Ratas, basura y negligencia: la historia de una tragedia familiar en Cartagena

“Esta es una marcha simbólica, pero también es una voz de protesta para pedir justicia y exigir más responsabilidad”. Quien habla, con voz entrecortada, es Juan Carlos Guerrero Morelos. Viste un pantalón amarillo y una camiseta negra, su mirada se pierde con frecuencia por el dolor de esa tragedia que conmocionó a Cartagena: Romario y María Camila Guerrero Sandoval – sus hijos– murieron por leptospirosis, una enfermedad que ya no debería afectar a los habitantes de una de las principales ciudades de Colombia.

Las palabras de Juan Carlos retumbaron el pasado domingo 11 de febrero en El Pesebre, un sector de las faldas de La Popa, donde vive con su familia. Sus vecinos y amigos lo acompañaron en una marcha para exigir a las autoridades que actúen para evitar que otro caso fatal ocurra.

El Pesebre es una barriada compuesta por unas diez casas, la mayoría de ellas hechas de madera y sin piso. Alrededor de las viviendas hay basuras porque hasta allá no llegan las rutas recolectoras de la ciudad y, por si fuera poco, en algunas tampoco hay alcantarillado. Ese escenario es perfecto para que hagan madriguera los roedores, principales transmisores de la enfermedad que mató a los hijos de Juan Carlos.

 UNA TRAGEDIA QUE SE PUDO EVITAR 

La primera víctima fatal fue Romario, un joven estudiante de derecho de 22 años, el mayor de los cuatro hijos de los Guerrero Sandoval. Murió el 17 de noviembre del 2017 tras adquirido leptospira, como se denomina la bacteria, y de un drama adicional, pues su familia denuncia que hubo un “paseo de la muerte”.

“Presentó los primeros síntomas el 10, en plenas fiestas de noviembre. Tenía fiebre, dolor en las articulaciones y por eso lo llevaron al CAP (Centro de Atención Prioritaria) de La Esperanza, de ahí lo mandaron al Hospital de Canapote, lo atendían y lo mandaban a la casa. Apenas el 15 de noviembre lo remitieron a una clínica especializada y de inmediato fue internado en la UCI”, cuenta Carlos Díaz, un tío político de Romario que se ha dado a la tarea de dar a conocer la historia “para que no se repita”.

El 15 de noviembre fue la primera vez que un médico mencionó la leptospirosis como posible afección y la primera prueba lo confirmó: leptospirosis no especificada, dice la historia clínica de Romario Guerrero, un luchador -dicen sus familiares- que le hizo honor a su apellido hasta el final. “Siempre planteaba que iba a salir de la enfermedad, pero pasó lo peor”, relata su tío.
 

Este primer caso debió prender las alertas en las autoridades de salud de Cartagena, según el proceso que establece el Protocolo de Vigilancia en Salud Publica para la Leptospirosis del Instituto Nacional de Salud. Se debió realizar una inspección epidemiológica para establecer cómo pudo haberse dado el contagio en esa zona y actuar para evitar episodios similares. Pero ni en noviembre ni en diciembre hubo una visita del Departamento de Salud (Dadis) al El Pesebre. Y sobrevino otra tragedia.

Menos de tres meses después, el 12 de enero, aún con el dolor intacto por la muerte de Romario, la familia Guerrero Sandoval volvió a recorrer centros de salud de la ciudad en busca de atención para María Camila, su segunda hija de 17 años. “La llevaron al CAP de La Esperanza y dijeron que la fiebre que tenía no era para atención prioritaria pese a aclarar que su hermano había presentado los mismos síntomas y había muerto por leptospirosis. – cuenta Carlos- El 16 de enero la llevaron de urgencia a la Casa del Niño y ya estaba grave, de una entró a la UCI y el 24 le hicieron la primera prueba y salió negativa, pero no tuvo mejoría y el 28 murió”.

Después de fallecida María Camila, una segunda prueba médica confirmó que su muerte, como la de su hermano, fue a causa de la leptospirosis. “Tuvo que presentarse esta segunda muerte para que empezaran a actuar”, lamenta Carlos.

  DEFENSORÍA PIDE ACTUAR 

El pasado 8 de febrero, tras una visita a la comunidad, la Defensoría del Pueblo de Bolívar ofició a varias entidades de Cartagena, entre ellas el Dadis, exigiendo que actúen conforme lo establecen los Protocolos del Instituto Nacional de Salud (INS) y alertando sobre la falta de medidas tras los dos casos fatales. “La comunidad manifiesta no haber recibido orientación de medidas a tomar. Que no han tomado muestras y que no han dado tratamiento a toda la población (48 personas: 21 menores, 10 mujeres y 17 hombres adultos)”, dice el oficio.

“Estamos reclamando por la dignidad humana. Ningún ser humano es de segunda o de tercera”, dijo el sacerdote del sector durante la protesta. Y eso es lo que reclaman en esta comunidad: condiciones de vida más dignas para que una tragedia como esta no se repita.