octubre 15 de 2020

Los intereses en el sur de Córdoba más allá del narcotráfico

Por: Jose David Ortega

Desde la firma del Acuerdo de Paz, en el sur de Córdoba se viene reconfigurando el conflicto armado. Para muestra, el sistema de alertas tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha emitido un Informe de Riesgo y 12 alertas tempranas, donde dan cuenta de ello.

 

El Gobierno nacional ha manifestado que todo se debe a la disputa de los grupos armados por el control de los cultivos de uso ilícito y las rutas del narcotráfico. Así lo hizo saber el delegado del Ministerio de Justicia en una sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad realizada el 15 de marzo de 2019, en el municipio de Montelíbano. 

 

Afirmó que los cultivos de uso ilícito en el sur de Córdoba habían aumentado en un 500 por ciento, desconociendo las 1.235 hectáreas sustituidas en ese entonces por los campesinos vinculados al PNIS, distribuidas de la siguiente manera: 690 en Puerto Libertador, 395 en Montelíbano y 150 en San José de Uré, sin contar las 1504 que posteriormente serian sustituidas en Tierralta, certificadas por UNODC.


Para nosotros, los que hemos venido trabajando en liderazgo social y en la defensa de los DD HH, el sur de Córdoba es un territorio muy rico y estratégico, por lo tanto es muy apetecido por los actores al margen de la ley, y no es solo el narcotráfico quien los hace librar una guerra a sangre y fuego, sin querer decir con esto que se le hace apología; pero así como ese territorio es apetecido por los actores ilegales también los actores legales se lo disputan y evidencia de ello es la entrada de multinacionales que ya tienen varios títulos concesionados y muchos en solicitud. 


Según información del Catastro Nacional Minero, en municipios como Puerto Libertador hay 50 títulos otorgados y 283 en solicitud. De igual manera, para San José de Uré —donde se agudiza más el conflicto— existen 6 otorgados y 21 en solicitud; en Montelíbano se tienen 21 títulos y 206 solicitudes; en el Alto Sinú, en Tierralta hay 15 títulos y 101 solicitudes; mientras Valencia suma 12 títulos y 47 solicitudes. En total son 104 títulos mineros y 658 solicitudes. A esto se debe sumar las intenciones de construir la hidroeléctrica Urra II, en las inmediaciones del Parque Nacional Paramillo.

 

De hacerse efectiva la concesión y explotación de todos estos procesos, ¿se imaginan cuantas hectáreas de tierra fértil ocuparían y la afectación al medio ambiente y en especial a las numerosas fuentes hídricas que nacen en esta hermosa zona del departamento de Córdoba? 


Todo esto nos genera preocupación a quienes hemos trabajado en defensa de la implementación del Acuerdo de Paz, dado que no sabemos en qué tierra se implementarán los programas derivados del mismo. También nos asalta una duda y recordamos lo sucedido en el corregimiento del Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia, en octubre de 1997, donde hubo masacre y después de los desplazamientos, la comunidad se enteró que se construiría un megaproyecto llamado Hidroituango. Algo parecido pasa en el Sur de Córdoba, masacres desplazamientos y todo tipo de barbaries.

 

Mientras la Defensoría del Pueblo recomienda implementar el Acuerdo de Paz, el ejecutivo nacional hace lo contrario como si los intereses fueran otros.  Dejo estas preguntas para la reflexión. ¿Será que el Sur de Córdoba será el próximo Aro?  ¿Por qué el Gobierno nacional no implementa los programas derivados del Acuerdo de Paz? ¿Qué intereses mueven la violencia en el sur de Córdoba y quienes se benefician más allá de los grupos armados ilegales? A raíz de estas reflexiones, decimos que en el sur de Córdoba hay otros intereses más allá de cultivos de uso ilícito y narcotráfico.

 


Jose David Ortega es vocero de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba. Responsable de la marcha patriótica Córdoba. Defensor de DD.HH. y firme defensor del acuerdo de paz. 


 


Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.


 

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