Puerto Rico: de pueblo cocalero a prospecto de despensa agrícola

Fabián Delgado llegó a Puerto Rico, en el sur del Meta, para trabajar con cultivos de uso ilícito. Fue en el año 2000. La economía principal por entonces en el pueblo era la hoja de coca. “Habían matas cerquita de la cabecera municipal. Entre 1998 y 2002 se veían cultivos en el margen derecho del río Ariari y en algunas partes de la ribera del río Güejar. También en zonas rurales como Puerto Toledo, Barranco Colorado o Chispas”. 

Este campesino recuerda que el empleo no faltaba en el pueblo, pues el negocio de la coca ofrecía distintos oficios. Estaban los raspachines, encargados de recoger la hoja. Había quien se dedicara a fumigar los sembrados. Y por lo general, las mujeres eran las que apoyaban a los raspachines desde la cocina o en los campamentos. El comercio de Puerto Rico, que no se relacionaba directamente con los ilícitos, también se benefició de la bonanza cocalera de aquella época. 

“Sectores en donde hoy viven trescientas personas, en los años del auge tenían mil o dos mil habitantes. La mayoría trabajaba con la coca”. ¿Y esa era la única actividad económica de los puertorriqueños? La agricultura era algo incipiente. La ganadería, un negocio rentable en los Llanos orientales, no fue prioridad para los habitantes del municipio. La cadena de los cultivos de uso ilícito les dejaba más dinero en sus bolsillos.

“La gente solo pensaba en gastar plata. En ese momento decían: si hoy me gasto doscientos mil pesos, la otra semana me hago el mismo dinero o más jornaleando con la hoja de coca. Entonces, gastémoslo”, rememora Delgado.

Luz Garzón, de 51 años, llegó a los 14 al municipio proveniente de Tuluá, en el Valle del Cauca. Quería trabajar en cualquier oficio para costear sus gastos y los de su hijo. Pero la oferta laboral más recurrente era la coca. “Como era una niña y una forastera, nadie me ponía atención. Trabajé en lo que saliera: cocinaba para los empleados de los cultivos y garitiaba —llevabar alimentos o lo que necesitaran los raspachines—. De vez en cuando iba a raspar hoja”.

Por años, Puerto Rico estuvo entre los municipios con más cultivos de uso ilícito en el Meta, junto a Vista Hermosa, La Macarena, Uribe y Puerto Lleras, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas. Pero la coca empezó a dejar de ser rentable entre 2002 y 2003, cuando llegó la aspersión aérea con glifosato en los sembrados, una de las estrategias del Estado para combatir el narcotráfico. Y tiempo después comenzarían en forma los programas gubernamentales de erradicación manual. 

Desde entonces, los ilícitos vienen desapareciendo.

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La transición

Delgado hoy es el delegado municipal de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que reúne a campesinos dedicados a esta actividad en todo el país. También lidera los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito. Cuando habla de la ofensiva estatal contra el narcotráfico, rememora que se vivieron momentos difíciles en la transición de pueblo cocalero a municipio con vocación agrícola.

“Es que por la aspersión (de glifosato) llegaron momentos en que no teníamos comida para echar a la olla”. La agricultura seguía siendo débil. Algunas familias que vivían de la coca se fueron de Puerto Rico y otras cambiaron de actividad económica: se pasaron a lo lícito, pero no había manera de sacar lo producido de sus fincas y parcelas. La actual vía principal, que conecta al municipio con el resto del departamento, no existía en ese momento. Las pocas rutas terrestres de acceso estaban en zonas rurales y eran usadas para transporta la hoja de coca.

Por otro lado, los alimentos y las mercancías llegaban por el río Ariari desde pueblos aledaños. “Pero cuando se empezó a invirtir en infraestructura, la mentalidad de la comunidad cambió. Y también se vio obligada a buscar alternativas. Por ejemplo, en las vegas de los ríos habían cultivos de coca, pero luego aparecieron siembras de plátano, maíz y yuca”.

De acuerdo con la evaluación agropecuaria municipal para el departamento del Meta, hecha por el Ministerio de Agricultura en 2016, Puerto Rico es el séptimo municipio cultivador de palma de aceite, con 11.536 hectáreas de área sembrada y 10.400 de área cosechada. En la misma evaluación, pero hecha en 2014, el pueblo ocupó el décimo puesto entre los cultivadores municipales de caucho, con 132 hectáreas sembradas y 102 cosechadas.

