enero 20 de 2021

Una mirada a la educación superior rural en Colombia en tiempos de Covid-19

Por: Santiago Satizabal

Desde marzo del año 2020, con la emergencia propiciada por la pandemia de la COVID 19 mucho se ha discutido sobre los cambios que impondrá en la estructura actual de la educación superior respecto a la virtualidad mediante el uso expansivo de plataformas de teleconferencias, la “semi-presencialidad”, entre otras modalidades. No obstante, Luis Ángel Vargas, el joven rural que recientemente obtuvo un puntaje perfecto en las pruebas Saber 11 en Puerto Asís (Meta), vuelve a poner sobre la mesa un desafío aún no resuelto que antecede a la emergencia de la COVID-19: el abandono y el rezago de los territorios rurales frente al acceso a la educación superior en Colombia. El acceso a la educación superior por parte de territorios rurales -a pesar de la esperanza que traen los casos como el de Luis Ángel- está en cuidados intensivos desde mucho antes de que la pandemia llegará al país.

Importantes avances se han logrado a través de iniciativas como las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED). Sin embargo, según datos del Ministerio de Educación y partiendo de las categorías de ruralidad establecidas por la Misión para la Transformación del Campo, las ciudades principales del país y los municipios que hacen parte de sus aglomeraciones tienen una tasa de tránsito a la educación superior (43.7% promedio 2015-2017) mucho mayor a la de municipios Intermedios (32%), Rurales (29%), y Rurales dispersos (27%).

Distintos factores pueden explicar estas diferencias. Desde la oferta, la existencia de economías a escala hace que sea más fácil aumentar la prestación del servicio en lugares donde ya existe cierta capacidad instalada (infraestructura, capital humano, etc.), que coinciden con ser los municipios que tienen mayores tasas de tránsito. Desde la demanda, en estos territorios, los estudiantes viven en hogares con mejores ingresos y condiciones de vida, con más acceso al crédito y a un mercado laboral diversificado. 

En la Ilustración 1 podemos ver una tendencia espacial entre los territorios del centro del país, donde se ubican gran parte de las ciudades y aglomeraciones y municipios intermedios. En ello se observan mayores tasas de tránsito según datos del Ministerio de Educación (2017) y menor incidencia de la pobreza multidimensional, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (2018). 

Esto evidencia ese patrón espacial de “centro-periferia” tan mencionado en Colombia en el cual, frente a los territorios centrales (región Andina y la Caribe costera), los “periféricos” (Región Pacífica; Orinoquía; Amazonía; Caribe no costera y La Alta Guajira) presentan peores condiciones en términos de varios indicadores sociales y económicos, que pueden afectar las trayectorias educativas de los jóvenes (la cobertura de educación media, puntaje pruebas Saber 11, la presencia de programas, entre otro). Los impactos de la COVID-19 pueden exacerbar aún más estas diferencias estructurales.
 

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Ilustración 1


Por ejemplo, la conectividad a internet es más necesaria ahora y, si bien la penetración de banda ancha fija es generalmente baja, lo es más para los territorios rurales. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, sin contar las capitales departamentales, en 2018, para las ciudades y aglomeraciones, la cobertura de internet era de 38.02% en promedio. En municipios Intermedios esta cobertura era solo de 14.07%, para rurales de 7.96% y para rurales dispersos de 5.19%. 

No quisiera detenerme a explicar los efectos de estos factores en la cobertura y la tasa de tránsito a la educación superior, pero el contexto actual requiere una acción contundente que, además de remediar las diferencias estructurales entre los territorios urbanos y rurales, sea capaz también de lidiar con los nuevos retos surgidos con la COVID-19 frente a la educación superior rural en Colombia.

Específicamente, frente a la cobertura de internet, un gran paso se ha dado con la continuidad de los Kioscos Vive Digital (KVD) y con el reciente CONPES 4001 (Acceso Universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en zonas rurales y apartadas) mediante el cual se propone ampliar la cobertura de internet a cerca de 10 mil centros poblados del país poniendo a disposición soluciones de acceso comunitario localizadas en lugares públicos como Instituciones educativas o puestos de salud.

En esa misma línea, para abordar de manera más general los retos de la educación superior rural y desmontar el modelo “centro-periferia”, una primera acción puede estar encaminada a poner la lupa en algunos municipios intermedios y rurales que podrían ser apoyo para otros más retirados y pequeños. Municipios como San Marcos en Sucre, Granada en Meta, Fundación en Magdalena, Segovia y Necoclí en Antioquia, San Agustín en Huila o San José del Guaviare en Guaviare son apenas algunos ejemplos de lugares donde se podría realizar un esfuerzo mayor para brindar una mayor y mejor oferta para la educación superior y de esta manera ofrecer más posibilidades de desarrollo a los jóvenes rurales facilitando su tránsito a la educación superior. 


Santiago es magister en Economía e investigador de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.


 


Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.


 

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