La ley 160 de 1994, que permite la creación las Zonas de Reserva Campesina – ZRC, se propuso mediante esta figura jurídica proteger a los campesinos del despojo de tierras y normalizar sus derechos de propiedad, en territorios en donde muy pocas personas tienen escrituras debidamente legalizadas. Pero más allá de la formalización de la propiedad, las ZRC constituyen proyectos campesinos de desarrollo rural y humano viabilizados por medio de la concertación con los organismos del Estado. 

Paradójicamente, los gobiernos han sido alérgicos a la implementación de las ZRC las cuales constituyen un pilar de las políticas de Estado para el campo. En efecto, estas zonas son claves para la estabilización de la población y la producción rural, la sustitución de cultivos ilícitos y la dotación a los productores de derechos de propiedad y de seguridad jurídica. Asimismo, para generar presencia y acciones de los entes gubernamentales en territorios con una extrema debilidad institucional.

Al leer la muy exhaustiva y juiciosa evaluación que hicieron la FAO y la Agencia Nacional de Tierras sobre estas zonas, es claro que no hubo suficiente voluntad política para lograr lo que se esperaba. Inclusive, en el segundo gobierno de Santos, el cual se comprometió a profundizar la implementación en las seis zonas constituidas, y a sacar adelante por lo menos otras siete delimitadas, faltaron recursos y coordinación institucional.

(“Las zonas de reserva campesina retos y experiencias significativas en su implementación”, un libro de 545 páginas de agosto / 2108 disponible gratuitamente en Internet). 

Algunos detractores (incluidos ministros de Agricultura y de Defensa) han argumentado que las ZRC son una especie de "republiquetas independientes". Por otra parte, se esgrime un argumento económico y jurídico según el cual estas zonas son un espacio vedado para el ejercicio de la libre iniciativa empresarial. 

Esto último es relativamente cierto porque se trata precisamente de proteger las fincas de los campesinos, con el fin de que sean ellos mismos los que desarrollen, con el concurso del gobierno, sus propias iniciativas empresariales sin que exista la posibilidad de que los inversionistas compren y acumulen allí tierras y desarrollen cultivos o ganaderías a gran escala. 

Pero lo que sí pueden hacer los empresarios es aliarse con los campesinos para comprarles sus cosechas y comercializarlas o transformarlas agroindustrialmente. Y en últimas, si los asociados lo desean, pueden disolver la ZRC. Es obvio que, como se dijo, se trata de estabilizar la producción campesina y la  población rural, de acuerdo con una política de Estado.

Volviendo a lo de las “republiquetas independientes”, se puede entender el temor a que las ZRC se conviertan en una especie de focos subversivos por fuera de la legalidad vigente. Pero lo que va a suceder, y está sucediendo claramente, es todo lo contrario. 

En la medida en que se saquen adelante los proyectos productivos y sociales, con una decidida, inteligente y eficaz acción estatal, los productores y los hogares rurales de estas zonas van a tener la posibilidad de integrarse a la economía y a la sociedad nacional, superando el marginamiento al que han sido sometidos. 

Lejos de ser un problema para el gobierno de Duque, las ZRC constituyen para la actual administración, una magnífica oportunidad de expandir el Estado y la ciudadanía a territorios en donde, por la desidia del estado mismo y por el dominio despótico de actores violentos, la sociedad rural ha sido sometida a la marginación.
 

POR JAIME FORERO | @jforeroalvarez

Director del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle. Consultor de ASPROINCA, FAO, Fundación San Isidro, BID, Minagricultura, Minambiente, Acción Social, Banco Mundial, entre otros. 

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