¿Por qué hay decenas de víctimas al frente de la Embajada de Noruega?

Desde hace dos meses, frente a la embajada de Noruega, cerca de 80 personas víctimas del conflicto armado han pasado los días bajo la lluvia y el sol intenso de Bogotá. Allí, rodeados por cambuches que han improvisado con madera, bolsas plásticas que utilizan para cubrirse del frío en las noches y, algunas de sus pertenencias, esperan a que alguna institución les responda a su llamado de reparación integral que merecen como víctimas.

Para muchos no es la primera vez que les toca dormir en la calle, ni exponer su salud para que se les garanticen sus derechos. Lizbeth Clavijo lleva buena parte de su vida arriesgándose por su familia. Fue desplazada hace 25 años, con sus padres y sus hermanos, en el Valle del Cauca. Escapando de la violencia vivió unos años en Tuluá, donde empezó a exigir por sus tierras y las de su familia, y de allí también salió amenazada.

Desde entonces ha tenido que huir cinco veces. Su nombre ha aparecido en los panfletos de grupos armados que ni conoce, y en las bocas de allegados que le rogaban con angustia que se fuera con su familia.

“Si hablamos, nos amenazan. Pero si no reclamamos, somos invisibles. Nosotros tenemos fuerza, tenemos la capacidad de pararnos ante las amenazas y exigir por nuestros derechos. Si nos morimos por el virus, por las balas o por lo que sea, por lo menos morimos en nuestra ley y en esta lucha por nuestros derechos”, asegura Lizbeth.

Con un tapabocas de tela desgastada que deja entrever sus gestos y, a pesar de todo, una que otra sonrisa, Lizbeth no pierde la esperanza y se para firme ante la adversidad. “Mis padres fallecieron sin poder volver a sus tierras. Yo no me voy de aquí hasta que a mi familia y a nosotros, las víctimas, nos cumplan”, dice.

Sentado frente a ella, en un cambuche que comparten tres personas, también está su hermano, quien tiene una discapacidad cognitiva que, según Lizbeth, no ha sido razón suficiente para ser atendido de manera prioritaria por la Unidad de Víctimas.“Es muy doloroso que digan que favorecen a adultos mayores, a personas en condición de discapacidad y a enfermos terminales, pero ni a ellos, ni a nosotros, ni a nadie se le pone cuidado”, dice con rabia mientras mira a su hermano.

Diferentes asociaciones de víctimas en Bogotá se han unido a la toma de la Embajada. Varias de estas personas llevan más de 10 años esperando a que les respondan por sus tierras. “Mire, yo tengo todos los papeles, cada radicado, cada documento que me piden y no ha pasado nada”, dice un hombre que prefirió reservar su identidad, mientras abre un morral para sacar una carpeta casi tan gruesa como un libro y mostrar cada documento que ha ido recopilando con los años. Algunos están rasgados y otros han perdido la tinta con el tiempo.

Alrededor de las personas hay algunos víveres: las lechugas y hortalizas ya están negras por el paso del tiempo y la carne, guardada en una cubeta roja, ha empezado a desprender un olor rancio. Muy a pesar del hambre y de las condiciones en las que se encuentran, aseguran que permanecerán allí hasta que la Embajada de Noruega, como país garante del Acuerdo de Paz,  los ayude en su búsqueda por ser reparados.

Este tipo de manifestaciones y tomas de edificios ya se han dado en el país. En el 2000 y durante tres años, la antigua sede de la Cruz Roja Colombiana fue tomada por desplazados en una protesta para exigir ayudas del Gobierno nacional. Marcela Caicedo lo recuerda bien. Había llegado a Bogotá unos meses antes, desplazada de su finca en Murillo, Tolima. Allí, por evitar que sus dos hijas fueran reclutadas, las tres terminaron siendo víctimas de violencia sexual.

