La sustitución va lenta en uno de los municipios donde más se sembró coca

enero 25 de 2019

Los retrasos en los pagos de los subsidios para quienes dejaron de cultivar, las amenazas de seguridad contra los verificadores de la sustitución y el impedimento para comenzar proyectos productivos dentro de un parque natural son los obstáculos de este proceso en Puerto Rico, en el sur del Meta.

La sustitución va lenta en uno de los municipios donde más se sembró coca

| Al cabo de un año, se han presentado inconvenientes con el PNIS en varios municipios que solían ser despensas cocaleras. Puerto Rico es uno de ellos. | Por: César García | SEMANA RURAL


Por: José Puentes Ramos
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La coca en el Meta se ha concentrado históricamente en los pueblos que se levantaron sobre la serranía de La Macarena, en el sur del departamento. La colonización en la Orinoquía, que empezó en la segunda mitad del siglo XX, trajo a campesinos de otras regiones que buscaban tierras desde 1930 impulsados por las políticas agrarias del Estado, según explica el antropólogo y experto en asuntos rurales Darío Fajardo Montaña en el libro ‘Yo le digo una de las cosas… La colonización de la Reserva La Macarena’.

Esta colonización también trajo la violencia política, que se había traslado al campo a partir de los años 40, y los cultivos de uso ilícito a la Orinoquía. De acuerdo a un perfil productivo del municipio de Puerto Rico (Meta), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Trabajo, una parte importante de la población que vive dentro de la serranía comenzó a talar bosque desde la década de los 80 para sembrar coca. Actualmente esa área es un parque nacional natural.

Faustino Pérez nació hace 46 años en la vereda La Esperanza, a dos horas en moto de la cabecera municipal de Puerto Rico, y asegura que siempre ha vivido allí. Está ubicada dentro de terrenos del parque La Macarena y desde joven se dedicó al cultivo de la coca, la principal actividad económica para muchos habitantes de la zona. “Aquí manteníamos con la hoja (de coca). Había buen comercio, teníamos a los niños en el colegio… La coca daba platica. Pero eso iba en el manejo de cada cultivador. Hubo gente que se la gastó en trago”, comenta sentado al lado de una de las casas del 'pueblito', como le llama al centro poblado de su vereda y en donde residen 160 campesinos en viviendas que en su mayoría son hechas con madera y tejas de zinc.

De los 29 municipios del Meta, cuatro concentraron el cultivo de coca entre 2001 y 2015 según un informe del Observatorio de Drogas de Colombia: Mapiripán, La Macarena, Vista Hermosa y Puerto Rico. Los tres últimos quedan en la serranía de La Macarena. Estos pueblos llegaron a sumar 121.782 hectáreas durante esos años. Pero en Puerto Rico se encontraba el mayor número de cultivos: 35.317 hectáreas, que representaban el 29 por ciento de todo el departamento.

“Es que a todos les iba bien con la coca”, resalta Faustino. “Mire, le pongo el ejemplo del ‘raspacho’ (raspachín o recolector de hoja): mensualmente se podía ganar dos o tres millones de pesos. Con eso comía, pagaba la educación de los hijos, daba el vestido y cubría la salud”. Luz Estela Guzmán, otra campesina de la vereda y quien también se dedicó a cultivar coca, coincide en que este negocio fue el único sustento para su familia durante décadas. “Hoy tengo una hija estudiando. Pero ahora, sin la mata, no tengo cómo pagarle las cosas que le piden”.
 

Luz Estela Guzmán se dedicó a cultivar coca en La Esperanza, pero ahora está inscrita al PNIS. ©CÉSAR GARCÍA
 

Faustino Pérez, de 46 años, también trabajó en el cultivo de coca. ©CÉSAR GARCÍA


 

La sustitución

El gobierno desde 2012 comenzó una estrategia integral para acabar con la coca en el Meta, que combinaba acciones como la aspersión aérea de glifosato y la erradicación manual forzosa con programas de desarrollo alternativo. Aunque dio resultado, pues para 2015 se había reducido el número de hectáreas en todo el departamento, seguían existiendo lugares en donde la coca continuaba concentrándose, como la serranía de La Macarena. Ese año se contaron 5.002 hectáreas en los 29 municipios del Meta, de las cuales el 48 por ciento estaban en el parque nacional natural.

Con la creación del Programa Nacional Integral para la Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), que sale del acuerdo de paz entre gobierno y las Farc, campesinos como Faustino y Luz Elena vieron la oportunidad de reemplazar la coca por alguna otra labor legal y que no les represente problemas con grupos armados que controlan este negocio. Además, con la reducción de las hectáreas, ya no era tan rentable como en otros años.

