Veneno del cielo: el riesgo de los bananeros en Urabá

marzo 31 de 2019

¿Qué ocurre cuando la vida de una región depende por completo de lo mismo que pone en peligro a su población? Viajamos al Urabá antioqueño, donde esto podría estar sucediendo con la industria bananera.

Veneno del cielo: el riesgo de los bananeros en Urabá

| Clara Luz Nerio entró en un viacrucis médico cuando a su hija le diagnosticaron lupus después de que le cayó agroquímico de una aeronave. | Por: César García


Por: Marcela Madrid V.
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“¿Usted ha visto un sapo?” Esa es la pregunta que suelen hacer los habitantes rurales del Urabá antioqueño para explicar cómo se pone la piel al  contacto con un agroquímico.

Así lo ilustra Eminson Moreno, quien vivía de llevarles almuerzos a los trabajadores de fincas bananeras hasta que le cayó pesticida del cielo. También usa la metáfora Clara Nerio, quien trabajó casi 20 años en las plantaciones para cederle ese rol a su hija, sin imaginarse que ahí viviría las peores consecuencias de las fumigaciones aéreas. La misma pregunta hace Leider Anaya, un joven embolsador que sintió el ardor durante una jornada laboral.

Todos ellos llevaban una vida relativamente cómoda gracias al banano, pues tenían ganancias suficientes para mantener a sus familias. Esa estabilidad se volvió pesadilla cuando les cayó del cielo uno de los 15 agroquímicos que usan las empresas fumigadoras de Urabá para combatir la sigatoka negra.

Este hongo que invade la hoja de banano es el tormento de la industria, pues impide que crezca la fruta y cumpla con los estándares de exportación. La manera más efectiva de combatirla es a través de los fungicidas que, en palabras algunos habitantes de Urabá, no son más que  “veneno”.
 

En el caso de Leider y Eminson, la piel de sapo vino acompañada por la pérdida parcial o total de la visión en un ojo; para Dina, la hija de Clara, por un lupus que se tradujo en insuficiencia renal, problemas de circulación e intensos dolores articulares.

Estos tres casos se hicieron visibles en la región a mediados de 2018, cuando aparecieron en el programa periodístico La Chiva de Urabá, que se emite por Facebook. De inmediato, los comentarios en redes sociales despertaron mucho más que indignación y dieron pistas de la dimensión del problema:

 

 


A través comentarios en los videos de La Chiva de Urabá en Facebook. los habitantes de Urabá denuncian presuntas afectaciones a la salud por cuenta de las fumigaciones aéreas. 


 

Como esos, en los tres videos de Facebook donde La Chiva aborda el tema, aparecieron decenas de comentarios de personas identificadas con los casos. Y aunque los habitantes de Carepa, Turbo y Apartadó parecen haber vivido experiencias similares o conocen alguna víctima de las fumigaciones, muy pocos se atreven a denunciar. Este subregistro se agrava porque las autoridades locales y departamentales de salud no hacen un seguimiento a los afectados.


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SEMANA RURAL conoció los casos de Eminson, Clara y Leider, tres de los seis afectados que denunciaron a través de un abogado local. Desde el día que les cayó “el veneno”, ellos y sus familias se vieron obligados a cambiar sus rutinas para dedicarse a resolver sus problemas de salud a punta de tutelas y reclamos.  

Mientras tanto, el gremio bananero se niega a admitir errores en los procedimientos de las empresas fumigadoras y califica estas historias como casos aislados. El presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, Juan Camilo Restrepo, dice que todos los agroquímicos que usan están aprobados en Colombia, a pesar de que algunos de ellos son considerados "altamente peligrosos" por la misma autoridad nacional.  

Restrepo complementa esta respuesta con el dato de que el sector bananero es tercer exportador del país después del café y las flores. No le falta razón. Según cifras de ProColombia, el banano colombiano generó exportaciones por más de 866 millones de dólares en 2018, el 63% de estas desde Antioquia. Basta con salir del casco urbano de Apartadó para toparse con las enormes plantaciones y entender qué significa el banano para Urabá.
 


 

 

Haga clic en las imágenes para ir a cada parte del especial:
 

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Dina Luz, la hija de Clara, fue diagnosticada con lupus eritematoso luego de haber sido fumigada mientras abonaba banano .