En los cálculos de la Secretaría Municipal de Agricultura, en 2016 se cultivaron 1.250 hectáreas de piña (quizá el producto agrícola estrella del sur de Meta) y se cosecharon 1.200. El plátano para ese año registró 8.400 hectáreas sembradas y cosechadas. Estos indicadores, aunque no son los más recientes y a los que pudo acceder SEMANA RURAL en su reportería, dan una idea de la nueva vocación de este rincón del departamento: pasar de ser un pueblo cocalero a una posible y futura despensa de los Llanos orientales. Son cifras que no se veían en años anteriores.

“Que hoy se piense en agricultura y no en los cultivos de uso ilícito se debe a la paz. La población de Puerto Rico no pensó que en algún momento iba a pasar esto del posconflicto”, reflexiona el vocero de la Coccam.

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Lo que falta: la consolidación

Pese a la nueva cara del municipio, aún hace falta consolidar la transición desde tres aspectos: invertir en infraestructura, impulsar proyectos productivos y mejorar la comercialización agrícola. Estos retos hacen parte de las conclusiones del encuentro local que organizó este medio a comienzos del pasado julio en Puerto Rico.

En febrero de este año varios productores de piña le contaron a SEMANA RURAL que no recuperan lo invertido en este cultivo porque el precio en el mercado es injusto frente al dinero que gastan en sembrar, cuidar, cosechar y transportar la fruta hasta los intermediarios (quienes ponen el valor) o las centrales de abasto. “Aquí en Puerto Rico, por el tipo de suelo, cualquiera puede sembrar fruta y le da cosecha. Pero los costos de producción son altos y así no nos sirve para sobrevivir de este negocio”, comentó un agricultor.

Además, la falta de carreteras veredales en buen estado para que los campesinos saquen las cosechas y de centros de acopio cercanos a sus fincas aumentan el costo de la producción no solo de piña sino de otras siembras como la yuca.   

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Resolver estos temas es clave para finalizar en buen término el plan de sustitución de cultivos ilícitos en Puerto Rico. Un estudio de la fundación Ideas para la Paz, publicado en mayo de este año, señala que hay 1.260 familias acogidas a los acuerdos colectivos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con el que se busca que los cultivadores cambien de actividad económica. Pero en dicho informe aparece que hasta ese momento no se habían contabilizado y certificado las hectáreas erradicadas voluntariamente, por lo que no se sabe con exactitud cuál es el impacto real del programa en el municipio.  

¿Y qué se hace desde la administración local para consolidar la transición? “Estamos dando asistencia técnica directa a los productores, con un equipo multidisciplinario (un agrónomo, un zootecnista y un ingeniero ambiental). Otra estrategia que implementamos es apoyar los procesos de transformación por medio de distintas iniciativas públicas y privadas”, responde Diego Gamba, secretario municipal de Agricultura. Además, explica que se vienen apalancando proyectos productivos de los campesinos o de asociaciones ante el Gobierno nacional.

“Que hoy se piense en agricultura y no en los cultivos de uso ilícito se debe a la paz. La población de Puerto Rico no pensó que en algún momento iba a pasar esto del posconflicto”.

- Fabián Delgado, delegado de la Coccam en Puerto Rico -

Por su parte, Engels Martínez, secretario de Desarrollo y Planeación de Puerto Rico, comenta que se vienen adelantado unas jornadas llamadas ‘Gobierno al campo’, donde todas las entidades de la Alcaldía del pueblo y empresas prestadoras de servicios, como los bancos y cooperativas financieras, van hasta las zonas rurales donde se cultivaba coca o hay poca presencia estatal. “Tenemos unos planes y metas en el Plan de Desarrollo. Más que todo en la agricultura. Por ejemplo, el caso de la caña: se planteó el objetivo de otorgar un trapiche para que la comunidad pueda transformar sus cosechas. Hace unas semanas se entregó uno portátil”.

Mientras estas medidas toman vuelo, los campesinos del municipio que alguna vez se dedicaron a la hoja de coca esperan pasar la página de ese capítulo de la historia que los marcó como una zona roja y conflictiva. El cierre final solo se dará si se invierten resursos en vías, en herramientas para los agricultores y en los acuerdos del PNIS.