febrero 07 de 2019

PAO para proteger a líderes sociales: ¿reedición de la seguridad democrática?

Por: Diana Sánchez

Un objetivo de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc fue generar garantías de seguridad política y jurídica para el libre ejercicio de la política y la defensa de los derechos humanos. En consecuencia, el movimiento político que surgiera del proceso y todos los partidos políticos —incluidas las izquierdas, movimientos de oposición y el liderazgo social— deberían contar con contextos más tranquilos y seguros, lo que es válido también para las comunidades que los requieren en sus luchas sociales transformadoras debido a las inequitativas condiciones de vida.

Para ello era y es fundamental enfrentar el crimen organizado desde una intervención integral del Estado, por lo que se diseñaron instrumentos, mecanismos, programas, políticas e instancias gubernamentales y estatales que actuarían en conjunto de manera sistémica para tal fin como el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), la Unidad Especial de Investigación, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. Además, el Programa de protección a comunidades vulnerables y líderes y el Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica (Resolución 1190 de 2018).

Así las cosas, la implementación de estas disposiciones de manera sistémica complementada con el resto del Acuerdo Final generaría contextos favorables para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, la política y el liderazgo popular. Sin embargo, estas propuestas que duraron años en ser diseñadas, deliberadamente, son las que el Gobierno de Iván Duque no está ejecutando y, lo más grave, no las ejecutará.

En ese contexto, el Gobierno proclamó una nueva ruta para la protección de líderes sociales con el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO) en noviembre de 2018. Este Plan —que hasta ahora está compuesto solo de enunciados y presentado como el salvador de los líderes y lideresas sociales—muestra en sus lineamientos revelados —enfoques y procedimientos— un distanciamiento total con el sentido y la búsqueda de atacar la criminalidad organizada.

Por el contrario, y de manera sospechosa, vuelve a centrar el foco en la protección física y material, la cual está probada: en lugar de disminuir el problema, contribuye a prolongarlo. Se evidencia con la reestructuración pensada para la Unidad Nacional de Protección, a la cual le inyectan permanentemente recursos, pues la demanda de protección sigue en ascenso y está confirmado que no resuelve el problema, por abultado que sea el presupuesto. Por ende, que la ministra del Interior manifieste con orgullo que cuatro mil líderes cuentan con mecanismos de protección evidencia que la política de protección es un fracaso. Si hay mayor demanda, el problema continúa afianzándose. Resulta vano, o mejor, perverso, seguir por esa senda de la protección física desechando definitivamente la construcción de una política pública de garantías, transformadora de los contextos.

Un primer elemento para analizar es que el PAO —como su nombre lo indica— es un Plan, una pretensión o ruta enunciada con un decreto (2137 del 2018) para crear la Comisión Intersectorial que lo coordinará y cuatro componentes a desarrollar —articulación y reingeniería institucional, actuación estratégica en el territorio, estrategia de comunicaciones y capacitación y formulación de política pública—. No obstante, el Gobierno le dio mayor jerarquía legal y constitucional que a los instrumentos derivados del acuerdo de paz —ya mencionados— y de paso acabó con espacios importantes de interlocución y concertación, construidos para discutir políticas de fondo en materia de derechos humanos, donde participaban Estado, Gobierno y sociedad civil acompañados de comunidad internacional, como la Mesa Nacional de Garantías.

Un caso es la CNGS (Decreto Ley 154 de 2017), declarada exequible por la Corte Constitucional (Sentencia C-224/17). Paradójicamente, en la única sesión que el presidente Duque ha convocado a la CNGS (30 enero de 2019) lo hizo para quitarle su carácter, desnaturalizar su mandato y volverla un simple órgano de consulta del PAO echando para atrás lo sentenciado por la Corte. Convirtió a la CNGS en un espacio más, donde se piden cuentas a los funcionarios de su actuación frente a la situación de líderes sociales y se toman medidas del Gobierno en materia de orden público, sin abordar lo estructural del problema: la construcción de la política pública para el desmonte del paramilitarismo y el crimen organizado, donde se investigaría, por ejemplo, de dónde provienen sus finanzas y auspiciadores

Consiguientemente, no habrá diseño de la política pública para combatir el crimen organizado de raíz, sino que vuelve el fallido esquema de entregarle dicha tarea a las Fuerzas Militares en los territorios, con un enfoque centralizado a usanza de la “seguridad democrática” y los resultados conocidos.

Por otra parte, la CNGS cuenta con la participación de delegados de la sociedad civil. Sí los convoca y aceptó dos cupos más para procesos de mujeres, lo cual está muy bien, pero su opinión no tiene peso cuando las decisiones ya están tomadas de manera previa y la sesión se usa para legitimarlas. Esto significa una posible instrumentalización de la participación de la sociedad por parte del Gobierno para mostrar que esta sí tiene asiento, mensaje especialmente dirigido a la comunidad internacional para indicarle que la democracia participativa es importante en esta administración. En realidad es pura formalidad.

Se desconoce también el Sisep (Decreto Ley 895 de 2017), que tiene como uno de los objetivos “contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución”. Este espacio tampoco ha sido convocado, en cambio en el PAO sí se plantean como componentes las campañas contra la estigmatización de líderes sociales, pero con un aditivo igualmente sospechoso: que la estigmatización también la “sufre” la fuerza pública, por ejemplo el Esmad. ¿Quiere decir que prevalecerán campañas a favor de agentes del Estado? Esta es otra manera perversa de utilizar la crítica situación del liderazgo social para mostrar al Estado como víctima de la población, lo que viola los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

Es justo en este marco que las plataformas de derechos humanos expresaron su preocupación por el nombramiento del general retirado Leonardo Barrero como director del PAO y que, ante la evidencia mediática, fue presentado como un simple asesor o enlace con las Fuerzas Militares. Es preocupante por donde se mire el papel del general: muy grave si fuera el director, pues implica que la política de protección para defensores de los derechos humanos tiene un enfoque militar antes que de organismo civil, como lo es el Ministerio del Interior. Si es un enlace con las Fuerzas Militares significa que los lineamientos acumulados en derechos humanos, libertades y garantías serán suplantados por los preceptos militares. Cabe preguntarse: ¿para qué un enlace entre el Ministerio del Interior y el de Defensa?, ¿acaso no son instancias gubernamentales sistémicas que se complementan?

Por último, y quizás lo más alarmante, cómo el Gobierno aprovecha de manera oportunista el contexto de agresión a líderes sociales para consolidar a través del PAO las Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI), figuras creadas por Duque en la ley de orden público 418 de 1997 —recientemente prolongada por el Congreso—. Sin ir más lejos, se trata de la resurrección de las otrora Zonas Especiales de Consolidación y sus Centros de Consolidación y Acción Integral (CCAI) que Álvaro Uribe impuso, donde impera la actuación militar por encima del mandato constitucional de las autoridades civiles como alcaldías y gobernaciones. Y ni qué decir del papel nulo de la sociedad civil.

Corolario: sin darnos cuenta, el Gobierno de manera hábil se vale de su propuesta del PAO para sumergirnos en un muy sutil segundo tiempo de la política de “seguridad democrática” y la lucha estructural contra el crimen organizado queda aplazada.
 



*Comunicadora social, directora de la Asociación MINGA y coordinadora del Programa Somos Defensores.
 




Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.



 

 

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