 

Mayte Rudiño tiene 15 años y se despierta cada mañana con un sonido que le recuerda cómo la vida de su mamá se convirtió en un calvario. No necesita alarma para llegar a tiempo al colegio, pues desde las seis y media empiezan a sonar, como un taladro, las aeronaves  que fumigan con agroquímicos las plantaciones bananeras contra el hongo de la sigatoka negra.

Por si acaso, Mayte y sus hermanas menores no salen de la casa hasta que terminan los sobrevuelos. Por si acaso, en el colegio también buscan techo: “El profesor de educación física nos manda a meternos al salón cuando están fumigando”, cuenta.

Ese mismo ruido que parece determinar las jornadas de los pobladores rurales de Apartadó, Turbo y Carepa, en el Urabá antioqueño, fue para Dina Luz Nerio un anuncio tardío de su pesadilla.

Era 22 de diciembre de 2016 cuando la mamá de Mayte, Maryliz y Maricela lo escuchó. Dina estaba abonando banano en la finca donde trabajaba hace un año y corrió a meterse debajo de unas hojas, pero fue muy tarde. “Ya pa’ qué...si la avioneta me había fumigado”. Así recuerda Clara Nerio cómo su hija de 30 años le contó del accidente al llegar a la casa.

Esa noche se bañó varias veces, pero la rasquiña en la cara y en los brazos no la dejó dormir. Pasaron tres días hasta que Dina decidió ir al hospital, le dijeron que tenía una dermatitis por contacto y le dieron de alta el mismo día con un antialérgico y un desinflamatorio.
 


El diagnóstico

A pesar de sentir picazón y dolores ocasionales en las articulaciones, Dina siguió trabajando en la finca. Pero en enero sus síntomas pasaron a ser mucho más que una incomodidad: aparecieron brotes en la cara, úlceras en la boca y la piel simplemente se le caía. Según recuerda Clara, su hija llegó a contemplar que el origen de esos males estuviera en la brujería. Fue entonces cuando volvió al hospital y le dieron el verdadero diagnóstico: “lupus eritematoso sistémico posterior a exposición a organofosforados por fumigación aérea”.


En otras palabras, todo era consecuencia de esa enfermedad autoinmune que puede afectar cualquier órgano, pues las proteínas encargadas de proteger el cuerpo terminan destruyendo los tejidos sanos. A Dina se le cayeron el pelo y las uñas, le fallaron los riñones y sentía un intenso dolor al tragar.

“Ella se quejaba toda la noche y yo le daba una cantidad de pastillas que conseguía por tutela. Empezó con acetaminofén y al final solo la aliviaba la morfina”, recuerda Clara desde la terraza de su casa en Carepa, con los ojos llorosos durante todo el relato.

En muchos pacientes el lupus suele permanecer latente, sin síntomas, hasta que se activa por factores hormonales o medio ambientales. Maria Claudia Díaz, internista y reumatóloga del Hospital San Ignacio de Bogotá, explica que, aunque “no existe una relación directa (entre el lupus y la exposición a agroquímicos), algunas sustancias pueden activar cambios inflamatorios y mediar procesos auntoinmunes en personas susceptibles genéticamente. Lo mejor es evitar la exposición”. 

 


Enfermedad general

Esa fue la sentencia que condenó a Dina Luz, a su mamá y sus tres hijas a un viacrucis médico de 18 meses. La primera puerta que les cerraron fue en Positiva, la Aseguradora de Riesgos Laborales a la que estaba afiliada, pues se negaron a cubrirle el tratamiento contra el lupus bajo el argumento de que esta era una “enfermedad general” y por ende no era consecuencia de su accidente laboral. De esa respuesta vino la primera de muchas tutelas, que un juez falló a su favor y ordenó a Positiva cubrir los gastos del tratamiento.

Mientras tanto, Dina siguió vinculada a la empresa Bananeras Fuego Verde y trabajaba en la finca los días que el cuerpo amanecía con fuerzas. Pero las incapacidades se fueron haciendo más largas; pasó de durar 5 o 10 días sin trabajar, a tres meses hospitalizada en Medellín.

