Los pendientes de la educación rural en Colombia
November 14 de 2018150 docentes y miembros de organizaciones que trabajan por la educación en el campo colombiano se dieron cita en Bogotá, en el V Congreso Nacional de Educación Rural. Allí discutieron las necesidades del sector y formularon propuestas para que el nuevo gobierno los tenga en cuenta.
| En el Congreso se insistió en que la educación no puede estar condicionada a los debates que se generen a partir de la implementación del Acuerdo de Paz. | Por: Marcela Madrid V.
El país aún no termina el debate por la financiación de la educación superior pública. En las principales ciudades los estudiantes salen a las calles para exigir más recursos y el Gobierno diseña una estrategia para garantizar los recursos del próximo año, mientras que algunos rectores hacen cuentas para ver cómo lograrán llegar al final de este año. En ese ambiente, La Mesa Nacional de Educación Rural puso en la agenda un tema que parecía marginado en la discusión: la necesidad de una política pública para garantizar que la población de las zonas rurales tenga una educación oportuna, suficiente y de calidad.
Después de cuatro congresos anuales, los miembros de este movimiento saben de primera mano que el proceso es difícil, pues buscan saldar deudas históricas que tiene el sector educativo con la ruralidad colombiana y que han sido ignoradas por décadas. Con la construcción del pacto nacional por la educación de las poblaciones rurales, el documento que resulta de este encuentro, esperan incidir en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, para que durante su mandato cree y ejecute una política pública que atienda sus demandas.
En esta ocasión, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria) fue la sede de los tres días de discusiones, en los que se plantearon diálogos y mesas redondas para compartir experiencias de las organizaciones regionales y se hicieron propuestas orientadas a la construcción de paz desde la educación rural.
Este Congreso se centró en tres ejes: financiación de la educación para las zonas rurales, institucionalidad y trayectorias educativas completas e integradas para la población rural.
Financiación
La petición principal de la Mesa Nacional de Educación Rural no difiere de la que ha volcado a la comunidad universitaria en las capitales, durante las últimas dos semanas: no hay dinero. “La debilidad en la financiación de la educación para las zonas rurales ha sido una muestra de la falta de voluntad política frente al tema”, explica el documento base del Congreso. Los vacíos más importantes son: infraestructura, formación para maestros y canasta educativa (profesores, coordinadores, directivos y alumnos).
Las escuelas que reciben más plata son las que tienen más estudiantes, por eso se invierte más en las sedes principales. Si el presupuesto es escaso, se contratan a profesores con cada vez menos experiencia y formación. Los colegios rurales generalmente sufren por obtener recursos suficientes para garantizar la alimentación y el transporte de sus estudiantes, y ni se diga de los costos anuales de funcionamiento. En algunas instituciones han llegado a hacer 'vacas' entre alumnos, padres de familia y profesores para comprar traperos.
Ante semejante panorama, la discusión del Congreso se centró en la urgencia de que el dinero público se reparta de acuerdo con las necesidades en educación y establecer unos criterios específicos para que la asignación de recursos sea pertinente y diferenciada, según cada caso.
5%
de las personas de 17 años ubicadas en zonas rurales alcanzó algún tipo de educación superior. Este dato en zona urbana corresponde al 29.7%
Fuente: Misión para la transformación del campo. DNP 2014
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Los profesores rurales insisten en la necesidad de proveer más que el transporte para que los estudiantes lleguen a las isntituciones de las cabeceras municipales. © MARCELA MADRID V.
Todos para el mismo lado
A la hora de planear y ejecutar hay una desconexión evidente entre los responsables, al punto que es difícil saber quién debe hacerse cargo. A nivel nacional, la institución encargada es el Ministerio; en los departamentos y municipios la responsabilidad es compartida por las secretarías dedicadas al tema, los establecimientos educativos y los gobiernos escolares.
El Congreso señaló dos posibles causas de esta ruptura: un problema funcional, debido a que el Ministerio de Educación no tiene una dependencia dedicada exclusivamente al tema rural, y un asunto de concepción, pues, al no reconocer las particularidades de la educación rural, no se le da un manejo focalizado.
Los maestros invitaron a involucrar más a las mujeres de las áreas rurales en la planeación del modelo educativo. © MARCELA MADRID V.
