November 19 de 2018

¿Son necesarias las alianzas entre la agroindustria y la agricultura familiar?

Por: Jaime Forero Álvarez

En su discurso de posesión Iván Duque planteó que su gobierno generará “la armonía vigorosa” entre los agroindustriales y los pequeños productores, lo cual generalmente se traduce en promover alianzas o asociaciones entre ellos.

Aunque estas propuestas están soportadas en algunos pocos casos exitosos, la realidad es que nuestros campesinos siguen trabajando por su propia cuenta, en sus propias fincas, sin alianzas con grandes empresarios. Y eso que son protagonistas del abastecimiento masivo de alimentos a las ciudades y al mercado internacional (aportan más del 80% del café, nuestro principal producto de exportación).

Por otro lado, es innegable el éxito relativo de los pequeños productores de leche, tabaco y cebada, quienes mediante contratos venden su producción a las pasteurizadoras o a las multinacionales del cigarrillo y cerveza.

Se destacan también unos cuantos pequeños productores de hortalizas, frutas, papa y yuca que hacen contratos con procesadoras. También han sido muy debatidas las alianzas de algunos campesinos con las aceiteras para venderles fruto de palma.

Se ha llegado a decir que estos contratos reproducen el tristemente célebre endeude amazónico de los indígenas con las caucheras. Por mi parte, en investigaciones que hemos hecho en el campo, en los departamentos de Magdalena y Santander, he podido constatar que los pequeños obtienen buenas rentabilidades con este negocio.

El Ministerio de Agricultura ha hecho de su Programa de Alianzas Productivas, la más emblemática de sus intervenciones en materia de producción - comercialización. Sin embargo, los resultados son demasiado limitados: después de dos décadas, no más de 40.000 agricultores familiares han sido usuarios de estas alianzas. Representan menos del 2 % de los dos millones de campesinos colombianos que masivamente venden en el mercado abierto, el cual es neurálgico para el abastecimiento alimentario de los hogares colombianos.

En este mercado, al contrario de lo que se cree, y de acuerdo a numerosas investigaciones, los campesinos obtienen sistemáticamente ganancias (aunque pierden a veces) al tiempo que sus productos les llegan a los hogares populares por los canales informales (finca – centrales de abastos – tenderos y “puesteros”) a menos de la mitad del precio al cual venden los supermercados los mismos bienes alimentarios.

Se ha dicho tan insistentemente, que parece ser una verdad incontrovertible, que en la Altillanura la única posibilidad para el pequeño es aliarse con los grandes porque las enormes inversiones requeridas son incosteables por los pobres, y hasta se llegó a legislar, con la reciente ley ZIDRES, para incentivar (y condicionar) estas alianzas.

Pero acudiendo otra vez a nuestras investigaciones (La Salle – Unillanos – Javeriana) ha quedado claro que en esta región los pequeños son exitosos: han implementado por su propia cuenta y con sus propios recursos, sistemas de producción muy diferentes a los de las agro industrias vecinas y altamente rentables.

En conclusión, vincular a los pequeños con los agro industriales, o grandes operadores comerciales, es conveniente en ciertos casos. Pero no puede ser el objetivo central de una política pública dirigida a incentivar la producción y mejorar las condiciones de comercialización de los campesinos. Con su capacidad productiva, su organización empresarial y la forma como mercadean sus productos, el Estado debe ocuparse fundamentalmente del grueso del campesinado que vende en el mercado abierto.

Restringir la política de fomentar alianzas de los pequeños, gerenciadas y tutoriadas por los grandes, al tiempo que obedece a una súper simplificación de la realidad rural, es improcedente e ineficaz. Resulta, además, ofensivo con un campesinado que, como el colombiano, ha demostrado tener una alta eficiencia productiva y económica.

POR JAIME FORERO | @jforeroalvarez

Director del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle. Consultor de ASPROINCA, FAO, Fundación San Isidro, BID, Minagricultura, Minambiente, Acción Social, Banco Mundial, entre otros. 

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