Más de 200 indígenas amorúa, sikuani y sáliba, víctimas de la violencia, desplazamiento forzado y despojo de tierras, fueron declarados como dueños colectivos de 1.300 hectáreas en una zona rural de Puerto Carreño, la cual será constituida como resguardo. Este es el primer caso de restitución a favor de las comunidades étnicas del Vichada.
