La realización del próximo censo nacional ha suscitado las opiniones de movimientos sociales, académicos e investigadores respecto a la ausencia de la categoría ‘campesino’ en el conteo de la población colombiana.
En resultados de censos anteriores, el DANE habla de dos sectores: los urbanos y el ‘resto’, para referirse a los contextos rurales del país. Esa referencia sustentada principalmente en parámetros económicos y de desarrollo industrial desconoce no solo a los campesinos como grupo poblacional, sino los territorios.
En el campo colombiano habitan indígenas, afrodescendientes y, mayoritariamente, campesinos. Para los dos primeros, el ser reconocidos como poblaciones socioculturales les ha permitido mostrarse ante el país como pueblos con un legado histórico y cultural desde el cual se fundan identidades propias, las que hoy en día han comenzado a ser reconocidas y valoradas.
Sin embargo, para el campesinado la historia ha sido diferente. El origen europeo de este concepto ha ubicado más al campesino como parte del sistema de producción del modelo económico que como una población sociocultural. Y esta mirada ha impedido que sea reconocido como sujeto de historia, de memoria y de cultura.
En otras palabras, en Colombia el campesino no ha sido reconocido como sujeto político. Qué bueno que reflexionáramos sobre este asunto, porque esta declaración tiene implicaciones directas en derechos relacionados con la titulación de tierras. Teniendo en cuenta que la titulación significa propiedad, el campesino pasa a ser dueño y no solamente obrero de la tierra.
Como vamos viendo, el debate no es menor, pues puede ir en contravía de proyectos extractivistas de empresas extranjeras que han entrado en los territorios que históricamente pertenecían al campesinado.
Y aunque ha habido intentos de reformas constitucionales que buscan el reconocimiento del campesino como sujeto político, estos proyectos se han hundido, quedando pendiente el reconocimiento de nuestra historia cultural agraria.
Mientras esto no se logre, será muy difícil para Colombia enorgullecerse de su origen agrodescendiente y sanar la deuda social que el país entero ha reconocido tener con el campesinado.
ADRIANA MENDOZA BÁEZ | En nombre de la Mesa de Educaciones Rurales
Docente investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional
Otra columna que puede interesarle:
Medidas para una mejor ruralidad
Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.
Y recibe primero una selección de los mejores contenidos y novedades de SEMANA RURAL. Nada de spam, promociones comerciales ni cosas aburridas.
¡Comparte!
El fallo de la corte, es positiva frente a las cientos de salidas a las carreteras, acuerdos incumplidos por parte del gobierno, algo sencillo pero inconveniente, para quiénes no quieren reconocer que en un país ampliamente rural como Colombia, existen a su suerte Millones de familias campesinas.
Te puede interesar
La casa de la trocha: donde víctimas y desmovilizados brindan por la reconciliación
Un llamado a recordar a los concejales de Rivera
Anuncian $1.500 millones para proyectos de investigación sobre mujer rural
Las jóvenes de Carepa que derribaron el tabú de la sexualidad
¿Por qué hay decenas de víctimas al frente de la Embajada de Noruega?
Campaña: Construyendo una escuela digital para San Andrés
Una mirada a la educación superior rural en Colombia en tiempos de Covid-19
Por: Santiago Satizabal
Desde marzo del año 2020, con la emergencia propiciada por la pandemia de la COVID 19 mucho se ha discutido sobre los cambios que impondrá en la estructura actual de la educación superior respecto a la virtualidad mediante el uso expansivo de plataformas de teleconferencias, la “semi-presencialidad”, entre otras modalidades.