¿Qué hay detrás de los asesinatos y amenazas a líderes sociales en Córdoba?

diciembre 15 de 2017

Mientras los índices de violencia bajan en casi todos los ámbitos de la guerra, los asesinatos contra líderes y defensores están disparados. Una problemática que se da en medio de la llegada de nuevos actores armados en la zona..

¿Qué hay detrás de los asesinatos y amenazas a líderes sociales en Córdoba?

| Líderes y miembros de las comunidades de Córdoba se reunieron con organizaciones sociales y comunidad internacional para expresar sus preocupación por la situación intimidante | Por: Santiago Londoño / SEMANA RURAL


Por: Santiago Londoño
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Mientras los índices de violencia bajan en casi todos los ámbitos de la guerra, los asesinatos contra líderes y defensores están disparados. Córdoba es uno de los epicentros de esta problemática que se da en medio de la llegada de nuevos actores armados a la zona.

Desde el 2016 hasta la fecha, son diez los líderes sociales o defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el departamento de Córdoba. A esto se suma que, en los primeros seis meses de este año, cada 16 días algún líder de ese departamento sufrió un ataque contra su integridad, según el último reporte de riesgos de la Defensoría del Pueblo y el informe ‘Agúzate’, de Somos Defensores.


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Parte de estos ataques, de acuerdo con líderes y autoridades, se atribuyen a las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia —AGC— o Clan del Golfo, el grupo que hoy ejerce mayor control en la zona.

Antes de ellos, este departamento ha visto pasar la violencia vestida con varios trajes: en los 70 estuvo el EPL; más tarde tomaron control las Farc, que hicieron presencia con tres frentes; en los 90, este territorio vio nacer los primeros grupos paramilitares de los hermanos Castaño, posteriormente conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—. Y hasta el ELN ha sitiado algunas veredas del sur.


smiley | 10 son los líderes y lideresa que han muerto de forma violencia desde el 2016 | Foto: Santiago Londoño / SEMANA RURAL


Víctor Negret, un profesor que desde 1972 viene reconstruyendo la historia de ese territorio, considera que la ubicación geográfica de Córdoba resulta atractiva para estos grupos al margen de la ley.
 

“Tenemos 124 kilómetros de playa con conexión hacía Panamá, 360.000 hectáreas del Parque Natural Paramillo, que lamentablemente se han usado, en parte, para cultivos ilícitos. Además, están todos los recursos minerales: carbón, níquel, oro y hierro. La riqueza del departamento se convirtió en una maldición”, explica.

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Muchos creen que esa condición de territorio codiciado por la ilegalidad es argumento suficiente para que hoy los líderes y defensores de derechos humanos cordobeses vivan en constante riesgo.

Aquí identificamos algunos posibles factores:
 

LUCHA POR EL CONTROL DE LA COCA

Con 2.668 hectáreas sembradas de coca, Córdoba está hoy entre los 10 departamentos que más producen esta hoja en el país, con un incremento del 96 % entre 2015 y 2016. La mayoría de esos cultivos están en el sur del departamento, un territorio dominado hasta hace poco por las Farc y en el que el llamado Clan del Golfo ha entrado a imponer su ley, manejando ese negocio que por años controló la guerrilla.

 


 

Según la Defensoría del Pueblo, “exigir la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en los puntos de solución a los problemas de las drogas de uso ilícito y la reforma rural integral, en abierta oposición a los intereses de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) que intentan asumir el monopolio de las economías ilegales abandonadas por las Farc”, ha sido uno de los factores para que se disparen los ataques y amenazas contra los líderes de esa zona.

En eso coincide Julio, un líder indígena de la región. “Al no dejarnos dominar somos declarados objetivos de ellos (miembros del Clan del Golfo y otras estructuras criminales organizadas). Por no ceder a las pretensiones que tienen sobre nuestro territorio, nace la amenaza”.

Un hecho que muchos ven como evidencia de ello es el crimen perpetrado contra el líder José Yimer Cartagena, quien hizo jornadas de concientización en Saiza, jurisdicción de Tierralta (sur de Córdoba) sobre la necesidad de parar la siembra de coca. Él fue hallado con signos de tortura, el 11 de enero de este año y, aunque las autoridades todavía investigan el caso, sus amigos y familiares adjudican su muerte al Clan del Golfo.
 