El PNIS en Puerto Rico comenzó en el segundo semestre de 2017 con una serie de reuniones entre el gobierno y las familias vinculadas a la coca (cultivadoras y no cultivadoras pero que, por ejemplo, trabajan como recolectoras de la hoja) para acordar cómo sería la sustitución. El compromiso fue que los campesinos se inscribirían al PNIS y recibirían los beneficios a cambio de abandonar las siembras.

El programa contempla una serie de subsidios: a cada familia cultivadora se le paga un millón de pesos por 12 meses para que adelante tareas de la sustitución, como la preparación de las tierras para siembras legales; 1.800.000 pesos por una sola vez para implementar proyectos de seguridad alimentaria; 9 millones de pesos para inversión en un proyecto de ciclo corto y que genere ingresos rápidos; y tendrá acceso a 10 millones de pesos para proyectos productivos que les garantice la subsistencia. Además, los recolectores reciben un millón de pesos por un año, siempre y cuando se comprometan en actividades de interés comunitario.

A los campesinos de Puerto Rico se les prometió el desmbolso de 2 millones de pesos cada dos meses y el apoyo en la creación de negocios lícitos. De hecho, el primer desembolso se hizo el 21 de diciembre del 2017. Pero al cabo de un año se han presentado inconvenientes con el PNIS a causa de retrasos en los pagos acordados, problemas de seguridad y el lento impulso a proyectos productivos.
 

 

VIDEO | La Esperanza: vivir y cultivar coca en un Parque Natural.

POR: César García | Editor audiovisual

Pagos retrasados


De acuerdo a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI), adscrita a Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, en Puerto Rico hay 939 familias cultivadoras y no cultivadoras inscritas al PNIS. Para el primer pago, los campesinos ya habían arrancado las matas de coca o abandonado los cultivos para que la fuerza pública los destruyera. Pero con el segundo pago empezaron los inconvenientes en el programa. Luz Estela señala que a unas familias se les dio el dinero y a otras no, lo que generó malestar en quienes se acogieron al programa. Faustino, por su parte, afirma que se cumplió con tres pagos, pero que a partir de agosto de 2018 se frenaron.

Una fuente del DSCI le contó a SEMANA RURAL que los atrasos en los pagos se debieron a un proceso de revisión de los documentos presentados por los campesinos debido a que se detectaron irregularidades. Por un lado, en la información del PNIS aparecían beneficiados que en realidad tenían otras actividades, no estaban sustituyendo y sí cobraban los subsidios del programa. Por otro lado, había inconsistencias en los datos que dieron y no concordaban con las bases del Sisben, por ejemplo.

Pero Faustino cree que los incumplimientos del PNIS obedecen a la falta de verificación de las hectáreas sustituidas.
 


«La misión de Naciones Unidas (ONU) venía a verificar, pero nosotros no nos comprometimos en brindarle seguridad porque los grupos al margen de la ley podrían considerarla objetivo militar. Si nos agarran a uno de los miembros de esa comisión nos metemos en un problema. Por eso no verificaron y creo que esa la razón del incumplimiento».

FAUSTINO PÉREZ


 

En Puerto Rico se cultivó entre 2001 y 2015 el 29 por ciento de coca del Meta. ©CÉSAR GARCÍA

 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la dependencia de la ONU encargada de verificar si los cultivadores están sustituyendo o no. SEMANA RURAL consultó con su sede en Colombia si hay problemas de seguridad para el equipo que hace esta labor en Puerto Rico. En febrero de 2018 se suspendieron las tareas de verificación por intimidaciones a líderes sociales y beneficiarios del PNIS.
 


En septiembre se reanudaron, pero se alcanzó a revisar en el 58 por ciento (281 hectáreas) del área donde se lleva a cabo la sustitución. Al territorio restante no se ingresó porque persistía el riesgo de seguridad para los funcionarios de UNODC.

Pero Puerto Rico no es el único pueblo con el PNIS donde el equipo de UNODC tiene amenazas de seguridad. Según el informe número 15 de Monitoreo y verificación de compromisos de Sustitución de Cultivos Ilícitos, con corte a 30 de noviembre de 2018, desde diciembre de 2017 se presentaron incidentes en 17 municipios, ubicados en 7 de los 14 departamentos intervenidos.

