diciembre 16 de 2018

La abstención de Colombia ante la ONU en el reconocimiento de derechos campesinos

Por: Gabriel Tobón

El pasado 19 de noviembre en Ginebra, Suiza, la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. 33 países votaron a favor, 3 en contra y 11 se abstuvieron.

La representación diplomática de Colombia se abstuvo, decisión que intranquiliza a amplios sectores sociales y políticos; a organizaciones agrarias, étnicas y populares; a organizaciones de mujeres, académicos, centros de investigación, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras; y a todos los sectores progresistas y democráticos que apoyaron los acuerdos de paz.

Este hecho crea una profunda preocupación, frustración e incertidumbre sobre la suerte de campesinos, indígenas y afrodescendientes durante el período presidencial de Iván Duque, de 2018 a 2022.

¿Qué significado político y social tiene esa abstención? Es la pregunta que orienta esta columna, a propósito del Día de los Derechos Humanos que se celebró el pasado 10 de diciembre.

En primer lugar, es conveniente saber cuáles son esas “Otras Personas” a las que se refiere la Declaración. Además de los campesinos, esta señala:

“Aplica a cualquier persona involucrada en labores artesanales y a pequeña escala de agricultura, plantaciones, cría de especies menores, pastoreo, pesca, explotación maderera, caza o ganadería y oficios manuales relacionados con la agricultura o con ocupaciones propias del entorno rural. También aplica para las familias de los campesinos” (ONU, 2018).

En segundo lugar se debe tener en cuenta que previo a las deliberaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre de 2018 más de 140 organizaciones sociales, campesinas y agrarias y 17 congresistas de Colombia enviaron una carta al presidente Iván Duque para instarlo a que aprobara la Declaración.

La Vía Campesina, la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) y FIAN, organización internacional que trabaja por el derecho a la alimentación y la nutrición, solicitaron al mandatario la imperiosa necesidad de tomar medidas para proteger a las comunidades campesinas. En ambos casos no hubo respuesta, pero con toda seguridad se instruyó a la delegación diplomática colombiana para que se abstuviera de apoyar la Declaración.

Ahora bien, la abstención de Colombia en esta materia es una decisión política que expresa la falta de voluntad y compromiso del actual Gobierno para responder favorablemente al pago de la deuda histórica que la sociedad colombiana tiene con las campesinas y campesinos.

Más grave aún, los pone en un panorama de profunda incertidumbre en cuanto a la solución de los más apremiantes problemas que los pobladores rurales vienen enfrentando desde las primeras décadas del siglo XX.

Así, el Estado refleja su incapacidad para garantizar los derechos humanos fundamentales de los sectores más afectados por la guerra y el conflicto armado interno que vive Colombia hace más de medio siglo.

Los acuerdos en la Habana y el Teatro Colón, estos últimos suscritos en noviembre de 2016 entre la administración de Juan Manuel Santos y las Farc, representan una condición de oportunidad y posibilidad de avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.

Es una dura bofetada a los acuerdos y a su implementación el significado político que tiene la abstención sobre reconocer los derechos de los campesinos y las otras personas que trabajan en zonas rurales; sobre reconocer los derechos a la tierra, a la seguridad, a la soberanía alimentaria, a las semillas nativas, al desarrollo de una agricultura campesina sustentable, a la igualdad, a una vida digna, a la no discriminación, a vivir en paz y armonía con la naturaleza; y sobre reconocer la igualdad a las mujeres y jóvenes rurales.

Se trata de una “sutil” manera de volverlos trizas y de desconocerlos en la práctica, especialmente porque el punto central de estos acuerdos busca la Transformación Estructural del Campo Colombiano a través de la implementación del Punto 1: la Reforma Rural Integral (RRI).

Si bien los cinco Puntos del acuerdo deben concebirse como un todo integral —cuyas partes están debidamente articuladas— e implementarse de manera complementaria, la RRI representa justamente el reconocimiento y la necesidad de empezar a resolver progresivamente algunos de los principales problemas de las campesinas y campesinos y los otros pobladores rurales, quienes están en condiciones de alta vulnerabilidad.

Los pilares de la RRI contemplan el Acceso y el Uso de la Tierra, un Sistema Especial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Establecimiento de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —para atender en una primera fase a las poblaciones de los 170 municipios más golpeados por el conflicto armado interno— y los Planes Nacionales Sectoriales —?que buscan solucionar las carencias de bienes públicos y la superación de los déficit en salud, educación, asistencia técnica, infraestructura, saneamiento básico, agua potable y asociatividad—.

Que la representación diplomática de Colombia se haya abstenido de apoyar la Declaración es un pésimo mensaje desde el punto de vista político y social para todos los sectores que han propuesto el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos políticos e interlocutores, lo que implica igualdad de condiciones y participación directa en sus proyectos de vida, cultura, conocimientos, costumbres y tradiciones.

Esa abstención podría incentivar la continuidad de los asesinatos sistemáticos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y quienes promueven la sustitución voluntaria de los cultivos de coca.

Debe recordarse que van más de 360 líderes ultimados, uno o dos de ellos mueren violentamente cada día o semana ante la impotencia del Estado para evitarlo y descargar todo el peso de la ley sobre los responsables.

Abstenerse de apoyar la Declaración que reconoce los derechos de los campesinos por parte de la ONU es desconocer los aportes sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales con los que ellos han contribuido históricamente al desarrollo de la sociedad colombiana.

Nuestros campesinos son sujetos políticos que tienen un pasado, un presente y un futuro en la construcción de la paz y de una Colombia democrática, equitativa e incluyente en la que la igualdad y la justicia social serán la razón de sus luchas.

 


*Profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana.

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Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.

 

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