Así fue como las hermanas Rudiño Nerio se acostumbraron a tener a su mamá -y junto a ella, a su abuela- en un hospital. “Yo si acaso venía a la casa a lavar, a prepararle una mazamorra para llevarle y me regresaba a la clínica”, cuenta Clara en un acento cordobés que permanece intacto aunque llegó a Urabá hace más de 30 años, atraída por el auge del banano.

Mayte, a sus 14 años, terminó asumiendo las responsabilidades de mamá en la casa: “Claro, así fue que yo aprendí a cocinar y a hacer el aseo”, cuenta desde la sala, rodeada de cuadros con fotos de Dina en su primera comunión, en algún reinado, en sus quince años.

En su papel de hermana mayor, Mayte rogó que la dejaran visitar a su mamá en el Hospital de Apartadó con el compromiso de “ser fuerte y no llorar”, pero las súplicas de las tres generaciones de la familia no lograron convencer al personal del hospital.

 

De izq. a der. Maryliz, Maricela y Mayte, hijas de Dina Luz. 


 

“¿Mi hija se está muriendo?”

Todos los días Clara abordaba a los médicos con la misma pregunta desesperada: “doctor, dígame la verdad, ¿mi hija se está muriendo?”. La respuesta siempre estaba cargada de optimismo, pero ella sabía que Dina estaba sufriendo, aunque los tubos para respirar no le permitieran decirlo.

En medio de sus visitas diarias al hospital, Clara se aferró a una esperanza: que trasladaran a Dina a una clínica de Medellín donde la habían tratado antes con buenos resultados. En cuanto el médico pidió el traslado, alistó las maletas y organizó a las niñas para que se quedaran con sus tíos.

Pero faltaba un trámite más: que la EPS Coomeva diera la orden. Emprendió entonces una nueva lucha que terminó en una nueva tutela, incluso fue a hablar con el director de la EPS: “Me le pegué una emberracada porque estaba cansada de que me dijeran que en 24 horas daban la orden”, dice Clara en un tono fuerte que se escucha incluso por encima del ruido de los aviones que no dejan de sobrevolar Carepa.

La respuesta a la tutela llegó la mañana del 10 de julio de 2018. El juez le devolvía la esperanza a Clara, pero en pocas horas el destino se la arrebató. Esa misma noche, tras un mes y tres días de hospitalización, Dina Luz murió en el hospital de Apartadó.

Para Clara Nerio la lucha terminó ese 10 de julio. Cerró definitivamente el capítulo de las tutelas y las súplicas cuando la empresa le entregó 3 millones de pesos por la liquidación y las cesantías de Dina. “¿Usted cree que eso es lo que vale la vida de una persona?”, se pregunta entre lágrimas.

Tiene claro que nada le va a devolver a su hija, por eso dice que no denunciará a Caaisa, la empresa de fumigaciones que, según reportes de la Aeronáutica Civil, estaba regando agroquímicos en el día y la hora del accidente de Dina.

Hoy Clara vive su duelo al tiempo que se las arregla para mantener a sus tres nietas. En esa misión la ayudan sus otros hijos, todos trabajadores del banano.

 


Cada vez que Eminson Moreno se presenta a una entrevista de trabajo en una finca bananera surgen dos preguntas que le dan un mal indicio: “¿Qué le pasó en el ojo?” es la primera. Cuando explica que perdió la vista luego de que le cayó químico de una fumigación aérea surge la segunda: “¿Y demandó a la empresa?”

En ese momento confirma que no lo van a contratar a pesar de tener experiencia “en todas las labores del campo”: sabe embolsar, amarrar, deshojar y empacar banano. Porque en el Urabá antioqueño el campo es sinónimo de banano.  

Ya van cuatro entrevistas en tres meses y todas terminan igual. Cuenta que ha mandado más de 20 hojas de vida pero ya lleva dos años, desde que ocurrió el accidente, rebuscándose en lo que salga. “Mi hermano trabaja en una platanera y a veces, para colaborarme, me dice que le haga el trabajo del día”, cuenta en medio de la humedad que cubre las tardes de Currulao (corregimiento de Turbo).

 


Una nube en el ojo

El accidente que vivió Eminson, ese que causó la sombra blanca que hoy cubre su ojo izquierdo y despierta tantas preguntas, ocurrió el 16 de febrero de 2016. Por esos días trabajaba como garitero, es decir, llevando los desayunos y almuerzos a los empleados bananeros desde el pueblo hasta las fincas. En Urabá, incluso quienes no trabajan con el banano viven de él.