Sobre el caso de Puerto Rico, con otra fuente del gobierno pudimos establecer que la amenaza de seguridad en este rincón del Meta obedece al interés de narcotraficantes del departamento por mantener el negocio en uno de los municipios del país donde más se sembró coca. “Ellos quieren sabotear el programa”.

Sin la verificación, el gobierno se retrasa en el desembolso de los dineros para los campesinos.

Un cultivo de sacha inchi en la vereda La Esperanza. Esta especie nativa podría ser una opción para las familias que sustituyeron. ©CÉSAR GARCÍA


 

Vivir en el parque, un problema


Otro problema que viene presentando el PNIS en Puerto Rico es el retraso de la puesta en marcha de los proyectos productivos, los cuales generarían recursos para las familias que sustituyeron. Aunque esta situación se repite en muchos de los municipios donde se adelanta el programa, aquí ocurre algo particular: quienes viven en terrenos del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena no puede dedicarse a cultivos lícitos o tampoco a la ganadería, pues se encuentran en una zona ambiental protegida.

El decreto presidencial 622 de 1977 prohíbe adelantar actividades agropecuarias en áreas de conservación ambiental, como La Macarena. Esto plantea una pregunta entre las familias que sustituyeron: si ya no pueden vivir de la coca, pero tampoco de la siembra de plátano, cacao, yuca o café (cultivos que se dan en el territorio), ¿cómo subsistirán?
 


«Aquí vinieron los de Parques Nacionales Naturales y nos propusieron mirar pájaros, flores o abejas. Pero eso nos da plata. Aquí sirve que nos dejen sembrar el cacao, el maíz, la yuca…»

 

LUZ ESTELA GÚZMAN



Consultamos con Parque Nacionales Naturales y la entidad aseguró que se reunió con los campesinos de La Esperanza el 26 de septiembre de 2017. Ese día se debatió cuáles son las alternativas productivas para los habitantes de esta zona.

En octubre del año pasado se firmaron 26 acuerdos de Restauración Ecológica Participa (Rep) en municipios que tienen áreas dentro de La Macarena, como San Juan de Arama, Vista Hermosa y Puerto Rico. Los campesinos se comprometieron a defender este ecosistema de la tala y las quemas, mientras que Parques acordó ofrecer acompañamiento técnico para que las familias generen proyectos de conservación. Algunos de ellos son la siembra de especies vegetales nativas de la Orinoquía que se pueden transformar en alimentos, como el camu camu, el açai y el sacha inchi; y la crianza de abejas sin aguijón para la producción de miel y la polinización (meliponicultura).

Pero en La Esperanza estos proyectos apenas arrancan y aún no generan recursos para que quienes sustituyeron paguen el mercado cada mes o le brinden educación a sus hijos, como lo hacían con la plata que les dejaba la coca. Un habitante de la vereda tiene unos cultivos de sacha inchi a menos de un kilómetro del centro poblado. Sabe que por el aceite que se extrae de los frutos de esta planta pagan bien fuera del país, por eso espera que el gobierno dé facilidades para sacar el producto de la vereda y comercializarlo. “Nosotros no queremos salir de esto y meternos, otra vez, en los ilícitos”.

 

El decreto presidencial 622 de 1977 prohíbe adelantar actividades agropecuarias en áreas de conservación ambiental, como La Macarena. ©CÉSAR GARCÍA


 

Dudas sobre el PNIS


El DSCI le confirmó a SEMANA RURAL que los pagos se reanudaron desde el 23 de enero de este año. 515 familias excultivadoras recibirán los dos millones de pesos acordados. Pero 424 que también están inscritas en el PNIS resultaron suspendidas por varias razones: no sustituyeron (175), sustituyeron parcialmente (45), no asistieron a la verificación (15), no se les pudo verificar por riesgos de seguridad (162) o tiene documentación pendiente por entregar (27).

Faustino, Luz Elena y los demás campesinos de La Esperanza vinculados al programa tienen posición clara: no volver a la coca. Son conscientes de que el narcotráfico trae violencia y daños ambientales a la región. Sin embargo, no descartan la posibilidad de regresar si el gobierno continúa incumpliendo lo pactado.

“Para nosotros, la coca es una esclavitud. Los que cogen las millonadas de plata son la gente de otros países, que venden un kilo -de cocaína- por muchos millones. Aquí nos toca de a uno o dos millones. Pero es que no tendríamos otra opción”, cuenta Faustino, convencido del daño que hacen los cultivos de uso ilícito, pero con dudas sobre si la sustitución funciona.
 


POR: José Puentes Ramos | Editor regional

@josedapuentes


 

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Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.