Voces a prueba de balas: Marta Rojas y el costo de ser líder comunal

febrero 14 de 2019

Esta comerciante ha sido perseguida y atacada por alejar de las drogas a los niños de su barrio a través del fútbol.

Voces a prueba de balas: Marta Rojas y el costo de ser líder comunal

| Rojas vivió un año exiliada en España. A su regreso, según cuenta, las amenazas continuaron y el Estado le ha negado la protección. | Por: Somos Defensores


Por: Voces a prueba de balas


Marta Rojas carga en su cuerpo con las cicatrices de lo caro que le ha costado luchar por su comunidad. Cuando empezó a trabajar como líder en La Tebaida, Quindío, no sospechó que recuperar canchas de fútbol y organizar torneos con los niños pudiera detonar una larga persecusión contra ella y su familia.

Luego de un año de exilio, Marta vive sola, amenazada y sin protección. A pesar de su difícil situación personal, no deja de preocuparle el hecho de que su barrio permanezca sin junta de acción comunal.

Esta es la octava entrega de Voces a prueba de balas, una campaña del programa Somos Defensores para proteger a los líderes sociales a través de la difusión de sus historias.


 

Marta Rojas cuenta en un minuto cómo su vida terminó en riesgo. © SOMOS DEFENSORES. 


 

«Mi liderazgo empezó el 25 de enero de 1999 con el terremoto que sacudió a Quindío y tumbó nuestras casas en el municipio de La Tebaida. Durante un año vivimos en alojamientos temporales; ahí yo gestionaba la comida, el agua, la ropa para los niños. Luego nos construyeron unas casas en mal estado, el ingeniero las hizo como por salir ligero de eso. Cada vez que llovía nos inundábamos y salían aguas negras por los lavamanos.

A ese nuevo barrio lo bautizamos Oasis de vida. Con mi esposo monté un negocio de Internet y una tienda, con eso manteníamos nuestros tres hijos y un sobrino. Creamos una junta de acción comunal, de la que me eligieron presidenta. Conseguimos el alumbrado público, el alcantarillado y la pavimentación de calles.

En 2013 el Alcalde de La Tebaida nos encomendó una tarea a los líderes de las JAC: recuperar las canchas deportivas, que estaban invadidas con cultivos de plátano, café y yuca. O eso creíamos. Les pedimos a los dueños que dejaran de cultivar ahí porque necesitábamos recuperar los espacios para los jóvenes. Se enojaron muchísimo, nos trataron mal y encendieron mi casa a plomo.

Al día siguiente le conté al Alcalde lo que había pasado y mandó unas volquetas para despejar eso a la fuerza. En ese operativo, donde también participó la Policía, encontraron que además de yuca y plátano, había armas y droga. No capturaron a nadie pero eran grupos de delincuencia común en conexión con las Águilas Negras.

 

 

“Perseguían a mis hijos”

Desde entonces las represalias empeoraron. Los panfletos que metían por debajo de la puerta eran lo de menos. Para mi hija se volvió un trauma ir al colegio porque en el camino la perseguían, la golpeaban, le robaban los cuadernos y los zapatos. A mis niños también me los robaban para golpearlos, mientras que a un sobrinito de 11 años a mi cargo lo pusieron a vender droga.

Cuando le conté a mi hermano lo que estaban haciendo con su hijo, tuvo un altercado con la persona que lo estaba obligando a vender droga. Lo amenazaron y se tuvo que ir a Manizales, donde lo apuñalaron y duró un mes en coma hasta que murió. Ni siquiera en el entierro nos dejaron tranquilos: se me acercaron a decirme que, si seguía en la JAC, iba a ser la próxima.

A pesar de todo ese ambiente seguí trabajando en la Junta. Otro líder y yo creamos equipos de fútbol con niños que rescatamos de la drogadicción. Eso fue una amenaza muy grande para los grupos de delincuencia porque ya los niños no querían estar vendiendo droga sino jugando fútbol.

 


Una tarde vino un niño de 15 años a decirme que le habían dado un millón de pesos para matarme pero que no era capaz. Me advirtió que si él no lo hacía, lo mataban a él y de todas maneras iban a mandar a otro. Me pidió que me fuera pero no le hice caso. Lo mataron a él.


 

“Quedé inconsciente en el cafetal”

En 2015 se metieron dos encapuchados a mi casa y me dieron 24 horas para renunciar a la Junta e irme. Nos fuimos a vivir a Armenia durante un año; como ya no teníamos negocio, me fui a trabajar a los cultivos de café. Desde allá yo seguía gestionando cosas para mi comunidad, sobre todo los uniformes y los balones para los niños.

Un día mandé a mi hija a la galería a hacer mercado y allá la encontraron, la apuñalaron y la obligaron a decir dónde estábamos viviendo y trabajando.

Fueron a buscarme al trabajo, me esperaron a la salida y viví un episodio horrible: me golpearon, me cortaron el cabello, me violaron y quedé inconsciente en ese cafetal. Cuando desperté era medianoche y me fui para mi casa como pude. Al día siguiente fui a la Defensoría del Pueblo y me ellos acompañaron a la Fiscalía a hacer la denuncia. Fue en vano, no pasó nada.

Finalizando 2016 me quemaron con ácido. Por medio de la Defensoría consiguieron que la Unidad Nacional de Protección me diera un esquema de seguridad: un teléfono sin minutos, un chaleco antibalas y un escolta a quien me tocaba pagarle el transporte. La UNP me prometió un subsidio de transporte pero nunca llegó y me gané una demanda del señor que nos transportaba por esa deuda. Tuve que vender mi casa en La Tebaida para pagarle.

 

 

Cuatro meses después del ataque con ácido, cuando ya se me iban acabando las fuerzas, Amnistía Internacional me sacó del país y me protegió en Valencia, España, durante un año. Allá pude recuperarme con tratamientos sicológicos y ayuda económica.

Cuando volví a Colombia me encontré con que mi caso estaba cerrado, además las amenazas por teléfono y panfletos regresaron.  A La Tebaida y Armenia no he vuelto, me da mucho miedo.

La relación con mi esposo se destruyó después de todo esto y ahora vivo sola, asustada y desprotegida. Hace 15 días me hicieron un estudio de riesgo para evaluar si me dan un esquema de protección y me dicen que no soy apta porque ya no hago parte de ninguna organización.

No se justifica que por querer formar un equipo de fútbol uno tenga que pasar por todo esto». 


 

Una iniciativa del programa Somos Defensores

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Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.