para poder usar una parte del territorio en el proyecto piscícola, hicieron un “comodato”: una suerte de contrato por el cual se da o se recibe prestada una cosa que puede usarse sin destruirse, con la obligación de ser restituida. 

 

Han recibido apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN para aprender de la cría de tilapia. “En noviembre del 2017 fuimos invitadas cinco personas para recibir formación en un técnico práctico agropecuario en el Parque Nacional de la Agricultura Panaca en el municipio de Quimbaya, en Quindío”, explica Esteban. También recibieron el apoyo de la anterior Gobernación de Caldas, que entregó la cosecha que hoy están recogiendo: ocho mil alevinos. 

 

 

 

A más de cuatro horas de distancia, en Carmen del Darién, otro grupo de excombatientes también le apostó a la piscicultura. En el ETCR Caracolí Brisas hay cinco estanques destinados a la cría de tilapia roja. Ya han sacado dos producciones y, para esta semana, preparan una tercera siembra de once mil alevinos. También tienen otros proyectos más pequeños, como la siembra de pepino cohombro y la cría de unos 200 pollos de engorde.  

 

En este ETCR viven 172 personas: 120 adultos y 52 niños. De ellos, 78 son excombatientes, 53 hombres y 22 mujeres. El resto de la comunidad lo conforman sus familias. Ellos también se asociaron bajo una cooperativa llamada Comuagro. También formaron una junta comunal que dicta las reglas de comportamiento dentro del espacio territorial, que “la conforman unas 20 personas que se eligieron democráticamente para participar en la toma de decisiones de la comunidad”, explica José Cleofás, uno de los líderes. 

 

Aunque los proyectos que lideran Esteban Tapasco y José Cleofás son de cría de tilapia roja, las condiciones bajo las que se comercializa el pescado son diferentes. En el caso de Esteban, la comunidad vende el kilo de tilapia a diez mil pesos, mientras que en el de José, el kilo cuesta seis mil pesos. “Entre la gobernación y el Sena se está trabajando para lograr comercializar, se está estructurando una serie de alianzas, por ahora se está vendiendo a la misma comunidad”, dice Ricardo Patiño, integrante de ARN para el Eje Cafetero. 

 

 

 

 

La ubicación del espacio les ha traído dificultades: “Queremos llevar a cabo proyectos más grandes, como la siembra de 40 hectáreas de plátano -cuenta José-, pero por falta de tierra no hemos podido hacerlo”. El ETCR de brisas ocupa diez hectáreas y está ubicado dentro de una finca más grande, cuyo arriendo lo paga ARN. Aunque se supone que su paso es transitorio, la comunidad quiere asentarse allí, pero no ha sido posible que el Gobierno adquiera la propiedad de estas tierras.  “La finca es propiedad privada y la formalización está limitada por las medidas de la corte porque fueron terrenos afectados por el conflicto”, cuenta Gabriel Martínez, de Misión ONU en Chocó. “El problema de esto es que no podemos lograr una independencia. Queremos producir, pero seguimos dependiendo de los 789.000 mil pesos mensuales que es la renta o asignación mensual que da el Gobierno a los excombatientes”, afirma José.

 

Otro problema al que se enfrentan es la vivienda. Cuando llegaron al Espacio Territorial la comunidad construyó las casas en las que viven. Aunque les habían dicho que serían sus hogares temporales mientras se hacía el proceso de dejación de armas, después de tres años y cuatro meses, siguen viviendo allí. “En algunas casas se llueve más adentro que afuera” dice José.  La comunidad ha propuesto que los ocho millones que el Estado les da para sus proyectos productivos se inviertan en un proyecto de vivienda colectiva; sin embargo, después de varias reuniones, no se ha concretado nada.

 

 

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Los techos y pisos necesitan de reparaciones ©José Cleofás

 

Las condiciones bajo las que se encuentran hoy los excombatientes no son las mismas en todos los espacios. La ubicación del territorio, la seguridad, las condiciones de la comunidad, las limitaciones propias del campo y el apoyo estatal son variables que cambian las reglas de juego en cada comunidad. 