Eminson tenía 38 “clientes” en dos fincas y cada uno le pagaba $14.000 por quincena, es decir, mensualmente se ganaba alrededor de un millón de pesos. Como todas las mañanas, ese día acomodó en la moto tres canastas con desayunos y los entregó sin problema en la primera finca. Cuando iba en la vía hacia la segunda, escuchó la aeronave más cerca de lo normal: “Iba en una curva, bajé la velocidad para que no se regara la comida, y pasó la avioneta. Yo llevaba el casco pero es abierto y me cayó veneno. Enseguida sentí el ardor, la piquiña”.
 


Ese mismo día empezó el recorrido médico de Eminson en el centro de salud de Currulao, donde le recetaron gotas y lo mandaron para la casa. Los dos días siguientes continuó con su trabajo a pesar de tener la visión borrosa y una rasquiña que empeoraba con el sol. “El gariteo es un trabajo independiente, pero es un compromiso diario con los trabajadores porque ellos madrugan, se van y esperan que la mujer le mande la comida con uno”.

Cinco días después del accidente, consiguió una cita en el Hospital de Apartadó, donde le diagnosticaron una úlcera en la córnea. La doctora, además, le indicó que tenía el 90 por ciento del ojo izquierdo infectado y debían trasladarlo a Medellín o a Montería para extraerlo, antes de que comprometiera el derecho. “Ahí vinieron las lágrimas. Lógico, porque acá hay cuatro pelaos pequeños y yo estoy al frente de ellos”, recuerda desde el patio de su casa mientras señala hacia los cuartos con una sonrisa.

La orden de la Eps para trasladarlo nunca llegó y, para fortuna de Eminson, lo mandaron directamente a un oftalmólogo en Apartadó que le ofreció un panorama mucho más optimista: “Si usted confía en Dios y en la droga que le voy a mandar, matamos la infección”.

Fueron dos meses en los que debía aplicarse dos gotas diferentes en el ojo cada hora. Un tratamiento que tuvo que cubrir por su cuenta, con la ayuda de amigos, familiares y créditos, pues no hace parte del Plan Obligatorio de Salud (POS).


Recuperar el ojo, perder el trabajo

El efecto de las gotas era tan fuerte que debía pasar casi todo el día encerrado, en reposo y sin luz: “El dolor de cabeza era impresionante, sentía que me retumbaba hasta con el pálpito del corazón”. Así lograron salvar el ojo, pero no la vista, que solo podrá recuperar con un trasplante de córnea. Eminson lleva dos años en la lista de espera.

En esos dos meses, mientras se aferraba a la fe, las medicinas y el reposo, Eminson perdió su trabajo. Por un lado, tuvo que entregar la moto que usaba para garitear (y de vez en cuando para hacer de mototaxi) porque no había terminado de pagarla. Pero también  perdió la ruta que tenía como garitero porque, aunque este es un trabajo informal, tiene sus normas: “Cada garitero tiene su ruta. Como yo duré varios meses sin salir, otro cogió mi ruta... podría comprar otra pero me toca esperar a que alguno se aburra y me la venda”, explica y desvía la vista cuando su ojo se cansa de mirar a un mismo punto.

Eminson y su familia se aferran al trasplante para conseguir trabajo. Le juega en contra el hecho de haber demandado a Calima, la empresa que estaba fumigando en la hora y lugar del accidente, según registros de la Aeronáutica Civil.

Aunque en la demanda Eminson le reclamaba a Calima una indemnización por todos los daños económicos y familiares que causó el accidente, terminó conciliando con la empresa por un valor mucho más bajo del que pedía. La razón es sencilla: presión. “Tenía encima el crédito gota a gota y mientras tanto esos pelaos sin comida, sin los cuadernos pal colegio. Me decían que si no aceptaba, eso se podía demorar años”.

 


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Al consultar a las entidades involucradas en las fumigaciones aéreas sobre sus afectaciones a la población de Urabá hay una respuesta común: “no tenemos datos”. Ese parece ser el punto de partida para no tomar acciones preventivas ni imponer sanciones.

