Comisión de la Verdad recibió estremecedor informe sobre despojo de tierras en Urabá

diciembre 04 de 2019

El documento da cuenta de un 'plan criminal' entre agentes del estado y empresarios para llevar a cabo conductas asociadas al desplazamiento forzado. Desde la década de los 80, según los denunciantes, en la región murieron más de 200 personas y otro medio millón debió desplazarse. .

Comisión de la Verdad recibió estremecedor informe sobre despojo de tierras en Urabá

| El principal llamado de las comunidades es que la verdad llegue a sus comunidades y desaparezca la impunidad. | Por: Fundación Forjando Futuros / Corporación Jurídica Libertad


Por: SEMANA RURAL
SemanaRural

En el Parque de Los Encuentros, en Apartadó (Antioquia), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Corporación Jurídica Libertad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Fundación Forjando Futuros presentaron dos extensos informes que bien se pueden resumir en una frase: así fueron las dos décadas de impunidad y violencia en Urabá que no queremos repetir jamás. 

La frase es de Marta Peña, del IPC, quien expuso además una macabra cifra: entre 1996 y 1997, la usurpación del territorio pasó por el asesinato de 226 líderes sociales. También, dijo, más de 2 mil personas desaparecieron sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.

La líder aseguró que a través del paramilitarismo las comunidades fueron obligadas a dejar el territorio finalizando la década de los 90 y después, siguió relatando, empezó a llegar el empresariado a materializar el despojo, un modelo nada improvisado “Todo esto fue dentro de un plan criminal en el que participó el estado colombiano. Usaron el mecanismo de las Convivir”, dijo la vocera.

 

smiley

 

Las comunidades indígenas son de las principales víctimas frente a delitos como el desplazamiento, forzado, masacres y desapariciones. © Forjando Futuros /Corporación Jurídica Libertad

El informe, que fue construido en parte con testimonios de habitantes, sentencias judiciales y otros documentos sobre derechos humanos, sentencia que hasta el año 2002 las tierras abandonadas por las comunidades campesinas, afros e indígenas fueron aseguradas militarmente para desarrollar proyectos económicos a gran escala. Durante el año 2006, dice el informe, el control armado del territorio se consolidó y agronegocios como palma, ganadería y banano se expandieron. 

Desde entonces, sentencia el documento, ha venido ocurriendo una revictimización de las comunidades y se ha instaurado la impunidad para proteger el modelo económico que predomina en la región.


Te puede interesar: Mujeres lideran la restitución de tierras en Colombia


 

Por su parte, Ayineth Pérez, de la Asociación Tierra y Paz, advirtió la situación que están viviendo en estos momentos. “Somos campesinos reclamantes de tierras, con sentencias en mano y el Estado no nos reconoce eso, no pasa nada, sentencias de tres años y no avanzan los procesos”.

Además denunció que nueve líderes reclamantes de tierra fueron detenidos con medida de aseguramiento ante una denuncia de uno de los administradores de una finca en pleito, por presuntamente los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

Según información de la fundación Forjando Futuros, en Urabá se presentaron 6880 solicitudes de restitución, que comprenden 6371 predios y 4159 personas. Aseguran que de todas estas solicitudes a la fecha, los jueces solo han dictado sentencia en 146 casos, que comprenden 232 solicitudes, de los cuales se dio restitución en 195 casos, 25 en compensación y 12 en negación. 
 

smiley

El principal llamado que hizo la comunidad, es que se esclarezcan los hechos de violencia y pueda llegar la verdad y así eliminar la impunidad que denuncian. © Forjando Futuros / Corporación Jurídica Libertad

Así mismo revelaron que en 119 de estos procesos se presentó oposición sin que se probara buena fe exenta de culpa. De los hechos documentados por los reclamantes en la jurisdicción de tierras, 31 por ciento corresponden a abandono de tierras y 24 a despojo entre 1996 y 1997. Además, denunciaron que desde 2008 han sido asesinados 25 reclamantes de tierras.

Entre tanto Héctor Pérez, líder reclamante de tierras pidió que cese la amenaza y persecución a las personas que están al frente de los procesos de reclamación de predios, pidió que el Gobierno les establezca la verdad. “Aquí se nos imposibilita reclamar nuestros derechos porque si pensamos distinto está el tema de que hay que acabar con esa persona, además nos ponen trabas para que podamos reclamar nuestros derechos”, concluyó Pérez.
 

¡Suscríbete!

Y recibe primero una selección de los mejores contenidos y novedades de SEMANA RURAL. Nada de spam, promociones comerciales ni cosas aburridas.

Ingresa el correo que más utilices, gracias por ayudarnos
Al suscribirme, acepto los términos y condiciones y autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme a las finalidades y demás condiciones descritas en la política de tratamiento de datos personales de SEMANA.




¡Comparte!



Foto de perfil del autor del comentario






Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.