 

“Los excombatientes durante muchos años solo vieron la guerra. Eso deja secuelas. Algunos carecen de habilidades sociales y ponerlos de acuerdo a veces es difícil”, dice Willington Cuesta, líder de excombatientes en Jiguamiandó (Chocó). Para él, uno de los principales retos con las personas que lidera es la atención psicosocial, pues hace falta más atención a la salud mental de las personas en proceso de reincorporación.  

 

La comunidad de la que habla Willington está ubicada en zona rural del Carmen del Darién. La conforman 35 excombatientes esparcidos en 12 comunidades a lo largo del río Jiguamiandó. En total, 75 familias conviven allí. Eso sin contar los cerca de ocho mil indígenas que se encuentran distribuidos en ocho comunidades. 

 

En el espacio se creó la cooperativa COOVIDE CUJI. Allí se acordó trabajar en dos grandes proyectos: transformación de maderables y una tienda comunitaria. “El taller para la madera lo estamos planeando desde hace dos años, ahora está en etapa de implementación, ya estamos construyendo la casa en donde quedará, iniciamos el 18 de mayo y esperamos generar cien empleos para toda la comunidad”, cuenta Willington.

 

 

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La comunidad adelanta la construcción del taller para la trasformación de maderables © Cortesía Willington Cuesta

 

 

En cuanto a la tienda comunitaria se espera que sirva para abastecer a toda la población aledaña y así evitar las salidas frecuentes al municipio. Dentro de que ofrecen se cuentan productos de la canasta básica e insumos agrícolas. Para abastecer la tienda, también disponen de los proyectos que están haciendo por su cuenta algunos excombatientes, como la siembra de arroz. “Nos ha ido bien con el arroz, el clima ha favorecido -cuenta Willington-, aunque nos hace falta la ayuda de ARN o del Programa Mundial de alimentos PMA para conseguir un lugar de almacenamiento y una trilladora, eso nos hace mucha falta”. 

 

Al igual que Esteban y José, los miembros de la cooperativa de Jiguamiandó también ha recibido capacitación para llevar a cabo los proyectos. Desde el año pasado han recibido capacitación de la Universidad Javeriana en manejo del medio ambiente, y con el Sena en transformación de maderables. También hay excombatientes que están a punto de terminar el bachillerato.  Por el momento, las clases pararon para todos por cuenta de la pandemia. Ahora se trabaja para continuar de forma virtual, pero no es fácil hacer que llegue la conexión a internet.

 

 


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La pandemia puso un alto a los proyectos

 

La falta de Internet es una problemática común para las tres comunidades, ya que su ubicación las priva de una conexión estable que permita mantener las clases. Es el caso de Esteban, quien cuenta que las reuniones son breves porque se pierde la señal.  En cuanto a la educación de sus hijos, ellos reciben el material escolar y han continuado sus estudios desde casa. 

 

Una situación similar ocurre en el ETCR Brisas: “Nosotros estamos en capacitaciones virtuales con el Sena, pero para nosotros es muy difícil trabajar de este modo, la conectividad es muy mala. Nos juntamos con cinco familias para instalar una antena que pudiera conectarnos a internet, pero no ha servido, ARN también está instalando una, pero parece que tampoco”, cuenta José. En cuanto a los niños, ellos reciben el material escolar dentro del Espacio Territorial. El mismo director, el profe Elkin, les trae cada dos semanas las guías del Colegio Primitivo Palacios que queda cerca. Los niños trabajan, el director recibe el material y entrega el siguiente. Desde que inició la cuarentena, se han hecho cuatro entregas. 

 

Pero esta no es la única forma en que la pandemia ha afectado a los excombatientes, según José. La situación económica se ha agravado dentro del ETCR porque a sus familias ya no les dan trabajo por la pandemia. Esto obliga a que la asignación mensual de los 78 desmovilizados se tenga que multiplicar para cubrir las necesidades de 172 personas “Antes nuestras familias trabajaban generalmente en las plataneras en donde el jornal lo pagan a 30 mil, pero desde que inició el aislamiento no han podido hacerlo. Nosotros no podemos trabajar porque no nos dejan salir del ETCR por medidas de seguridad, solo nos dedicamos a los pequeños proyectos que tenemos”, dice José. 

 

 

 

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Las iniciativas de arroz ya han avanzado en la cuenca de Jiguamiandó  ©Cortesía Willington Cuesta

 

 

Temor después de la firma de la paz

 

Han pasado tres años desde que los excombatientes dejaron las armas para apostarle al emprendimiento en sus territorios. Sin embargo, hoy temen más que al inicio. 

