julio 30 de 2020

En Colombia la pandemia tiene color y región

Por: Lizeth Sinisterra

Actualmente, la pandemia de la covid-19 ha hecho evidente una vez más el racismo estructural de Colombia, manifestado en una profunda inequidad. En la región del Pacífico colombiano encontramos, de acuerdo al análisis del Sistema de Inteligencia Epidemiológica para Decisiones Informadas en los Territorios (Siediter) que lidera la alianza Pacífico Task Force, que la probabilidad de la población que se autoreconoce como afrodescendiente para acceder a un diagnóstico oportuno (en las primeras 48 horas) es 43 por ciento menos que la población que no se autoreconoce como perteneciente a algún grupo étnico, y que los afrodescendientes tienen 67 por ciento más probabilidad de tener un retraso en el diagnóstico, que el resto de la ciudadanía.

 

Estas alarmantes cifras demuestran la injusticia social que históricamente ha estado presente en el país.  Aquí el derecho a la ciudad es negado a una población afrodescendiente, no solo en términos del acceso a los recursos colectivos y servicios básicos, sino también en su expresión más fundamental: el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad. En la región del Pacífico colombiano se concentran unas violencias múltiples y sistemáticas que no solo conllevan a la muerte física, sino que también propician una “muerte social”, a través del empobrecimiento, la segregación espacial, la exclusión y la marginalización, que están inscritos en los cuerpos de los habitantes de estos territorios: según cifras del censo de 2018 del Dane, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en esta región fue de 33,3 por ciento, en comparación al promedio nacional de 19,6 por ciento. Como vemos, la covid-19 es solo otra pandemia más que agobia a este territorio.

 

El impacto del coronavirus también debe ser analizado en perspectiva interseccional. La clase, el género, la “raza” y las cuestiones territoriales son dimensiones que, analizadas en conjunto, nos permiten ver que las poblaciones afrodescendientes están mucho más desprote­gidas frente a la pandemia: en el Pacífico colombiano el 89,2% de los casos diagnosticados son mujeres que se autoreconocen como negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras.

 


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Este panorama regional nos muestra la desproporcionada carga que deben enfrentar, como lo relata Luz Mary Rosero, de la organización Caminos de Mujer en Tumaco: “La carga de las mujeres en esta pandemia ha sido más fuerte. Aquí las mujeres que trabajan en la casa asumen una sobrecarga por el cuidado de la familia al mismo tiempo que deben enfrentar la carga laboral. Las mujeres que viven del rebusque, que son más del 70 por ciento, en su mayoría son cabezas de hogar y en ellas se han aumentado bastante el estrés por la supervivencia, porque la vulnerabilidad económica en la pandemia es mucho mayor. Esta situación ha favorecido las condiciones para que se incremente la prostitución y la violencia de género. Además, cómo en estos tiempos uno se va a quedar en casa, cómo pretenden que una conchera se quede en su hogar en esta pandemia, si debe rebuscarse el día a día, tiene que ir al mar a conchar. Muchas mujeres tienen miedo, preocupaciones y desespero en medio de esta pandemia”.

 

También la llegada de la covid-19 al Pacífico representa un detonante en la reconfiguración discursiva y las percepciones sobre el territorio. Esta pandemia ha suscitado el recrudecimiento del racismo que asegura que la población afrodescendiente es “desordenada”. Con base en los datos del Instituto Nacional de Salud encontramos que el grupo de edad que agrega mayor proporción de casos son personas de 30 a 39 años, seguido por jóvenes de 20 a 29 años. Sin embargo, en medios de comunicación y en redes sociales ha ido calando una narrativa que señala en particular a los jóvenes afrodescendientes como “indisciplinados”, que apela a un estereotipo racista que no tiene que ver con lo que dicen los números.

 


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Si comparamos dos departamentos vecinos como Chocó y Antioquia, encontramos que, en el grupo de 20 a 29 años, la mayor proporción de contagios la tiene Antioquia, como lo evidencia los datos del INS. Mientras que Chocó tiene menos que la proporción nacional.  Frente a esto Katherin Gil, coordinadora del grupo Jóvenes Creadores del Chocó, me decía lo siguiente: “Esta pandemia aumenta los estereotipos y la narrativa negativa que se tienen sobre la gente negra. Los titulares de los medios solo exponen que las rumbas las propician los jóvenes negros, cuando la realidad es otra. Ojalá en los medios apareciera que todos los días están asesinando a un joven en Quibdó. Aquí los jóvenes no tienen oportunidades de empleo y muchos están siendo reclutados por bandas delincuenciales. Son muchos los jóvenes que no están accediendo al sistema educativo porque no tienen un computador ni internet. Son muchos los jóvenes que no tienen dónde vivir y ni siquiera qué comer”.

 

Para Katherin es lamentable que el país deba enfrentarse a otra pandemia para que el Estado lleve una cama UCI al Departamento del Chocó. Lamentable debería parecernos a todos.  “Si después de 43 años llegan las primeras camas UCI al hospital San Francisco de Asís, quiere decir que necesitamos quizá otros 43 años para fortalecer y dignificar la red hospitalaria pública, unos 86 años para tener un hospital de tercer nivel y otros 200 años para lamentarnos por elegir tan mal y haber obviado lo importante que somos en la construcción de nuestro propio desarrollo. Años ciegos es lo que vemos si no seguimos empoderando a nuestros niños y jóvenes”.

 

Estos casos revelan que estamos ante una crisis que tiene consecuencias no solo sanitarias, sino también eco­nómicas, culturales y sociales de gran magnitud, y las posibilidades de enfrentarla en estos territorios se complejizan aún más. Debido al abandono histórico en que ha estado la población afrodescendiente, se requiere una respuesta estatal sólida con enfoque étnico-territorial y que aborde todas las necesidades especiales de atención que esta región demanda.

 

 


Lizeth Sinisterra actualmente es gerente de Pacífico Task Force y profesora del Departamento de Estudios Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi.


Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.


 

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