Tres años después, la implementación del Acuerdo de Paz marcha a paso lento

junio 17 de 2020

Un informe del Instituto Kroc indica que, entre diciembre de 2018 y noviembre del 2019, apenas se avanzó el 6 por ciento.

Tres años después, la implementación del Acuerdo de Paz marcha a paso lento

| | Por: Cesar García


Por: Ángela María Agudelo Urrego
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El pasado martes, el Instituto Kroc publicó el informe “Tres años después de la firma del Acuerdo de Paz de Colombia hacia la transformación territorial”, un documento que analiza su desarrollo entre diciembre del 2018 hasta noviembre del 2019. De igual manera, es un análisis cuantitativo y cualitativo de los 578 compromisos que contiene el acuerdo, así como sus avances y asuntos pendientes.

 

Si bien la implementación del Acuerdo continúa, el documento reconoce que lo hace a un menor ritmo que en años pasados. Aparte de algunas razones específicas e independientes de cada punto, también se debe a los objetivos a corto, mediano y largo plazo. En cuanto a los primeros, en su mayoría se han cumplido, mientras que los de mediano plazo requieren más tiempo y han sido afectados por retrasos de las reformas normativas necesarias. Esto se deriva en una preocupación: que la ejecución de las metas a mediano plazo afecten las del largo plazo y la sostenibilidad de la paz. 

 


«Todo retraso o avance parcial en temas puntuales como la Reforma Rural Integral, la reforma política o la aprobación de proyectos productivos impacta, en general, la implementación del Acuerdo»


 

Según el Instituto, el 88% de los compromisos está enfocado en reformas y compromisos sociales. Para su cumplimiento, considera que es necesario ejecutar los deberes pendientes e invertir más tiempo y recursos, con el objetivo de sentar las bases de una paz duradera y sostenible. 

 

Punto 1: Reforma Rural Integral

Durante el último año, los avances más notorios han sido los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el catastro multipropósito. Ambos están incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno.

Respecto al Catastro, el informe menciona el piloto realizado en Ovejas (Sucre), que articula el ordenamiento de la propiedad y la actualización de los datos del municipio. “El catastro multipropósito representa una oportunidad de modernizar y fortalecer el Estado desde lo local y en el largo plazo, especialmente en los lugares donde éste es más débil”, dice el documento. Además, su implementación haría más viable el cumplimiento de los PDET.

Sobre el trabajo y la definición de estos municipios, uno de sus mayores logros ha sido reconocer a las comunidades y organizaciones sociales que se encuentran en estas zonas. Este ejercicio también ha servido para medir y construir confianza en el Estado e implementar herramientas como la Hoja de Ruta Unificada. Otra buena experiencia fue la contratación de las organizaciones sociales, tanto de mujeres como Juntas de Acción Comunal, para asegurar y “promover una participación con sentido de pertenencia y confianza”.

 

Sin embargo, ciertos compromisos no tienen el mismo desarrollo y aún están pendientes. Los principales son los relacionados con el acceso a la tierra y los Planes Nacionales. El informe también menciona otros, como la distribución de tierras por parte de la ANT y la comunicación constante con los organismos que realizan veedurías ciudadanas.

 

Punto 2: Participación Política

La mayoría de los avances en este punto están relacionados con el inicio de la implementación de nuevas disposiciones: espacios de consulta pública del Plan Nacional de Desarrollo (PND), elecciones locales y acciones misionales de ministerios u otras entidades. El documento reconoce que, en su mayoría, los triunfos de este punto son técnicos (mejoramiento de software, creación de franjas específicas de radio…)

 

No obstante, el informe reitera que los espacios para garantizar la participación efectiva y la democracia no han avanzado.“Su implementación se encuentra en un momento crítico, ya que está pasando de las disposiciones técnicas a las reformas estructurales de la democracia”, cita el instituto Kroc. Por eso, incluye el poco avance de las reformas democráticas estructurales y la nulidad de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que finalmente no fueron aprobadas.

