marzo 23 de 2018

Santurbán, una delimitación que limita una solución

Por: Ivonne González

Mientras para el gobierno y grupos antimineros de Bucaramanga la delimitación es el primer paso para la solución del conflicto socioambiental, para los habitantes de Soto orte y de Vetas, en particular, la delimitación es la intensificación de un conflicto sin solución a la vista. Hasta ahora, los anuncios de sustitución y reconversión de actividades, acompañados de promesas de inversión por parte del gobierno, han sido solo anuncios y al territorio no han llegado las soluciones reales.

El rechazo de los habitantes de Vetas al proceso de delimitación es el resultado de la imposición a la fuerza, de una visión de conservación que pretende excluir a las comunidades. La delimitación del año 2014 fue excluyente y no contó con la participación de las comunidades de Sotonorte. La nueva delimitación, a pesar de lo indicado por la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, parece ser un ejercicio marcado por la repetición de los mismos errores.

Una gobernanza alrededor de la minería es la única opción viable, incluyente y socialmente justa para articular el desarrollo sostenible del territorio y la conservación de los ecosistemas de alta montaña.

Sin entrar a conocer cómo la minería puede y debe evolucionar, como todas las demás actividades productivas, los grupos antimineros radicales han magnificado los impactos de la actividad y la han estigmatizado negativamente.

Solamente quienes conocen la historia y el modelo de ocupación del territorio de Vetas pueden verificar y dar fe sobre el papel de la minería como elemento para el ordenamiento y conservación del territorio. Vetas tiene 9.800 hectáreas, de las cuales 7.900 forman parte del PNR Santurbán o serán delimitadas bajo la figura de páramo. Es decir, más del 80% del territorio está y estará destinado a propósitos exclusivos de conservación con exclusión total de actividades económicas como agricultura, minería, ganadería, turismo etc. De las 1.900 hectáreas restantes, que no formarían parte del sistema de áreas protegidas o conservación exclusiva, 1.800 presentan restricciones físicas y ecológicas que impiden el desarrollo de cualquier actividad productiva.

Al final, solamente 100 hectáreas serían aptas para usos agrícolas, forestales o pecuarios. Una condición que a su vez limita la supervivencia, el progreso social, económico y humano de sus habitantes.

Por otra parte, en Vetas pueden votar 1.350 personas, de las cuales la gran mayoría son desempleados debido a las restricciones generadas por la delimitación y unos pocos todavía trabajan en actividades mineras. Por lo anterior, Vetas no es atractiva electoralmente y deja espacio a que los políticos, desde Bucaramanga y liderados con discurso populista por el mismo alcalde de esa ciudad, se rasguen las vestiduras por causas ambientales y del páramo así nunca hayan ido a conocer y entender la realidad de nuestro territorio.

Adicionalmente, en este debate ha participado un grupo que se autodenomina “defensor del agua y del páramo” de Santurbán, que deliberadamente quiere desconocer la autonomía territorial de Vetas, que nació como municipio hace 463 años con una vocación económica 100% minera. En medio de esta mezcla de actores y de interferencias directas y ofensivas sobre nuestra autonomía y desarrollo territorial, los vetanos nos preguntamos, ¿Será que la Constitución Política de Colombia no nos cobija?

En cuanto a las alternativas de desarrollo frente al proceso de delimitación, mucho se ha hablado de pago de servicios ambientales (PSA), esquemas de conservación y fondos del agua, entre otras opciones. También se ha hablado de ecoturismo. Sin embargo, en todos los casos se mencionan ideas y conceptos etéreos. Aunque en algunos casos estas iniciativas permitirían beneficiar a algunas familias, difícilmente llegarán a sustituir a la minería como actividad económica y principal generador de empleo del Municipio.

Desde tiempos ancestrales, los habitantes de Vetas han conservado el páramo y la alta montaña, lo han hecho de manera compatible con la minería en la periferia del páramo.
Es decir, de manera directa e indirecta la minería determinó la conservación de este ecosistema, de sus complejos lagunares, su biodiversidad, sus pajonales, sus frailejones y los romerales. La conservación se ha realizado como una condición integrada a la minería como actividad económica.

Hasta ahora, las propuestas preliminares de pago de servicios ambientales han considerado un enfoque puramente asistencialista, que desconoce las actividades económicas locales y con valores que no garantizan una vida digna para las comunidades dedicadas a la conservación. Quienes hacen esas propuestas no han oído la enfática voz vetana que repite “NO QUEREMOS LIMOSNAS, QUEREMOS TRABAJAR”, y que refleja el temor de ser desplazados a la ciudad en condiciones de marginalidad y pobreza.

Con respecto al “ecoturismo” como actividad económica alterna, quienes vivimos en Santurbán consideramos que esta apuesta difícilmente reconvertirá nuestra economía y además representa impactos y conflictos ambientales mayores sobre aquellas áreas en donde la minería sí ha asegurado su conservación.

El ordenamiento minero es la única opción para conservar el páramo y contener una minería ilegal, que se puede convertir en criminal, que de manera descontrolada terminaría por afectar los ecosistemas de alta montaña. Por las consecuencias que ya ha generado la delimitación, nos resistimos a creer que la solución del gobierno para conservar el páramo sea convertir a los mineros legales en mineros ilegales.

Del resultado final del proceso de delimitación dependerá la conservación de Santurbán. Solamente un proceso participativo y objetivo, que incluya a las comunidades y armonice el desarrollo de sus actividades económicas, incluyendo la minería, será el punto de partida para la construcción de una paz territorial estable y duradera.

Vetas es un ejemplo en cuanto a minería. Sin embargo, no podemos olvidar que la agricultura también está prohibida en la delimitación y esto afecta de manera importante al Municipio de Tona, corregimiento de Berlín, segundo productor de cebolla junca a nivel nacional y de la cual viven cinco mil personas.

En cuanto al proceso de delimitación mismo, queda la pregunta sobre cómo se van a seguir realizando los “nodos” que organiza MinAmbiente. La semana pasada, en California nos concentramos más de 2000 habitantes de Soto Norte en un ejercicio de dialogo respetuoso pero sin propuestas en la mesa por parte del gobierno. En el nodo de Bucaramanga, el avance fue mucho menor, cuando cerca de 500 personas, gritando e insultando al señor Ministro de Ambiente, no permitieron que la reunión se pudiera desarrollar razonablemente. Lamentamos que el Ministro no nos hubiera acompañado en los municipios de Santurbán.

Finalmente, la comunidad de Soto Norte pide a los magistrados de la Corte Constitucional su presencia en el territorio y que no se tomen más decisiones desde Bogotá sin conocer la realidad que vivimos los habitantes de esta región del país.

Al páramo y al agua los seguiremos cuidando quienes vivimos en Santurbán, haciendo minería bien hecha y buscando más y mejores oportunidades de desarrollo y empleo real para nuestra gente.

 

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POR IVONE GONZÁLEZ | @Conniegj

Directora ejecutiva de  la Asociación de municipios del Parámo Santurbán

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