 

Willington Cuesta anda con un teléfono, un chaleco antibalas, dos escoltas y un carro asignado para su transporte. Recibió amenazas y ahora tiene protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). No le gusta que la gente sienta temor, por eso solo utiliza el esquema de seguridad cuando sale de Jiguamiandó. Al interior de la cuenca siempre anda acompañado de la gente. Como líder, también le preocupa el avance de ocupación territorial de los grupos armados. 

 

Cuando cae la tarde, José Esteban Tapasco se afana por salir de la zona rural. Hace poco sufrió un atentado y tuvo que reubicarse en el municipio de Riosucio. El jueves 12 de marzo, hacia la una de la mañana, se disponía a atender una emergencia en el proyecto porque había una mortandad de peces que a sus compañeros se les salió de las manos. Llovía mucho, se subió a su vieja moto, la prendió y, cuando estaba arrancando, vio un hombre con el rostro cubierto por una bufanda que, sin mediar palabra, le disparó en dos ocasiones. Esteban se lanzó al suelo, rodó en el barro y no alcanzó a ser herido. El sujeto salió a correr en medio de la lluvia. “Hice la denuncia ante la Fiscalía, los hechos ya están en conocimiento de las autoridades”, dice Esteban con tono resignado.

 

Esta situación no solo lo ha obligado a trasladarse al municipio, también lo alejó de su esposa, Leidy Lorena quien no ha vuelto desde hace dos años. Aunque ella no perteneció a las Farc, sostener una relación con alguien que sí militó le valió amenazas y estuvo a punto de ser asesinada. Ahora se encuentra en Medellín. “Ella es víctima del conflicto y aún tiene miedo. No viene porque cree que la situación no ha cambiado. Hace poco pensaba hacerlo, pero con la cuarentena tocó esperar”, dice Esteban. 

 

El temor de Leidy no es para menos. Este lunes 15 de junio se conoció el asesinato de Mario Téllez Restrepo, excombatiente de las Farc que residía en Tibú (Norte de Santander). Con su muerte, se completan 200 desmovilizados asesinados en lo que va corrido del año. Sin embargo, personas como Esteban que ejercen liderazgo en sus comunidades están dispuestos a correr el riesgo. “Hay gente que no ha podido sanar su dolor y desafortunadamente es entendible que esto pase. Nosotros estamos para poner la cara y para asumir incluso cosas que no hayamos hecho, porque igual fuimos parte de la organización. Nuestro compromiso es la no repetición”.

 

 

 


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Esteban, José y Willington ingresaron a las filas de las Farc bajo circunstancias y motivos diferentes. Esteban tenía 14 años cuando se escapó de su casa a las tres de la mañana. Vestía unas zapatillas escueleras y una sudadera. Empacó un par de calzoncillos y unas medias en la mochila que le servía para llevar los cuadernos a la escuela y partió. Lo esperaban 19 hombres que lo llevarían a La Punta, un lugar ubicado en Santa Cecilia, entre Chocó y Risaralda. “Nos demoramos diez días caminando en la selva, eran marchas de ocho a nueve horas. En total éramos 20 unidades, ellos me llevaban. Esa fue mi prueba para ver si realmente quería ser parte de las Farc”, recuerda Esteban

 

José y Willington ingresaron a la guerrilla cuando tenían 22 y 25 años, respectivamente. “Recuerdo que muchas veces mi comunidad le pidió al Gobierno que nos ayudara, pero nunca pasó entonces considere que la mejor manera de defender nuestros derechos era ingresando a las Farc”, afirma José, quien hoy tiene 50 años y dos hijos. 

 

Hoy, aunque los tres temen por sus vidas y las de sus familias, tienen una convicción temeraria que, para muchos, raya en la imprudencia. Los tres afirman estar dispuestos a seguir trabajando por sus comunidades. “Entendemos el rencor y todas las heridas que dejó el conflicto armado. Eso no lo podemos cambiar, pero estamos dispuestos a hacer algo mejor de acá en adelante. El trabajo con mi comunidad me ha demostrado que es posible”, dice, Willington, con un tono de total convencimiento por el camino que tomó.

 

 

 

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Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.