Otro tipo de disposiciones cobraron más importancia. Tal fue el caso de los compromisos relacionados con la protesta y la movilización, importante para establecer un diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno.

 

Punto 3: Fin del conflicto

Este uno de los puntos con mayores avances durante los primeros años de implementación, por tratarse de objetivos a corto plazo.

Dentro de los avances, Kroc identifica un progreso en la reincorporación económica de los exintegrantes de las FARC-EP, en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT), en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y el trabajo de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (INPEP). También destaca la participación del partido Fuerza Alternativa y la acreditación de los excombatientes en proyectos académicos y productivos.

 

A la par, y entre los aspectos a mejorar, incluye las medidas de acción contra las minas antipersonales y la seguridad a los reincorporados. En total, ocurrieron 77 asesinatos en el 2019, un aumento del 18,5% frente al 2018. Las cifras, entendidas como un incumplimiento de los Acuerdos, ha derivado en nuevos grupos o disidencias que configuran otro reto para terminar el conflicto.

Otro desafío presente en este punto es el acceso a la tierra. De 24 ETCR, 19 permanecerán en su lugar actual, mientras que los 5 restantes serán trasladados. Sin embargo, la ARN ha respaldado y aprobado varios proyectos colectivos e individuales a favor de los reincorporados.

 

Punto 4: Solución al problema de las drogas ilícitas

El cese temporal del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) provocó una desaceleración en la implementación de este punto, relacionado con el punto 1.

A pesar de que el PNIS se creó para promover la sustitución y mejorar la calidad de vida en las zonas con estos cultivos, se enfrenta a la desconfianza de líderes y lideresas del Programa. Los representantes mencionaron retrasos en la implementación, estigmatización, incertidumbre por las reglas del PNIS y sentimiento de exclusión y suspensión injusta de algunas familias.

 

Además de esto, el miedo y la violencia contra los integrantes del Programa limita su participación. Con ayuda de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), el Instituto expuso que entre mayo y enero del 2020, 56 líderes y 29 participantes del PNIS fueron asesinados”.

 

Punto 5: Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

El Instituto Kroc destaca que este es otro de los puntos que más avanzó durante el último año, debido a la voluntad, autonomía e independencia de las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR). Agrega la participación de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), como entes de apoyo para la víctimas.

 

El esfuerzo de estas instituciones ha permitido crear y afianzar los lazos de confianza con la comunidad. Su trabajo, con enfoque diferencial y étnico, ha permitido un diálogo constante con los involucrados y la entrega de informes esenciales para el cumplimiento del Acuerdo. Las Casas de la Verdad, la Comisión de Participación y otras labores de relacionamiento impartidas son algunos casos de éxito.

 

En contraste, menciona la demora en la sanción de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los pocos avances en la política integral de reparación y en la articulación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral (SNARIV). Esto le ahorraría a las víctimas varios procesos dispendiosos que truncan la reparación integral, consignada en la Ley 1448 de 2011.

 

Punto 6: Implementación, Verificación y Refrendación

El mayor avance de este punto obedece al primer año de implementación. Es decir, durante el año en estudio, el ritmo de trabajo y desarrollo disminuyó. El instituto señaló que el 2019 no fue una oportunidad para que las Farc y el Gobierno llegaran a un consenso en varios aspectos: seguridad de los reincorporados, agenda normativa de implementación, seguimiento de los bienes entregados por la Fuerza, entre otros. 

 

Por otro lado, aseguró la participación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI), la Instancia Especial de Género y los notables como parte del Componente Internacional de Verificación (CIV) y otros entes que incluye el Acuerdo Final.

 

En cuanto a la implementación, hay un desafío con los enfoques de género y étnico, que presentan un retraso notorio: "De las 130 estipulaciones de enfoque de género, solo el 9% está implementado, frente a un 25% de compromiso finalizados del Acuerdo. En cuanto a la brecha étnica, de las 80 estipulaciones con enfoque étnico, solo el 10% están totalmente implementadas, frente a un 25% de compromiso finalizados del Acuerdo"

 

Si quiere consultar el informe completo, puede hacer click aquí.

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