La Secretaría de Salud del municipio no tiene estadísticas sobre el número de afectados porque el Ministerio no ha establecido indicadores para medir el fenómeno. La Secretaría de Salud de Antioquia no hace vigilancia porque no recibe reportes de los hospitales municipales. El Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria (Sintrainagro) no les pide medidas a las empresas porque no hay una investigación por parte de ninguna entidad. La Corporación Autónoma de Urabá (Corpourabá) asegura que solo le compete verificar los efectos ambientales de las fumigaciones.

Ni siquiera el Comité de Plaguicidas de Apartadó -creado por ley para hacerle frente a estos casos- recibe quejas, pues “no está dentro de sus funciones”, como le respondió Corpourabá a SEMANA RURAL a través de un derecho de petición. Esta corporación ejerce la secretaría técnica del comité a pesar de que dos altos directivos de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) hacen parte de su junta directiva: Juan Camilo Restrepo, su presidente, y Gabriel Jaime Elejalde, director regional en Urabá.
 

Leider Anaya era embolsador de banano y debía responder diariamente por 16 hectáreas en jornadas de 12 horas. Una de esas mañanas estaba montado en la garrucha (un riel para transportar la fruta dentro de la finca) cuando le cayó agroquímico desde una aeronave. Su caso es uno de los más conocidos en Urabá porque, luego de perder la vista en un ojo, denunció públicamente a Caaisa, la empresa de fumigación que estaba sobrevolando la zona cuando ocurrió el accidente. Leider terminó aceptando una indemnización de la empresa por un valor mucho menor al que pedía. “Esa plata me la gasté prácticamente pagando deudas de los medicamentos”, cuenta con la voz suave y la mirada baja. 


 

Entre tanto, el presidente de Augura responde que los casos de personas afectadas por las aspersiones aéreas de pesticidas son “excepcionales” y que el sector cumple con todas las normas al fumigar. Restrepo hace especial énfasis en que “todos los agroquímicos que se usan están aprobados por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)”.

Sobre este punto, encontramos que efectivamente ninguno de los 15 agroquímicos que usan  las empresas bananeras aparecen en la lista de prohibidos o restringidos por el ICA (la última vez que el ICA prohibió un plaguicida fue en 2004). Sin embargo, cuatro de ellos (Impulse, Banaclean, Reflect 125 EC y Seeker 750 EC) son categoría II en Colombia, es decir, "altamente peligrosos" y siete más hacen parte de la categoría III o "moderadamente peligrosos".

Adicionalmente, otro de los productos (Duronil 720 SC) tiene un componente (Clorotalonil) calificado como “de uso restringido” por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos; la justificación es que “tiene el potencial de causar efectos adversos no razonables para el medio ambiente y lesiones a los aplicadores o espectadores sin restricciones adicionales”.
 

¿Dónde está el error?

El Decreto 1843 de 1991, que regula el uso de plaguicidas en Colombia, cumple 28 años. En él se exigen medidas para evitar que las fumigaciones con agroquímicos afecten la salud humana y el medio ambiente.

Una de ellas consiste en evacuar personas, animales y alimentos del área mientras ocurre la fumigación aérea. Según el Presidente de Augura, las empresas fumigadoras cumplen con esta exigencia, pues “siempre se evita que en la plantación bananera haya personal cuando se está fumigando para evitar que les caiga”.

Pero los trabajadores afectados dicen  lo contrario. Leider Anaya denunció los efectos en su piel y en un ojo en 2018, luego de que le cayó pesticida desde una aeronave que fumigó mientras él garruchaba (transportaba el banano en un cable-vía) en la finca. Él cuenta que entre los empleados de las bananeras existe algo así como un protocolo informal para autoprotegerse de las fumigaciones: “Cuando el avión fumiga nos salimos de la finca, así no nos avisen. Si no alcanzamos a salirnos, nos escondemos debajo de las hojas para que no nos caiga el químico”.
 

Aunque existen señales preventivas en zonas de fumigación, los trabajadores aseguran que generalmente las empresas no les avisan cuándo van a fumigar.


