¿Por qué están matando a los líderes de Córdoba?

julio 09 de 2019

El asesinato de Manuel Osuna Tapias se suma a la larga lista de víctimas del conflicto armado en Córdoba. Semana Rural habló con el líder de la Fundación Social Cordoberxia, Andrés Chica, para entender qué pasa en un departamento que está en la mira de la minería ilegal y de los narcos. .

¿Por qué están matando a los líderes de Córdoba?

| En menos de un mes Córdoba ha perdido a ocho líderes sociales por el conflicto armado. Los expertos afirman que en la región hay una reorganización de los grupos paramilitares que desean controlar las rutas del narcotráfico y el negocio de la minería ilegal | Por: Archivo Revista Semana


Por: María José Peláez Sierra
@mariajop4

 

La Fundación Social Cordoberxia anunció el pasado sábado que uno de sus integrantes, Manuel Osuna Tapias, de la vereda El Cerro de San José de Uré, al sur del departamento de Córdoba, fue decapitado por miembros de grupos armados ilegales. A Osuna, de 67 años, lo encontraron en su casa, que ardía en llamas, con heridas de arma blanca en el cuello.

Aunque, hasta el momento nadie confirmó quiénes fueron los responsables del hecho, algunos habitantes de la región afirman que la culpa la tiene el Bloque Virgilio Peralta Arenas, de la banda criminal los Caparros, una de las muchas que se disputan el control de las rutas del narcotráfico después de que las Farc abandonó la región con la firma del Acuerdo de Paz. 

Este homicidio se suma al de la lideresa María del Pilar Hurtado, quien fue asesinada el pasado 21 de junio presuntamente por las Autodefensas Gaitanistas,  que la declararon “objetivo militar” en Tierralta. 
 

 

María del Pilar Hurtado, lideresa asesinada por las AUC en Tierralta, Córdoba. © SEMANA


 


 

Andrés Chica en rueda de prensa explica la situación de seguridad en Córdoba. ©SEMANA RURAL

 

 

Manuel pertenecía a la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), una organización que en lo corrido del año ha sufrido la muerte de ocho de sus integrantes. A pesar de que trabajaba en temas de restitución de tierras y en sustitución de cultivos ilícitos, Andrés Chica, líder de la Fundación Cordoberxia, asegura que “no era más que un campesino. Realmente no era un líder. Pero es que aquí se está impulsando un proyecto para echarnos a los desplazados y pequeños tenedores de tierra. Quieren dejar esto libre para la explotación de cultivos ilícitos, pero también para la minería trasnacional”

Para Andrés, es importante que la gente entienda que la situación de Córdoba es crítica, pues asesinatos como el de Osuna se están haciendo cada vez más frecuentes. Para él, no se trata solo de que la población civil queda en medio del conflicto armado entre los militares, el Clan del Golfo, los Caparros, las disidencias de las Farc y los múltiples grupos paramilitares, sino que el abandono del Gobierno Nacional y los intereses económicos para apropiarse de las tierras de los campesinos ayudan a que Córdoba se convierta “en un lugar perfecto para la violencia y la impunidad”.  Incluso, tanto Andrés Chica como los vecinos de Manuel Osuna, afirmaron que las autoridades llegaron seis horas después del asesinato. 

“Yo invito a las personas a que miren un mapa e intenten rastrear en dónde están las reservas campesinas, en dónde están los proyectos mineros y en dónde los grupos paramilitares, para que se den cuenta de que todos comienzan a superponerse. Entonces, el gobierno quiere hacerles creer a las personas que a los líderes los matan por problemas de faldas o por estar involucrados con el negocio del narcotráfico. Pero esa nunca ha sido la realidad. La única realidad aquí es que muchas de estas multinacionales contratan bandas criminales para asustarnos, ahuyentarnos y, por lo tanto, darles vía libre para acabar con nuestras tierras y sacarles toda la riqueza”, dice Chica evidentemente preocupado con la situación del departamento. 

 

 

                                                                                                                                                     Masacre de Bellavista, Córdoba en 1997. © SEMANA

 


Al mismo tiempo, Ascsucor rechazó el homicidio a través de un comunicado: “De la manera más denigrante cortaron la cabeza del campesino Manuel Tapias, quien era miembro de nuestra asociación. La violación de los derechos humanos e infracción al derecho internacional no pasó por aquí, tras deponer su cuerpo y cabeza a un lado, quemaron su casa de madera y palma, sin que nadie dijera nada”. 

Desde 2016 hasta ahora, según fuentes del Gobierno, los grupos al margen de la ley asesinaron a 32 líderes sociales en Córdoba, de los cuales 7 se encontraban en Tierralta, 5 en San José de Uré y los demás en el resto del departamento. Pero las fundaciones y organizaciones de derechos humanos estiman que el número podría ser mucho mayor.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el Sur de Córdoba, los grupos armados ilegales se están reconfigurando desde 2017. A pesar de que las alertas llegan hasta el Ministerio del Interior y es obligación del Gobierno tomar medidas, en la región sienten que se toman demasiado tiempo en prestarles atención. 

Algunos creen que en el departamento la ley la impone el Clan del Golfo, las disidencias, los madereros, los grandes terratenientes y los industriales. Incluso, muchas de las asociaciones de campesinos consideran que algunos de los políticos de la región están tan solos y abandonados por quienes toman las decisiones en la capital, que no los culpan de su inoperancia. 

 


 

«Las fiscalías locales no pueden hacer mucho más de lo que hacen, y en la medida en que la Fiscalía Nacional siga enviando, cada tanto, a un supervisor a que investigue la zona, estos casos se seguirán repitiendo. Necesitamos gente permanentemente en el territorio»

 

Andrés Chica, presidente de la Fundación Cordoberxia


 

 

Para muchos expertos Córdoba es un caso particular porque está viviendo un periodo de ‘reparamilitarización’ de las zonas ganaderas lo que ha llevado a los constantes asesinatos. Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo este es un problema que se vive a nivel nacional y por eso prendieron las alarmas.

Según el defensor, Carlos Negret, en todo el país hay 983 líderes amenazados de muerte y del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero de este año mataron a 462 de ellos. Sin embargo, las organizaciones civiles estiman que el número podría rondar los 700 asesinados. 

Finalmente, Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, le dijo a SEMANA hace unos días que es injusto juzgar a los habitantes de Córdoba de indiferentes o de aliados de los grupos armados ilegales. Hay que comprender que son zonas muy afectadas por la violencia, con un grado de alto de miedo y lo que allí ocurre es que hay “una normalización muy trágica de la violencia”. 

Córdoba de alguna u otra manera recibió lo peor de la guerra y en medio siempre quedaron los habitantes de las zonas rurales. Parece que, ya sea como carne de cañón o como víctimas silenciosas del terror, la historia sigue repitiéndose una y otra vez. 

 

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