11.5%
de las personas del campo mayores de 15 años no saben leer ni escribir. Este porcentaje para la zona urbana es de 3.52%
Fuente: Misión para la transformación del campo. DNP 2014
Educación completa e integral
La Mesa Nacional de Educación Rural, así como las Mesas Territoriales dedicadas al tema, trabajan para que se garantice el derecho de los niños, niñas y jóvenes a recibir una educación continua desde la etapa inicial hasta la superior. Los asistentes resaltaron que el lugar donde habitan los estudiantes, su etnia, condición socioeconómica o género no pueden convertirse en obstáculos para acceder a la educación, especialmente cuando la apuesta es orientarla hacia el desarrollo humano y social completo.
Resaltaron enfáticamente que la educación rural debe concebirse más allá de la aplicación de modelos educativos que garanticen la cobertura nacional, una política que, ejecutada de esa manera, entiende la educación igual para un niño de la ciudad que para uno del campo.
Los profesores también padecen el problema, pues no cuentan con formación profesional constante, esto quiere decir que, más allá de lo pedagógico, hace falta una apuesta institucional, de planeación, financiación y gestión de los actores involucrados en la educación para mejorar su calidad y pertinencia.
Muchas de las propuestas del Congreso están orientadas a atender problemáticas que han empeorado con los años, pero las organizaciones participantes tienen claro que también deben responder a los retos que imponen los nuevos tiempos. Por eso piden que se fomente el uso de infraestructura escolar ecológica y dotada con materiales que promuevan el cuidado del medio ambiente y permitan aprovechar y preservar las condiciones del entorno.
Carmen Alicia Matajira, una mujer que ha dedicado más de 20 años a la docencia en el campo, vino a Bogotá desde su escuela en Arauquita (Arauca) para encontrarse con más personas que, como ella, saben que la educación rural importa. La experiencia de ser maestra en una zona apartada y marcada por el conflicto armado le permite hacer un llamado contundente:
«Si desde la escuela cambiáramos el fusil por un lápiz, saldríamos adelante con los estudiantes, incluso con los mismos reinsertados, para que todos tengan una oportunidad de pertenecer a la sociedad y ayudar a construir el país. Sinceramente, tenemos que preocuparnos por el tejido social de Colombia»
CARMEN ALICIA MATAJIRA, profesora de Arauquita
La falta de inversión en la educación rural se hace evidente en la ausencia de infraestructura de los colegios. © MARCELA MADRID V.
De los programas a los hechos: la manzana de la discordia
El mismo Congreso reflejó el ambiente político actual frente al tema. En el panel final se discutió cómo debería ser una política pública de educación para la ruralidad, pero los encargados de tomar las decisiones brillaron por su ausencia o enviaron en su reemplazo funcionarios con poco margen de acción. La representante del Ministerio de Educación Nacional fue Liced Zea, subdirectora de fomento de competencias; también asistió la presidenta de la Comisión sexta de la Cámara de Representantes, Mónica María Raigoza, con un tono cerca del proselitismo. El senador Horacio José Serpa estaba invitado, agendado en la programación, y a última hora dijo que no iba: en su remplazo envió a Anderson Guerrero, un asesor de su equipo.
Uno de los temas más polémicos del panel fue el proyecto de ley que busca garantizar el transporte escolar en zonas rurales, y que permitiría contratar a personas naturales para prestar el servicio. Para los profesores, esta ley no solo alentaría la corrupción en la contratación, sino que libraría al Estado de su obligación de garantizar las condiciones para que los estudiantes accedan a la educación. La discusión sirvió para recalcar que Colombia necesita implementar una política pública estable para la educación rural, y superar los planes temporales que varían con cada gobierno.
Entre los compromisos que dejó el panel está la creación de una subcomisión en la Cámara que se dedique a la educación rural y la entrega de las memorias del V Congreso Nacional de Educación Rural al Ministerio de Educación Nacional. Ante la cantidad de subcomisiones que resultan de las coyunturas nacionales, la propuesta no deja a los profesores más optimistas. Saben que ese apenas será el inicio de un nuevo camino para lograr que tengan en cuenta sus propuestas en la formulación, discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
6 años de formación
es el promedio de educación en las zonas rurales. En zonas urbanas el promedio es de 9.6 años.
Fuente: Documento Programa Especial de Educación Rural en preparación. Ministerio de Educación Nacional 2018.
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