 

La norma también les prohíbe a los pilotos “sobrevolar poblaciones, acueductos, escuelas y demás lugares que representen riesgos para la salud humana y la sanidad animal y vegetal”. Al respecto, habitantes de poblaciones como Currulao o Carepa cuentan que los aviones pasando sobre sus viviendas y colegios se han vuelto parte del paisaje: “Aquí la gente sabe que hasta las 7 y media de la mañana no puede salir porque están pasando las avionetas. Por eso tampoco nos atrevemos a usar el agua lluvia”, cuenta Clara Nerio, habitante de Carepa.

Juan Fernando Gómez, ingeniero de Corpourabá, lo confirma al asegurar que las principales quejas que reciben son por sobrevuelos. “A veces veo alguna avioneta pasando por el área urbana. ¿Por qué? Quién sabe qué fue lo que pasó”.

Otra de las exigencias del Decreto es que se mantengan las aeronaves y equipos de aspersión “en perfectas condiciones de calibración y funcionamiento”. El ingeniero Gómez revela que en los últimos ocho años han ocurrido fallas mecánicas en los aviones y, como consecuencia, los pilotos se han visto obligados a descargar el químico aleatoriamente para perder peso y evitar estrellarse. Según reportes de Corpourabá, van ocho accidentes de este tipo entre 2011 y 2018, además de un aterrizaje de emergencia y una colisión.


Al responder sobre estos incidentes, Restrepo vuelve a usar la expresión “casos excepcionales” en los que el piloto se limita a seguir un protocolo para evitar un mal mayor: “Se presenta para salvaguardar el interés general y evitar un accidente aéreo que sería más lamentable”.

Al comparar los registros de las fechas en que los pilotos tuvieron que regar el químico para perder peso, con los cuatro casos conocidos de víctimas por aspersiones, las fechas no coinciden. Esto indicaría que la causa de que les cayera el químico no fue resultado de un “accidente excepcional”, sino de algún otro error al momento de fumigar.


¿Quién vigila?

Mientras los argumentos de Augura y la comunidad se contradicen por completo, parece no haber ningún ente de vigilancia que pueda resolver quién tiene razón hasta qué punto.

Vuelve el problema de los datos:

La secretaria de Salud de Apartadó, Yanelly Zuluaga, explica que desde su despacho no han levantado estadísticas sobre el tema porque “es un proceso de investigación riguroso y requiere recursos”. Le traslada la responsabilidad a Bogotá: “Sería muy bueno que se elevara la inquietud a nivel central porque en lo nacional tampoco está contemplado vigilar”.

En todo caso, Zuluaga no  niega que exista el problema: “El asunto de los plaguicidas no es de hace dos o cinco años, es un evento que se da desde hace rato en nuestra región. Uno escucha el rumor pero de ahí a decir que haya una tasa alta, no aparece a la fecha”.

Pasamos al departamento. Alberto Aristizábal, director de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud de Antioquia, tampoco tiene registros. “Nosotros hacemos la vigilancia, pero la puerta de entrada son los municipios (los hospitales o las clínicas). Cuando hago un rastreo no encuentro particularmente intoxicaciones por agroquímicos”, reconoce.

Desde el mismo sindicato tampoco hay muchas respuestas para los empleados del banano. Guillermo Rivera, presidente de Sintrainagro, niega que existan casos de trabajadores afectados por las fumigaciones aéreas: “No, aquí las enfermedades más comunes son las lesiones de columna, del manguito rotador y el túnel del carpo, por la repetición permanente en labores”.

El líder sindical recibió en diciembre pasado la ‘Orden de Oro’ que entrega la Gobernación de Antioquia por su trayectoria, en un evento al que asistió el Presidente de Augura. Hechos como este han despertado el malestar de algunos trabajadores, que no se sienten del todo representados y han preferido afiliarse a otros sindicatos. Rivera, desde su oficina en Apartadó, insiste en rechazar la teoría de que existan trabajadores enfermos por cuenta de los agroquímicos: “Cuando uno averigua en las empresas de salud, dicen que es otra enfermedad. ¿Cuál? yo no sé cómo se llama pero es una enfermedad distinta”.

 


CRÉDITOS

PERIODISTA Marcela Madrid Vergara | FOTOGRAFÍA Y VIDEO  César García Garzón 
AGRADECIMIENTOS 
La Chiva de Urabá - Familias Anaya, Nerio y Moreno

- EN MEMORIA DE DINA LUZ NERIO -



 

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