En Bogotá vivió durante varios meses en la calle y sin un empleo para mantener a sus hijas. Dice que fue por ellas que terminó en la toma de la Cruz Roja en el 2000 y es por ellas que hoy lidera la toma en la Embajada de Noruega. “Han pasado 20 años y el gobierno sigue sin responder. Sigo sin volver a mi tierra, sin recibir una reparación digna para mis hijas”, dice Marcela con la voz quebrada.

A pesar de ser la coordinadora de la Mesa de Víctimas de la Localidad de Engativá e integrante de la Mesa de Enfoque Diferencial de Mujeres de la ciudad, se cansó de esperar entre diálogo y diálogo, y convocó a varias mujeres para que se unieran al plantón. Desde el 30 de noviembre ha exigido mejores atenciones para las familias de las víctimas.

“Desde que llegué a Bogotá me convertí en lideresa. Tenía que hacer algo por mi familia porque nadie lo iba a hacer por mí. Mi hija mayor tiene VIH y artritis reumatoidea por lo que pasó, y mi hija menor quedó infértil. Lo que vivimos ha marcado la vida de nuestra familia y por eso es que lucho”, explica mientras sus piernas se mueven constantemente.

Hoy, dice, no tiene nada que perder. La pandemia de la covid-19 la dejó sin su sustento: un carro de perros calientes con el que había sacado adelante a sus hijas a espera de que las autoridades le respondieran. Por eso dice con contundencia que, mientras el Gobierno nacional y el Distrito no muestren una voluntad real para repararlos, seguirán acampando frente a la Embajada. “No me puedo quedar de brazos cruzados. Hoy no tengo casa, no tengo para mi vejez, pero tengo fuerza para alzar la voz”, dice Marcela.

SEMANA RURAL se comunicó con la Real Embajada de Noruega, cuya Primer Secretaria, Line Hammeren, afirmó que lo que está ocurriendo con el campamento le compete a las autoridades colombianas, con quienes han sostenido un diálogo constante sobre la situación de estas personas.

La Alcaldía de Bogotá, por otro lado, resaltó en un comunicado de prensa que “las demandas de las personas allí asentadas tiene responsabilidad directa en entidades del orden nacional”. También recalcaron que, a pesar de que no les compete responder ante estas personas, la  Alta Consejería Para Los Derechos De Las Víctimas, La Paz Y La Reconciliación (ACDVPR)  ha hecho un acompañamiento para promover el diálogo con los líderes de la manifestación.
 

Por su parte, la Unidad de Víctimas asegura que, luego de visitar los terrenos al frente de la Embajada, identificó a 267 personas que se han venido manifestando en el lugar, de las cuales 257 aparecían en el Registro Único de Víctimas. De estas, 40 habían recibido al menos un pago entre el 2020 y lo corrido de este año y 44 ya habían recibido una indemnización administrativa por hechos como desplazamiento u homicidio. Las demás personas, asegura la entidad, no han recibido apoyos en los últimos meses porque superaron las carencias o los 10 años del desplazamiento; no fueron víctimas de este delito; o hubo novedades en el registro del núcleo familiar, lo cual impide continuar con la solicitud de Atención Humanitaria.

“A través de nuestros canales, las personas pueden realizar todas las solicitudes de acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral. (...) No es necesario acudir a las vías de hecho para acceder a las medidas a las cuales tienen derecho como población víctima poniendo en riesgo su seguridad y su salud”, dice la Unidad de Víctimas, que asegura que tanto las personas con alguna discapacidad y los adultos mayores serán priorizados de acuerdo con las políticas de la entidad y la Ley de Víctimas, y que para resolver este caso en particular pedirán el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nacional y la Personería de Bogotá como garantes de los derechos humanos.

*Si usted es víctima de conflicto armado, puede recibir atención en la página: www.unidadvictimas.gov.co a través del servicio “Unidad en Línea”, el correo electrónico unidadenlinea@unidadvictimas.gov.co  y en las líneas nacionales 018000911119 y 4261111 en Bogotá.