Plataformas de DDHH rechazan nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo

agosto 12 de 2020

Las organizaciones reiteran su preocupación y aseguran que Carlos Camargo no tiene la experiencia suficiente para ocupar el cargo..

Plataformas de DDHH rechazan nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo

| El nombre del nuevo Defensor del Pueblo se conocerá este viernes 14 de agosto. | Por: Archivo SEMANA


Por: SEMANA RURAL
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En un encuentro virtual, representantes de tres plataformas de derechos humanos compartieron los criterios que consideran necesarios para quien será el Defensor del Pueblo. Para esos colectivos, que cuentan con más de 30 años de experiencia y agrupan más de 400 organizaciones defensoras de derechos humanos, ningún candidato es idóneo para ocupar el cargo.

 

Sus peticiones fueron una respuesta a la terna propuesta por el presidente Iván Duque, en especial por la importancia del cargo en materia de protección, garantía y divulgación de los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, Carlos Camargo, director de la Asociación Nacional de Departamentos, fue elegido como Defensor del Pueblo. Obtuvo 140 votos a favor y será el reemplazo de Carlos Negret, cuyo periodo finaliza el próximo 31 de agosto. Camargo integró la terna propuesta por el presidente Duque junto a Myriam Carolina Martínez Cárdenas, directora de la Agencia Nacional de Tierras, y Luis Andrés Fajardo, auxiliar de la Corte Constitucional, quien reemplazó a Elizabeth Martínez, secretaria de la Comisión III de la Cámara.

El principal argumento del rechazo es la falta de experiencia y de conocimiento específico en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH). Aseguran que Camargo posee experiencia en temas electorales y que era el candidato más opcionado para ocupar el puesto. "Tanto Fajardo como la candidata están ahí de relleno", dijo Liliana Vargas, vocera de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

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Después de la renuncia de Elizabeth Martínez, la terna quedó conformada por Luis Fajardo, Myriam Martínez y Carlos Camargo.

 

Vargas explicó los criterios que proponen las tres plataformas y que la Cámara de Representantes debe tener en cuenta para la elección: la independencia y el compromiso con los DDHH; la capacitación en esta experticia y en el marco jurídico internacional; la empatía con las organizaciones, movimientos y personas que defienden los DDHH, y que el candidato no haya realizado declaraciones con tinte de estigmatización hacia los defensores. 

A estos, se suma el conocimiento de los territorios y de sus situaciones particulares.La Defensoría es una de las pocas entidades del Estado que tiene presencia en todos los territorios del país”, comentó Gutiérrez. La representante también recordó la destacada labor del defensor Carlos Negret, que visitó regiones como el Catatumbo, el Bajo Cauca o el Pacífico Nariñense, y acompañó a defensores y comunidades. Las jornadas estaban articuladas con el Sistema de Alertas Tempranas, que monitorea y previene las situaciones de violencia o riesgo en las regiones.

 

Otros criterios son que el candidato exprese públicamente sus posturas respecto a la situación del país, y que realice un trabajo con enfoque diferencial (género y étnico). Sobre el primero, las representantes recordaron el contexto nacional: altos índices de violación de los DDHH y del DIH, un conflicto armado que persiste, la implementación a medias de un Acuerdo de Paz, y el asesinato a líderes, defensores y ambientalistas. 


Sobre el enfoque diferencial, las representantes consideraron que era necesaria una terna incluyente y equitativa en la que las mujeres sí sean competencia fuerte y no algo de "relleno", como lo llamaron de manera coloquial. Mencionaron la ventaja que tiene el candidato Camargo ante los otros dos opcionados.“En la terna, las mujeres realmente no están compitiendo en las mismas condiciones ni tienen las mismas posibilidades de alcanzar el cargo”, dijo Gutiérrez. Los candidatos deben tener experiencia en derechos de las mujeres y analizar los impactos diferenciales que generan su vulneración.

Estos siete requisitos también son válidos para la elección del nuevo Procurador General, cuyo nombramiento también ocurrirá en los próximos días. Soraya Gutiérrez, representante de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, destaca que la Procuraduría debe vigilar las conductas de los servidores, el manejo de los recursos públicos y debe ser vocero de la sociedad.Creemos que la Procuraduría es un referente de la ética pública y vocera del bien común. Debe prevenir la corrupción y debe promover el interés general”, dijo Gutiérrez. Por eso, la importancia de un funcionario independiente para que investigue, vigile e inspeccione el trabajo de las entidades. Asimismo, que tenga carácter para hacer valer sus condiciones.

Ana María Rodríguez, de la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, expresó la preocupación que tienen las tres plataformas. Aparte de los criterios, les preocupa la independencia de los candidatos, algo que afectaría su capacidad de plantear análisis propios e incluso, denunciar actuaciones del Gobierno. Nos preocupa la falta de independencia de los candidatos. Pareciera una evidente cercanía de los candidatos con el Presidente o con sectores del Gobierno nacional", dice. Carlos Camargo, el candidato más opcionado para quedar en el puesto, tiene el apoyo de los partidos de la U, Cambio Radical, Liberal y Centro Democrático.

De igual manera, los funcionarios deben priorizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población colombiana, sobre todo por la crisis actual por el coronavirus. La pandemia ha agudizado fenómenos como la pobreza, la desigualdad y la exclusión. 

Es importante recordar que la Constitución establece que ambos cargos deben ser elegidos por ternas. En el caso del Defensor, es elegido por la Cámara de Representantes y sus tres candidatos son propuestos por el presidente, mientras que el Procurador es elegido por el Senado y la terna está compuesta por un candidato del presidente, uno de la Corte Suprema de Justicia y otro del Consejo de Estado. Ambos cargos tienen una vigencia de cuatro años.

 

 


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