marzo 10 de 2019

Atender al campesino es prioridad

Por: Pablo Catatumbo

En el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, como hoja de ruta del actual gobierno, se hace indispensable abrir un debate nacional respecto a las implicaciones de no incluir la implementación del punto uno del Acuerdo Final de Paz: la Reforma Rural Integral (RRI), considerada por expertos como una herramienta fundamental para erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

El punto uno se acordó con el propósito de superar las causas que precipitaron el conflicto. También busca generar mejores condiciones para los 11 millones colombianos que viven en el campo y reducir la profunda brecha entre lo rural y lo urbano, que según la Misión para la Transformación del Campo es alarmante: mientras el 18,5 por ciento de los habitantes de las ciudades se encuentra en condiciones de pobreza, en las zonas rurales este indicador llega al 45,9 por ciento.

La RRI contiene soluciones integrales para el campo colombiano. No acogerla sería un error garrafal.

Para dar un ejemplo: la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas determinó que la génesis del conflicto social y armado fue la desigual distribución de la tenencia de la tierra, problema que aún persiste. Las explotaciones agropecuarias de más de 2.000 hectáreas controlan el 60 por ciento de la tierra productiva en Colombia, mientras que las pequeñas explotaciones —de máximo 2 hectáreas— ocupan menos del 5 por ciento. Además, solo uno de cada tres hogares tiene acceso a tierras.

En el caso de no materializarse los mecanismos contemplados en la RRI, como el Fondo de Tierras para la Paz, los subsidios y las líneas especiales de crédito, la desigual distribución de la tenencia de la tierra seguirá siendo un problema constante del que podrían desprenderse riesgos para la seguridad alimentaria y la pequeña producción agrícola, que abastece a buena parte del país.

Tenemos que mencionar que el problema de la tierra no solo tiene que ver con su distribución, sino también con sus usos. En Colombia, de 23 millones de hectáreas con vocación agrícola únicamente están cultivadas 7 millones. En cambio, la ganadería ocupa 34 millones, a sabiendas que solo 10 millones tienen esta vocación. No corregir este desequilibrio sería un riesgo latente para garantizar la sustentabilidad ambiental y la permanencia de las comunidades campesinas.

El catastro multipropósito, incluido en el punto uno del Acuerdo Final de Paz y al que tanto temen los grandes hacendados que poco o nada pagan de impuestos por sus tierras, pretende superar la desactualización catastras que aqueja al país. También busca estimular el uso productivo del suelo y acabar con el carácter rentístico de la concentración de tierra.

Ahora bien, la solución para reactivar el campo y democratizarlo no solo tiene relación con el acceso, la formalización y el ordenamiento de la tierra. Todo esto debe ir acompañado de bienes públicos para atender las desventuras sociales a las que han sido condenados los campesinos. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son herramientas fundamentales para corregir esas condiciones.

Estos instrumentos tienen potencial para estimular el bienestar social y las economías locales mediante el mejoramiento de las vías terciarias, las redes de energía eléctrica, el acceso a la salud pública, el sistema de educación rural y la pequeña y mediana producción de alimentos.

En conclusión, la matriz económica a la que obedecen las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo genera un riesgo latente para la vida misma. El extractivismo depredador pone en riesgo el abastecimiento de alimentos y agua. Por estas razones, hago un llamado al gobierno nacional para que proyecte un campo incluyente, democrático y sin inequidad. Atender el campesino es prioridad.
 


Pablo Catatumbo es congresista por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). Integra la comisión quinta del Senado, que discute los asuntos de agricultura y medioambiente. 


 

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.
 

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