Carolina Sánchez defiende los derechos de los campesinos y  la educación de los jóvenes, lucha contra la violencia hacia la mujer y protege los recursos naturales del Cauca. Detrás de todas estas causas hay un solo propósito:  dejarle un país mejor a las futuras generaciones. 

Esta es la última entrega de Voces a prueba de balas, una campaña del programa Somos Defensores para proteger a los líderes sociales a través de la difusión de sus historias.

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« Desde el 2008 comencé a luchar por el acceso a la educación superior, ya que muchos de los jóvenes caucanos y payaneses que nos graduábamos del colegio teníamos complicaciones para ingresar a la universidad. Pero descubrimos que no era el único problema y comenzamos a trabajar por los derechos humanos y especialmente por los campesinos. Me vinculé a la Organización para el desarrollo urbano y campesino (Ordeurca), donde forjé mi espíritu de liderazgo y continué luchando por la vida digna.

En un momento pensé en ingresar a la universidad, pero en el camino me di cuenta de que los pobres éramos los más vulnerables de la sociedad, y entendí que debía luchar para que tuviéramos una vida digna. Eso significaba poder tener una casa, acceder a la educación superior y a servicios públicos de calidad.

En el camino encontré apoyo de muchos jóvenes de la ciudad y del campo. Creamos un grupo de danzas llamado ‘Raíces campesinas’ para recuperar las costumbres y desde ahí luchar por la defensa de los ríos y recursos naturales.

También trabajamos para que los campesinos puedan vender sus productos a un precio justo y por el acceso a las tierras, sobre todo en municipios como Sotará, Timbío y Cajibío en el  Cauca, donde muchos viven en fincas pequeñas porque las multinacionales están ocupando todo el territorio.
 

Desde Ordeurca nos reunimos con los jóvenes para conocer la historia de Colombia y pensar entre todos cómo hacer un cambio en el país. Tenemos una casa en Sotará, donde funciona la organización y las escuelas de formación para los niños y jóvenes.

Aunque no he sido amenazada personalmente, nuestra organización sí ha sido perseguida. En 2018, en dos ocasiones, un grupo de uniformados con prendas de uso militar entraron y salieron de la finca abruptamente, sin decir quiénes eran o por qué venían. Recogimos las placas de la camioneta y denunciamos en los diferentes entes de control, pero solo tuvimos respuesta de la Defensoría del Pueblo, quienes emitieron una alerta temprana para nuestra organización y para la zona.

Creo que, más allá del miedo por las amenazas, lo importante es haber hecho algo para transformar este país, sobre todo por los niños. Ellos merecen nacer y vivir en un territorio tranquilo. Por eso defendemos  lo que creemos que es más importante: más vale el agua que un gramo de oro; más vale sembrar maíz y frijol, que unos pinos y o eucaliptos. 

Por eso seguiremos luchando para dejarles a nuestros niños un país digno, sin miedo ni guerras. Por un lugar donde puedan ir a estudiar sin miedo a que estalle una mina en el camino, y donde los jóvenes no tengan que cargar un fusil ni mucho menos ir obligados a la guerra. Un país donde ser líder social no sea un delito y no se acallen las voces de los que gritamos las injusticias».

  Una iniciativa del programa Somos Defensores