Cuatro problemas del campo colombiano que se quedaron sin resolver en 2018

diciembre 15 de 2018

Este año prometía ser clave para que el país comenzara a subsanar sus deudas históricas con las zonas rurales. No sucedió y para 2019 quedan varios problemas urgentes.

Cuatro problemas del campo colombiano que se quedaron sin resolver en 2018

| La reforma que el campo necesita hace décadas tampoco se concretó este año en el Congreso. | Por: Esteban Vega, SEMANA


Por: SEMANA RURAL
SemanaRural

Líderes sociales, protegidos en el papel

Las cifras varían, pero todas muestran que no se detuvo en 2018 la violencia contra quienes defienden los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afros en Colombia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, del 1 de enero al 17 de noviembre 226 líderes sociales murieron asesinados. La Defensoría del Pueblo habla de 164 hasta el 30 de noviembre y la organización Somos Defensores tiene un registro de 160 hasta el 10 de diciembre, pero cree que pueden ser más.

 A principios de julio, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país para rechazar estos crímenes y exigir al gobierno medidas para proteger a los líderes sociales. Días después, el Ejecutivo reunió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para crear una serie de estrategias que les pondrían freno a los asesinatos. Pero para Diana Sánchez, coordinadora de Somos Defensores, aún no las ha puesto en práctica.

 

En 2018, más de 160 líderes sociales han sido asesinados según la Defensoría del Pueblo. © JULIÁN RÍOS.

 

 

 

 

«Sentimos que todas las medidas del gobierno anterior para proteger a los líderes están actualmente están congeladas».

 

DIANA SÁNCHEZ, coordinadora del programa Somos Defensores


“Por ejemplo, se había pedido que el Plan Horus –diseñado para que el Ejército brinde seguridad en zonas de posconflicto– reforzara la protección a los líderes sociales, pero no han disminuido los homicidios de estos defensores”, señala Sánchez. También se solicitó que la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo y la fuerza pública trabajaran coordinadamente, tarea que poco se cumplió este año.

Otro de los pendientes, para Sánchez, es implementar el Decreto presidencial 660 (abril de 2018) que crea el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

 


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Sustitución de coca, a paso lento

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) empezó en el primer semestre de 2017 y hasta ahora avanzó en algunos puntos, como socializar la estrategia en los municipios priorizados y pagar los primeros subsidios a los campesinos que arrancaron voluntariamente las matas. Pero el proceso ha sido lento y el aumento de las hectáreas de coca, revelado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC),  genera dudas sobre su efectividad.

A esto se suma el asesinato de campesinos que lideran los procesos de sustitución. De acuerdo con el registro de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), desde el comienzo del PNIS hasta el 10 de diciembre 47 miembros de esta organización fueron asesinados.

 

En 2018, las hectáreas de coca siguieron aumentando y los líderes que trabajan por la sustitución son blanco de amenazas. © CARLOS JULIO MARTÍNEZ |SEMANA.

 

Juan Carlos Garzón, investigador de la fundación Ideas para la Paz, afirma que uno de los asuntos pendientes del programa es garantizar la seguridad en las zonas donde se adelanta. “En los primeros 100 días del actual gobierno vemos que la seguridad no mejora y esto dificulta la tarea de sustituir y verificar las hectáreas sin coca”.

Pero Garzón señala que más importante aún es que se dé inicio a los proyectos productivos que reemplazarán a los cultivos de uso ilícito. Aunque se avanzó en asistencia técnica, el desarrollo rural en las áreas cocaleras sigue retrasado. “Por eso, una tarea del gobierno en 2019 es integrar más el PNIS a los programas estatales de impulso al campo”.


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La sustitución de coca avanza, pero a paso de tortuga

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Deforestación, cada vez más acelerada

Hace tres años, el gobierno se trazó la meta de acabar con la deforestación en la Amazonia para 2020 y en todo el país para 2030. Pero ese objetivo parece cada vez más lejano. El aumento de la ganadería, consecuencia de la salida de las Farc de áreas de protección, y los cultivos ilícitos hacen que hoy deforesten más que nunca.

En medio de este desalentador panorama, la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonia sujeto de derechos y ordenó protegerla inmediatamente. A raíz de esto, las autoridades judiciales empezaron a tomar medidas y adelantaron el primer operativo contra la deforestación que produjo la captura de cinco personas por invadir presuntamente el Parque Nacional Los Picachos.

 

San Vicente del Caguán, en Caquetá, es uno de los municipios más deforestados del país. © JUAN CARLOS SIERRA.

 

Gabriela Eslava, investigadora de Dejusticia, advierte que las medidas policivas serán insuficientes mientras no haya alternativas para los deforestadores. “Hay mil oportunidades, como la silvicultura o el ají caqueteño, para aprovechar nuestra biodiversidad de una manera sostenible”, afirma. Pero se pregunta: “¿Estamos dando créditos para cultivos que no dañan el medioambiente o solo para actividades que acaban con el bosque?”.


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La deforestación del puente amazónico, otra paradoja de la paz

¿Propietarios o deforestadores? El dilema de vivir en un parque natural


 

270.000hectáreas se deforestaron en 2018 en Colombia, 50.000 más que el año pasado, según el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.

ENTREVISTA A BORJA PALADINI ADELL

La transformación del campo, congelada en el Congreso

El representante en Colombia del Instituto Kroc, que monitorea el cumplimiento del acuerdo de paz, advierte la urgencia de sacar adelante las leyes necesarias para implementar la Reforma Rural Integral.

 

¿Cuáles son los proyectos relacionados con la reforma rural más atrasados en el Congreso?

Los que tratan el tema de tierras y su uso: la Ley de Adjudicación de Baldíos, Jurisdicción Agraria, la Ley de Adecuación de Tierras, el catastro multipropósito, la reforma a la Ley 160 de 1994 (o Ley de Tierras) y la Ley de Tratamiento Penal Alternativo para Pequeños Cultivadores de Hoja de Coca. Esta última corresponde al punto de drogas, pero es vital para la reforma rural.
 

Qué tan vitales son para sacar adelante la reforma rural?

Se puede avanzar sin ellos, pero probablemente a un ritmo muy lento que no permitiría cumplir las metas establecidas en el acuerdo de paz.
 

¿Por qué no se ha logrado reformar la Ley de Tierras?

El gobierno anterior presentó al Congreso la reforma a la Ley 160 de 1994, pero no tuvo ningún progreso en su desarrollo legislativo. Está quieta. Diversas voces, como las de las comunidades étnicas, expresaron que algunos de sus elementos no van con el espíritu del acuerdo de paz.
 

En la práctica, ¿cómo afecta este atraso a los habitantes del campo?

Las normas pendientes buscan agilizar la implementación del punto uno del acuerdo, centrado en mejorar la calidad de vida de los campesinos: la distribución y formalización de tierras, el ordenamiento territorial, el desarrollo de mejores mecanismos de justicia agraria, la protección ambiental, entre otros. Pero estos temas son necesarios, sobre todo, porque es la única manera que tiene el país de seguir en el camino de la equidad y el desarrollo.


 Este artículo fue publicado la edición 1911 de la Revista Semana 


 

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