Planear el futuro del campo con el tiempo en contra: caso Montes de María

En 2017, el campo colombiano empezó a planear su futuro de cara a los próximos 10 años. En 170 municipios y unas 11.000 veredas del país las comunidades comenzaron a trabajar en la construcción de las hojas de ruta de la inversión en sus territorios durante el posconflicto: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

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El objetivo inicial era dejar listos los 16 planes en mayo. Es decir, el proceso de construcción de los PDET (que contempla tres niveles que van desde el nivel veredal en donde participan principlamente las comunidades hasta el subregional en donde entran en la discusión representantes de los ministerios) debía haber finalizado antes del cambio de gobierno el próximo 7 de agosto. Pero el desarrollo de los planes ha sufrido varios atrasos, y desde la Agencia de Renovación del Territorio (ART) –la entidad al frente del tema– se decidió modificar la meta: en agosto se entregarán 12 planes, en septiembre otros dos, y para los faltantes no hay una fecha precisa. 

Cumplir con la entrega de los PDET –que es uno de los pilares de la Reforma Rural Integral– se convirtió en una verdadera carrera contrarreloj. Por eso, y para entender mejor el proceso, decidimos conocer de cerca cómo avanza uno de los dos PDET de la costa Caribe: el de los Montes de María, una subregión que abarca 15 municipios de Sucre y Bolívar. Allí apenas acaba de terminar la etapa veredal.

 UNA AGENDA PROPIA 

Para los campesinos, indígenas y afros de los Montes de María, el PDET es mucho más que un requisito que llegó con la firma del Acuerdo de paz. Este plan es la oportunidad que estaban esperando para hacer realidad las propuestas que habían plasmado en su propio plan de desarrollo alternativo.

Ese documento, producto de dos años de encuentros entre más de 150 organizaciones comunitarias en diversos puntos de la geografía montemariana, gira en torno a cinco temas:

MEDIO AMBIENTE

De ahí salen muchas de las ideas que ahora intentan llevar al PDET y que tienen como prioridad la consolidación de la economía campesina y la conservación de los recursos naturales. “Estamos tratando de meter esa visión de lo que es el desarrollo para nosotros: el cuidado de las fuentes hídricas, el uso de semillas criollas, la reforestación con especies nativas, y la educación rural” asegura Jairo Barreto, líder de víctimas de Ovejas.

 PRÓXIMO PASO: EL MÁS DESAFIANTE 
 

Esa 'visión del desarrollo' probablemente será motivo de múltiples desencuentros en la próxima fase del proceso, cuando las comunidades deban dialogar con empresarios, representantes del sector público y miembros de organizaciones sociales para definir una visión de desarrollo de forma conjunta.

Barreto plantea dos ejemplos claros en los que, pronostica, será difícil llegar a consensos con el sector privado:

 DIFICULTADES DEL PROCESO 

Aunque solo se ha cumplido la etapa veredal, las comunidades ya han identificado varias dificultades para que fluyan las discusiones. Una de ellas es la falta de claridad sobre la metodología y el poco tiempo para hacer una planeación profunda. “La participación de las comunidades está sujeta a, en un solo día, establecer un diagnóstico y buscar soluciones rápidas sin masticarlo”, explica Miguel Miranda, líder campesino de Zambrano.

Jairo Barreto cuenta que lo más fácil de la asamblea interveredal (en la que participaron 150 representantes de cinco veredas) fue ponerse de acuerdo en las necesidades de infraestructura, especialmente en el tema de vías terciarias. Los desencuentros se dieron con temas más complejos, uno de ellos fue el debate de incluir o no las reparaciones colectivas pendientes para comunidades víctimas.

Como consecuencia, lo que ha ocurrido en ocasiones es que la discusión no ha trascendido a las soluciones estructurales:

“La metodología se queda corta para hacer un análisis en torno a los conflictos territoriales. (…) Terminan en las necesidades inmediatas, como si fuera una lista de mercado: el puesto de salud, la escuela, las vías…”

- Gabriel Urbano, de la Corporación Desarrollo Solidario,
que hace acompañamiento del proceso.

A esto se suman fallas en los enfoques de género, territorial y de víctimas; la incertidumbre política y fiscal; y la falta de claridad sobre cómo se hará veeduría a la implementación. Así lo manifestaron en abril varios representantes de Montes de María, Sur de Córdoba y Sierra Nevada-Perijá, durante un encuentro PDET de la región Caribe.

José Carlos González, el gerente de la ART para el PDET Montes de María, reconoce estos problemas y los atribuye a “la dificultad de poner en marcha toda una nueva arquitectura institucional, sumado a los temas presupuestales y las limitaciones para contratar producto de la Ley de garantías”.

Como propuesta para resolver estos obstáculos, los participantes del encuentro regional presentaron una serie de nueve recomendaciones a la ART y otros tomadores de decisiones. La prueba de fuego para hacer los ajustes necesarios al proceso es precisamente ahora que entra en una corta y difícil recta final.