Consultamos a la Brigada 11 del Ejército, con jurisdicción en Córdoba, y reconocieron que, aunque “cada caso de violencia contra líderes tiene rasgos distintos dentro de la investigación, el común denominador es que se da en zonas sembradas de coca, donde siempre ha habido lucha por controlar el comercio de esa hoja”.


 

DISPUTA POR LA TIERRA


Otro factor que ha sido ingrediente en este coctel de violencia contra líderes es la larga historia de despojo de tierras que hoy deja un departamento que cuenta con uno de los mayores índices de concentración de tierras en el país, según el Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes.Para el caso de Córdoba, tras la salida de las Farc, varios actores armados (ELN, ACG) han entrado a disputarse el control de la tierra, además de la coca, por la minería que también se ejerce en esta zona de forma ilegal.
 

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El difícil acceso a la ruralidad y la débil presencia del Estado son una dura conjugación de factores que juegan en contra de las comunidades 
FOTO: Santiago Londoño


Tomás, miembro del Grupo por la Tierra y el Territorio de Córdoba, que busca la reivindicación de los derechos de campesinos, afro e indígenas, comenta que la llegada de nuevos grupos ilegales a disputar la tierra fue más rápida de lo que esperaban:
 

“Nosotros hacíamos una hipótesis: cuando se desmoviliza un grupo viene un proceso de calma y luego aparece otro grupo. Esperábamos que eso durara tres o cuatro años, pero no, fue paralelo: ya las disidencias de la guerrilla tienen un matrimonio con las Bacrim y están operando”, afirma.

 



OPOSICIÓN A LOS ACUERDOS DE PAZ


A la llegada de nuevos grupos ilegales se suman los intereses de élites locales y grupos de poder regionales que han manifestado una oposición a los acuerdos de paz y las reformas y cambios que estos conllevan, especialmente en lo atinente a medidas de retorno, restitución y reparación agraria. Por eso se cree que ellos también estarían detrás de las amenazas, hostigamientos y atentados en contra de defensores de derechos humanos y líderes, enfatiza el informe de la Defensoría del Pueblo.

“Ellos buscan desestabilizar y sacarnos del entorno para que todo quede como ellos han pretendido que quede, pero no, nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer como líderes y lideresas. Vamos a enfrentar la situación, aunque sea difícil y, si damos la vida y con eso estamos empoderando a otros líderes en la defensa de nuestros derechos y la lucha por la tierra, vamos a estar ahí”, reflexionó María, otra lideresa de la región que hoy se encuentra amenazada.
 


A pesar del panorama de violencia en su contra, los líderes cordobeses siguen buscando la paz, como lo manifiesta Diego Pérez, de la organización Pensamiento y Acción Social: “en este departamento existen importantes iniciativas de paz que se resisten a aceptar que lo que quieren imponer los ilegales sea el destino definitivo para esta hermosa tierra”.

Y quienes mejor lo expresan son precisamente los líderes cordobeses, quienes reconocen su doloroso pasado, pero también quieren un presente y un futuro posible en su territorio para ellos y para sus familias.

 

Fuente: Defensoría del Pueblo


 

"Nos han hecho mucho daño, nos han masacrado, nos han expulsado y eso nos ha causado rabia, dolor, pero también hemos entendido que no podemos vivir con ese odio. Eso hay que superarlo, y en mi caso, de mi familia, y de gran parte de mi comunidad, nos ha funcionado. Estos procesos de paz no son por decreto, no son entre Gobierno y actor armado, nosotros nos tenemos que sumar para que crezcan y florezcan”, señala Omar, otro líder de la región.

El reto está entonces en brindar las condiciones para que, desde la base y desde sus comunidades, los líderes puedan desarrollar los cambios necesarios para la consolidación de la paz, sin que esto les cueste la vida.
 

*Los nombres fueron cambiados para proteger la seguridad de las personas.
 

Con reportería de Antonio Canchila


 

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